Advierte sobre el riesgo de que se use a militares en lucha antinarco

Alerta el Centro Pro a embajadas en México sobre amenazas a derechos

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez envió a los gobiernos con representación diplomática en México un documento en el que advierte sobre el fracaso de los operativos militares en la lucha contra el narcotráfico y el riesgo que representa para los derechos humanos el uso del Ejército en tales acciones.

La organización hace un recuento de las acciones puestas en marcha por el gobierno de Felipe Calderón para combatir los cárteles de la droga, entre las que destacan las de Michoacán, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nuevo León y Guerrero.

Sin embargo -advierte-, la creciente ola de violencia que atraviesa el país y el fracaso de las medidas encaminadas a suprimir las organizaciones criminales demuestran las limitaciones de los operativos aplicados en este gobierno. Insiste en que la participación de militares en actividades policiacas constituye una seria amenaza para los derechos humanos en México. "Una fuente de violaciones a las garantías individuales se origina en el hecho de que el Ejército carece de entrenamiento adecuado en acciones del orden civil".

La tragedia de Veracruz, donde una indígena de 73 años murió luego de ser violada por soldados, en el municipio de Soledad Atzompa, ilustra el peligro de la presencia indefinida de bases militares en comunidades civiles, puntualiza.

Asimismo, el Centro Pro advierte que con el argumento de la lucha contra el crimen, la administración calderonista ha puesto en marcha restricciones y medidas autoritarias comúnmente utilizadas en los llamados "estados de emergencia". Por ejemplo, ha desplegado las tropas por todo el país, sin tener la aprobación de los gobiernos estatales. Aunado a ello -dice-, ha negociado con Estados Unidos y Canadá políticas de seguridad sin aval del Congreso.

En el reporte que el Centro Pro envió a las embajadas destaca que el gobierno también ha empezado a limitar las garantías constitucionales, en respuesta a la amenaza a la seguridad que representa el crimen organizado. Recuerda que la Suprema Corte de Justicia dictaminó que la policía puede entrar a los hogares sin una orden judicial.