Las perspectivas del sector energético en México
Frente a la actual perspectiva energética, es preciso aumentar significativamente las inversiones en exploración para efectivamente incorporar los últimos descubrimientos a la reserva probada, pues los rezagos en esta actividad han provocado que la reposición de reservas se sitúe en nuestro país en promedios de 40 por ciento, cuando la media internacional, correspondiente a un manejo responsable de las reservas, es de 80 por ciento.
Al respecto debe destacarse, por cierto, que el desarrollo de la frontera petrolera del país se ha mantenido estancado desde hace 25 años y que la nueva frontera petrolera se ubica en aguas profundas del Golfo de México -y aunque no es la única, pues los yacimientos de Chicontepec forman un complejo importante-, su aprovechamiento obliga a efectuar trabajos en el mar a profundidades mayores a los mil metros de tirante de agua, como los lleva a cabo ya Petróleos Mexicanos, cuyos costos se multiplican varias veces en comparación con los que se realizan, por ejemplo, en aguas someras de la costa de Campeche.
Estos trabajos adquieren un carácter estratégico si además se toma en cuenta que empresas estadunidenses llevan a cabo, desde hace años, perforaciones en la zona norte del Golfo de México y en el pasado septiembre anunciaron hallazgos importantes en aguas cada vez más cercanas a la soberanía mexicana -en este caso a grandes profundidades- y también porque en el año 2010 vence la moratoria acordada con Estados Unidos respecto a la exploración y explotación de la zona conocida como Hoyos de dona.
En el caso del gas, la demanda se ha disparado hasta hacer que su importación represente una quinta parte del consumo total del país, con precios que se han multiplicado, afectando con ello a las industrias que dependen de ese energético. Por otro lado, existen estimaciones de que México cuenta con importantes reservas, suficientes para garantizar su abasto interno. La rentabilidad de esta actividad debe conducir a reorganizar estructuralmente a Pemex para establecer una estrategia de financiamiento que lleve, de manera urgente, a aumentar la producción de gas natural, desarrollando las potencialidades del país en este campo.
Es indispensable también ampliar la capacidad de refinación para reducir hasta eliminar las importaciones de productos destilados, cuyo costo asciende ya anualmente a más de 10 mil millones de dólares. Además, la capacidad de refinación que se requiere construir debe ser diseñada para vincularse con la generación de electricidad mediante la cogeneración. Para esos efectos y para dar una utilización más completa a nuestros hidrocarburos y considerando que el petróleo mexicano tiene un alto contenido de azufre, se debe promover la utilización, para generación de electricidad, de combustibles alternativos al gas natural -como los fondos de alto vacío, coque, etc.- en una estrategia de diversificación de fuentes de energía que den salida comercial al combustóleo con alto contenido de azufre.
Las importaciones de productos petroquímicos superan los 7 mil millones de dólares. La producción petroquímica, hoy deprimida y en proceso de cerrar plantas, debe volver a ser, junto con la de refinados, uno de los ejes de una nueva política industrial, considerando que su desarrollo se vincula con más de 40 ramas de la economía. Para reactivarla se debe incentivar la ampliación de las unidades -públicas y privadas- que puedan integrar cadenas productivas en el país. Pemex, por su parte, deberá establecer acuerdos de largo plazo para el abasto de insumos y fórmulas de precios que fomenten la inversión privada en eslabones intermedios y finales de las cadenas industriales, explorando nuevas formas de asociación con particulares nacionales y del exterior, como corresponde a una empresa de su magnitud y diversidad.
A lo anterior deben agregarse el congestionamiento del sistema de distribución de petrolíferos por obsolescencia de ductos y la preferencia por sistemas de transporte más caros; la dualidad en la estrategia de suministro de gas natural; la indefinición en las líneas del desarrollo de la petroquímica; el pesado e ineficiente funcionamiento corporativo, exageradamente determinado por instancias que han carecido de una orientación coherente de lo que tendría que ser una política energética integral y racional.
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Por todo lo anterior, resulta indispensable y urgente un cambio radical en la política petrolera del país. A este respecto, tanto voces del gobierno como algunas que dicen ubicarse en el sector progresista de la política, reducen el debate a si deben o no privatizarse Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, sin precisar qué quieren decir con eso. Este es en realidad un falso debate. Pemex y la CFE son sus instalaciones y en general sus activos, no los activos -en este caso los recursos naturales y las actividades- que la nación ha puesto bajo su responsabilidad y gestión, y lo que está en el fondo de la discusión es definir qué actividades se deben mantener bajo la exclusiva gestión del Estado para que se manejen de acuerdo a un interés nacional y público, y cuáles deben estar abiertas a la participación de particulares.
