En las manos de la SCJN, decisión trascendental sobre derecho: especialistas
Los recursos de PGR y CNDH, posición dogmática de la derecha: Leticia Bonifaz
La postura de las instancias recurrentes no quiere decir que tengan la razón, sostienen
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Juan Velásquez, especialista en derecho penal
Foto: María Meléndrez Parada
En la primera controversia constitucional que enfrentará la administración del Distrito Federal -independientemente de las que heredó del gobierno anterior-, Leticia Bonifaz Alfonzo, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CJSL), consideró que las posibilidades de que se invaliden las reformas que permiten la interrupción del embarazo antes de las 12 primeras semanas de gestación, "son muy vagas".
Especialistas en derecho constitucional coincidieron con la funcionaria en que no existe ninguna violación al marco constitucional con las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa (ALDF), y consideraron que los recursos promovidos por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), son una muestra más de la "posición dogmática" de un gobierno de "derecha, clerical y fiel seguidor de las políticas que dicta el Vaticano".
De los argumentos de controversia, Bonifaz Alfonzo observó que es defendible la facultad de las autoridades locales para legislar en materia de salud; los tratados internacionales que se invocan están vigentes en países en los que también lo está la despenalización del aborto; se confunde el derecho civil con el derecho penal y se citan tesis de jurisprudencia que la misma Corte puede modificar.
De entrada, dejó en claro que a diferencia de un amparo, la acción de inconstitucionalidad no suspende la aplicación de las reformas legales, por lo que se seguirán aplicando.
Respecto de la facultad de las autoridades locales para legislar en materia de salud, dijo que el artículo 73 constitucional es muy claro: "la materia de salud es materia recurrente, la ley dice qué toca a cada quien y yo no veo ningún exceso".
Señaló que no le preocupa que sea Salvador Aguirre Anguiano el ministro que revisará el caso y quien votó en contra en el caso de la controversia contra la llamada ley Robles, también sobre el aborto, "hay que tener claro que para que se invalide la reforma se requieren ocho votos de los 11", y para cuando se resuelva en año y medio o dos años la composición de la Corte no será la misma.
Para los especialistas en derecho Juan Velásquez, Juan Rivero Legarreta y Clemente Valdés, la SCJN tendrá en las manos de sus ministros una de las decisiones más trascendentes y controversiales en materia de derecho, pues le tocará resolver cuándo inicia la vida, a fin de establecer jurídicamente cuándo el producto de una gestación es un "ciudadano" protegido por la Constitución, y para ello tendrá que atender cuestiones jurídicas, médicas y hasta filosóficas.
Elisur Arteaga Nava, constitucionalista y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), aseguró que las reformas que despenalizan la interrupción del embarazo "no obligan ni invitan a abortar a nadie; además, se aprobó como parte de las competencias de la ALDF para crear tipos penales y despenalizar acciones, sin que se violente ningún marco constitucional".
Reconoció que existe competencia legítima de la PGR y CNDH para interponer la acción de inconstitucionalidad, pero "eso no quiere decir que tengan razón, y en este caso no la tienen porque la asamblea capitalina tiene facultades legítimas para legislar en materia penal y sobre tipos penales, ya que no se trata de un delito federal", y agregó que la jurisprudencia de la SCJN no puede ser invocada, porque el objetivo de una controversia es demostrar que una normatividad es contraria a la Constitución, "pero no para poner en evidencia que no se está de acuerdo con una decisión legítima".
Agustín Pérez Carrillo, especialista en derechos humanos y criminalidad de la UAM, afirmó que es "prácticamente insostenible" que la CNDH pretenda impugnar un derecho consagrado en el artículo 4 constitucional, que garantiza el derecho a decidir de forma libre e informada cuántos hijos se quieren tener, lo que demuestra que la Iglesia católica "está más presente que nunca en las instancias de gobierno".
El penalista Juan Velásquez refirió que "la Corte está metida en un berenjenal, porque tendrá que definir a partir de cuándo el producto de una concepción tiene vida y merece la protección constitucional".
Para este jurista, la ALDF "legisló en términos de su competencia, aunque de una manera amañada porque no despenalizó el aborto, sino que únicamente retiró la sanción para quien realice esta acción antes de las 12 semanas de gestación".
En tanto, el doctor en derecho Clemente Valdés manifestó que la Corte tendrá en sus manos "un duro trabajo", aunque expresó su preocupación porque "tal parece que la derecha sólo está preocupada por meter a la cárcel a las mujeres que aborten. Me parece increíble".