Bajar 50% el presupuesto a partidos y castigar toda injerencia ilegal en procesos, recomienda
Propone comité ciudadano crear un instituto electoral para todo el país
Los consejeros del nuevo organismo deberán ser nombrados por instancias civiles: Jusidman
El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral -integrado por agrupaciones sociales, académicos, especialistas y consejeros locales y distritales del Instituto Federal Electoral (IFE)- presentó ayer su propuesta sobre el tema, en la que plantea la restructuración del IFE, para dar paso a la creación de un organismo que tenga atribuciones a escala nacional.
El nuevo instituto, planteó Clara Jusidman, en compañía de varios integrantes del comité que encabeza, se encargaría de sancionar a partidos, candidatos, gobernantes, asociaciones de toda índole (incluso religiosas), empresas privadas (entre ellas de medios de comunicación) y particulares, en caso de que se determine que hubo participación ilegal en el proceso electoral o que se ponga en riesgo la democracia y la equidad en la contienda.
En conferencia de prensa, nueve de los integrantes de ese comité destacaron que como resultado de la experiencia vivida en las elecciones de julio de 2006, en la nueva ley se debe incluir de manera expresa la posibilidad de anular la elección presidencial.
Y para garantizar la imparcialidad de las autoridades en la materia, los consejeros de lo que sería el instituto nacional electoral (INE) deberán ser propuestos por la ciudadanía y aprobados por cuatro quintas partes de la Cámara de Diputados, mientras que el proceso de designación de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también debe ciudadanizarse.
Esa misma propuesta la aplican para la designación del fiscal especial para delitos electorales, instancia que sugieren independizar del Poder Ejecutivo federal.
En alusión a los excesivos gastos que los partidos efectuaron en sus campañas, Jorge Kristian Bernal y Carlos Pérez, juristas de la UNAM, destacaron que es necesario reducirles en más de 50 por ciento el financiamiento, que toda propaganda o publicidad electoral sea administrada y regulada por el nuevo INE, y que las campañas políticas en medios electrónicos se hagan únicamente en tiempos oficiales y distribuidos de manera equitativa; sólo si fuera necesario, el nuevo instituto contrataría espacios en medios de comunicación privados.
Otro aspecto que destacaron Isabel Martínez, Irma Sandoval y el consejero electoral de Puebla Alfredo Figueroa, es que se requiere incorporar a partidos, agrupaciones políticas y coaliciones como sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia, y sólo se debe permitir a aquéllos el financiamiento privado cuando sea regulado con base en procesos distintos de fiscalización, donde existan sanciones a institutos políticos, candidatos y personas físicas o morales que ilegalmente hayan contribuido al soporte económico de las campañas.
Además, proponen endurecer las multas administrativas, ampliar las facultades de la autoridad electoral en la imposición de aquéllas, aumentar el catálogo de infracciones administrativas de servidores públicos y dar atribuciones al INE para solicitar a la Secretaría de Hacienda auditorías a personas físicas o morales.
Aun cuando excluyeron la segunda vuelta electoral para la Presidencia, "porque sería muy costosa para la ciudadanía", proponen introducir la figura de candidaturas independientes.
Esas y muchas otras propuestas, dijo Jusidman, surgieron de un trabajo de consenso de organismos sociales, académicos y especialistas en materia electoral.
De hecho, precisaron que algunas de estas sugerencias han demostrado su viabilidad en Francia, Canadá e Inglaterra, por lo cual sería incluso recomendable recuperar ese 12 por ciento de tiempo que Vicente Fox "regaló a los medios de comunicación electrónicos".