Más de 80 por ciento de la PEA rural recibe menos de dos salarios mínimos: CNC
En pobreza extrema, uno de cada dos campesinos
En sólo seis años, el ingreso rural cayó 18 por ciento, se perdieron dos millones de empleos y la población migrante se incrementó en 200 mil personas anuales, lo que ha llevado a que más de la mitad de la población rural viva en condiciones de pobreza extrema, sostuvo el dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Cruz López Aguilar.
La pobreza y marginación en el campo requieren cambios en la política agropecuaria; no se puede seguir contemplando cómo aumenta la migración de los jóvenes hacia Estados Unidos y que las poblaciones respalden su economía en las remesas, agregó.
Explicó que desde 1989 los gobernantes no han cumplido con la meta de que la economía tenga un crecimiento más dinámico que la población. Prueba de ello, dijo, es que sólo en seis de los pasados 17 años la tasa de crecimiento anual del sector agropecuario fue mayor al PIB, lo que evidencia un rezago con relación a otros sectores. Además, las asimetrías entre los ingresos rurales y de otros sectores de la economía se han profundizado: 85 por ciento de la población económicamente activa en el campo recibe menos de dos salarios mínimos; en el caso de los otros sectores, sólo 45 por ciento recibe menos de dicha cantidad.
Por su lado, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp) apuntó que la política para el campo también debe contemplar una reforma agraria, pues el hecho de que haya concluido el reparto agrario no significa que hayan desaparecido los latifundios. La Procuraduría Agraria, en su papel de defensora y protectora de los derechos agrarios de campesinos e indígenas, debería tener facultades para iniciar de oficio investigaciones sobre latifundios; además, los tribunales agrarios tendrían que ser incorporados al Poder Judicial de la federación. La propuesta de la organización también contempla modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que la Secretaría de la Reforma Agraria adquiera atribuciones, programas y presupuesto de desarrollo rural que actualmente ejercen las secretarías de Agricultura (Sagarpa), Economía y Desarrollo Social (Sedeso).
Las sugerencias del Conorp -en el que participan 15 organizaciones- proponen reformas a la Ley de Bioseguridad para que se aplique el principio de precaución en el caso del inicio de siembras experimentales con organismos genéticamente modificados, así como el derecho a la información mediante el etiquetado de los alimentos transgénicos, además del reconocimiento de las organizaciones campesinas como entidades de interés público y social para que su "categoría, características y derechos" sean claros para la aplicación de los programas y políticas del Programa Especial Concurrente.