El ente también combatiría el narcotráfico, propone
Plantea el PRI crear órgano policiaco especializado en crimen organizado
En su proyecto para la reforma del Estado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) propone crear un órgano policiaco especializado, que se dedique exclusivamente a combatir el narcotráfico y el crimen organizado; además plantea modificaciones en materias presupuestal y administrativa que mejoren la situación laboral de agentes del Ministerio Público, peritos y policías, con el fin de disminuir las posibilidades reales de que se corrompan.
La propuesta de instituir ese órgano del Estado, que permitiría sacar al Ejército de la lucha contra el tráfico de drogas, es parte central de las iniciativas de modificaciones en materia judicial que el PRI llevó a la mesa de la reforma del Estado y que deberán dictaminarse en un plazo de 12 meses.
En el documento, la dirigencia y los grupos parlamentarios del tricolor señalan que están abiertos a discutir la naturaleza jurídica de ese órgano y su ubicación en las estructuras de la administración pública.
El PRI plantea contar "con un régimen de excepción legal en el combate exclusivo al narcotráfico", partir de "sólidos fundamentos legales y constitucionales y el respeto absoluto de los derechos fundamentales de las personas".
Al respecto, proyecta asimismo crear jueces de garantía en materia penal, que permitan desahogar cateos, arraigos o intervenciones de comunicaciones privadas "sujetándose a reglas de procedimiento ágiles y apegadas a la Constitución".
La figura planteada coincide con una similar contemplada en el libro blanco del Poder Judicial y es una respuesta al planteamiento del presidente Felipe Calderón de dejar que el Ministerio Público decida cateos, allanamientos e intervenciones sin orden de un juez.
En su documento el PRI hace notar que hay severas deficiencias en la operación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que comprende tanto instituciones como legislación, políticas públicas, mecanismos de coordinación, presupuestos, programas y acciones federales, estatales y municipales.
"Desde hace más de un lustro no existe una política de Estado en materia de seguridad pública, lo que se observa claramente en la ausencia de diagnóstico objetivo del sector. Cada institución parece tener su propia visión del problema y sus soluciones particulares para resolverlo, pero al instrumentarlas no sólo han fracasado, sino contribuido al colapso."
Esa falta de visión integral para combatir la delincuencia organizada se superará, abunda el PRI, con programas de Estado, entre ellos la creación de un instituto de estudios sobre la criminalidad, que lo mismo realice análisis sobre las causas del delito que proponga soluciones viables para combatirlas.
Otro punto es establecer un verdadero servicio civil de carrera en las instituciones encargadas de impartir justicia, con el fin de dar seguridad en el empleo a sus integrantes. En paralelo funcionaría un instituto de formación y capacitación ministerial, policial y pericial.
En el texto priísta se concede autonomía técnica y funcional al Ministerio Público, por lo que el nombramiento de personal ya no se sujetará a la decisión discrecional del procurador general de la República, sino a méritos personales. "Con ello se desvanece la posibilidad de dar línea en asuntos concretos".
Igualmente, el PRI plantea crear un órgano supervisor de la actuación del Ministerio Público en cada procuraduría del país, con miras a que vele por el funcionamiento honesto de los servidores públicos que llevan a su cargo las investigaciones criminales.
Asimismo, busca establecer de manera expresa en la Constitución el principio de presunción de inocencia, ya que en la actualidad está contenido de forma "implícita" y es uno de los pilares de en que se funda el sistema de justicia penal mexicano.
Otro objetivo es crear el instituto de atención a las víctimas del delito, toda vez que quienes padecen agresiones no cuentan con los mismos derechos que los agresores, y no obstante que se violentaron sus derechos y sus bienes "deben pasar por situaciones muy difíciles" para acreditar el carácter de ofendidos.
La intención es que a la par que se investiga el delito, se acusa al delincuente y se le lleva ante un juez, se proporcione a la víctima atención jurídica, médica y sicológica, de acuerdo con el documento.