Una primera consideración al respecto, que puede hacerse al visualizar tanto la situación actual como las perspectivas de desarrollo de la industria energética, es que el régimen constitucional vigente en la materia arroja un balance positivo para el país y debe en consecuencia preservarse, pues tal como está es posible adoptar las decisiones que se requieren para alcanzar las metas que la expansión misma de la industria petrolera y el desarrollo del país demandan. Esto es, ninguna actividad que la ley vigente prevé debe manejarse de manera exclusiva por el Estado, debe cambiar esta condición.
El modelo que se ha impuesto a la industria de los hidrocarburos se ha agotado e insistir en él sólo conducirá a profundizar daños irreversibles en el acervo petrolero, y, por el otro lado, dejar las cosas como están sólo favorece los intereses de aquellos que desde tiempo atrás, puede decirse que desde el 18 de marzo de 1938, acechan para reconvertir el total de la industria petrolera en un negocio particular. El cambio necesario, como puede verse por su misma complejidad y amplitud, no es sólo cuestión de ajustes en la eficiencia técnica o de mejores procedimientos administrativos, que sin duda son necesarios. La naturaleza del problema exige ir mucho más lejos, pues se trata de salir efectivamente de una situación de crisis provocada por el diseño institucional, que desde hace años se apartó del impulso al crecimiento económico del país, dejó de corresponderse con la magnitud de la industria petrolera, con sus necesidades y con las formas que requiere para operar en un mundo globalizado y de fuertes competencias. Nuestra industria vive así una permanente y profunda crisis de operación, sostenida por quienes desde la administración federal han estrechado su visión a sólo obtener de ella el mayor beneficio fiscal, en el plazo más corto posible.
El hecho es que para corregir la situación de rápido deterioro en que ha entrado la industria petrolera se requiere de acuerdos nacionales de largo aliento. La declinación de la producción de crudo conduce a situaciones económicas y fiscales de extrema gravedad, por lo que es indispensable que fuerzas políticas con representación en el Congreso, académicos, especialistas, industriales y ciudadanos nos comprometamos a dialogar, a analizar y discutir las alternativas y acordar las soluciones que puedan servir mejor para dar certidumbre y orientación, en función de un interés público y nacional, al aprovechamiento de la aún cuantiosa riqueza de hidrocarburos con que cuenta el país.
Es necesario otorgar autonomía presupuestal y de gestión a las empresas del Estado en el sector de la energía. Las dificultades financieras de esos organismos provienen, en gran medida, de su falta de autonomía para el ejercicio del presupuesto. Se les obliga a mantener un elevado superávit de operación, se les ministra su presupuesto de manera extemporánea y sus adquisiciones y financiamientos están sujetos a la misma ley que norma las actividades burocráticas del gobierno central o están amarradas a esquemas de financiamiento caros como el de pidiregas. Es indispensable, para darles eficiencia, estructurarlas con un esquema presupuestal que les permita hacer de su rendimiento económico y de su habilidad como empresas, la fuente principal de su financiamiento bajo un sistema racional de fiscalización y transparencia.
La autonomía debe ir acompañada de compromisos precisos de las empresas con la nación, los cuales deben ser plasmados en una serie de programas sancionados por el Poder Legislativo. En dichos programas, el Estado se comprometerá a que el marco legal y regulatorio permita a las empresas públicas, ya autónomas, cumplir en las mejores condiciones con la misión que se les encomiende, en particular, la mejora sistemática de la calidad del servicio y la racionalidad de los precios de los bienes y servicios que proporcionan.
Una industria energética moderna exige desarrollarse con base en una planeación integral para el aprovechamiento de sus recursos, y exige el apoyo de la sociedad y en particular de los consumidores, sustentado en una amplia información que les permita conocer y comprender cómo se da la operación de esa industria, así como sus problemas y retos técnicos y financieros. Se debe realizar una planeación de largo plazo que tienda al óptimo nacional, integrando todos los componentes: recursos naturales, oferta energética en todas sus formas y acciones para racionalizar su consumo y aprovechamiento. En muchos casos, refiriéndonos a la electricidad, resulta mejor invertir en la reducción de la demanda que en la expansión de la oferta.