El Legislativo no garantizó el acceso de pueblos indígenas a los medios, plantea
La Corte resolverá sin ideologización el caso de la ley Televisa: Aguirre Anguiano
"La realidad es que no saben de lo que estamos hechos", advirtió el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano al presentar ayer, ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), su "documento de trabajo" que servirá de base en la "resolución final" sobre la acción de inconstitucionalidad en torno a la ley Televisa. Esto en respuesta, sin mencionar nombres, a aquellos que han cuestionado el papel del máximo tribunal en la revisión de este asunto.
Para los presentes en el salón de sesiones, el ministro se refería, con su conocido sarcasmo, a la intención de senadores de "poner remedio" a la legislación impugnada, si la Corte no lo hace, y puntualizó: "Aparentemente en aproximadamente un año no se reflexionó en la solución legislativa, sin que, desde luego, nada lo impidiera".
Se comentó en la sede del máximo tribunal que otro destinatario del mensaje era el PRD, cuando mencionó "que la Corte no se deje presionar por persona o institución alguna, pero que si no resuelve la inconstitucionalidad de las leyes impugnadas provocará que el partido político que afirmó lo primero no colabore en los quehaceres propios de la reforma del Estado".
También tuvo tiempo para aludir a los promoventes de la acción de inconstitucionalidad, al indicar que hay quien piensa que, en dado caso, la Corte sería la responsable de perpetuar "un duopolio televisivo". También tuvo palabras que recordaron la campaña en los espacios informativos de Tv Azteca y Televisa, en los cuales se ha insistido en que si se invalidan las leyes federales de Telecomunicaciones (LFT) y de Radio y Televisión (LFRT) "se frenará el desarrollo tecnológico y comercial de la radio, la televisión y la telecomunicaciones".
Asimismo, Aguirre Anguiano cuestionó las declaraciones de legisladores de PAN, PRD y PRI, quienes han dicho que "de resolver la Corte el tema de las entidades desconcentradas (caso Comisión Federal de Competencia, en el que el pleno resolvió que el Senado no tiene por qué intervenir en la designación que haga el Ejecutivo federal), habrá una regresión innegable hacia el autoritarismo", además de las amenazas de que "la SCJN no puede legislar, pero que de persistir reformará la Constitución, para que en lo sucesivo no pueda pronunciarse igual".
En respuesta a esas presiones y cuestionamientos, Aguirre aseveró en su mensaje que "por cumplir nuestras encomiendas no pagamos costo político alguno; estamos prestos a desahogarlas sin ideologización ni politización partidista, sino simplemente conforme a nuestra convicción, imparcialmente, sin estridencias y como está previsto en la Constitución".
Para terminar, habló en nombre de los nueve ministros que conocerán de la acción de inconstitucionalidad, al señalar que su única ocupación será establecer la regularidad constitucional o ausencia de ella en las normas impugnadas: "No nos preocupan otras consecuencias en corto y a la larga. Como tribunal constitucional que somos, sabemos que la primacía de la Constitución es lo más rentable para el país".
Ante la presencia de los principales actores de la acción de inconstitucionalidad en el salón de plenos, los ex senadores Javier Corral y Manuel Bartlett, Aguirre Anguiano precisó "de qué no se trata ésta acción" y "de qué sí". Asimismo, reiteró cuáles son los artículos de la LFRTque plantea sean invalidados: "el 16, en la parte relativa al plazo de duración de las concesiones; el 17-G, en la parte referida al criterio de adjudicación por subasta pública; los artículo 28 y 28-A en su integridad, en tanto prevén el mecanismo para obtener una nueva concesión en materia de telecomunicaciones sin necesidad de participar en licitación o de pagar una contraprestación al Estado".
En su intervención, el ministro se refirió primero a "de qué no se trata esta acción": -No se trata de los aspectos técnicos de la convergencia tecnológica -dijo ante los seis expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional que comparecieron ante los ministros, quienes confirmaron que el espectro destinado con la actual ley a la televisión y radio digital permite no sólo servicios adicionales, servicios de telecomunicación e incluso la transmisión simultánea de dos señales en la misma frecuencia-; tampoco trata respecto a los beneficios de la tecnología digital sobre la analógica, ni respecto al ancho de banda de frecuencia.
"Tampoco -añadió- resolveremos sobre la competitividad a nivel nacional o internacional de los servicios de telecomunicaciones".
En cambio, precisó, el pleno determinará "qué constituye la propiedad originaria del Estado mexicano. ¿De qué es dueño el Estado? Establecer si el espectro radioeléctrico es un bien del dominio público; precisar el régimen constitucional de las concesiones públicas; limitar la manera en que, constitucionalmente, los bienes o servicios públicos son concesionados; decidir si una concesión puede ser desvinculada de un uso determinado y específico del bien de dominio público sobre la cual fue otorgada".
Equidad y no discriminación
En resumen, indicó, establecer si las modificaciones a la LFRT y LFT respetan o no los principios constitucionales de equidad, no discriminación, concurrencia económica y rectoría del Estado.
Se refirió también a que los ministros analizarán si el Congreso tiene o no facultades para crear un órgano administrativo desconcentrado denominado Comisión Federal de Telecomunicaciones, y si ésta puede imponer obligaciones específicas en materia de tarifas, calidad de servicio e información, recibir el pago de derechos, intervenir en asuntos internacionales y ejercer facultades que correspondían originariamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otros aspectos.
En otra parte de su intervención convalidó el artículo 16 de la LFRT, al afirmar que "los concesionarios que detentan ya un título de concesión en materia de radio y televisión han cumplido bien con los requisitos que establecía la ley anterior", además de que éstos "han realizado notables inversiones para explotar el bien concesionado", aunque señaló que el refrendo de la concesión no debe ser automático ni perpetuo.
Finalmente, mencionó que su proyecto plantea que existe una omisión del legislador, al no garantizar el acceso a los pueblos y comunidades indígenas a los medios de comunicación. Una vez que Aguirre presentó su documento, el pleno iniciará la discusión del asunto.