Invasión de áreas de conservación, tala y anomalías en uso de suelo, los principales

En aumento, las denuncias por delitos ambientales en la ciudad de México

La PGJDF realizó la primera consignación por este tipo de ilícitos, informa

ALEJANDRO CRUZ FLORES

La tala clandestina, los asentamientos en áreas de conservación e irregularidades en el uso de suelo son los principales delitos ambientales que se cometen en la ciudad de México. De hecho, en el presente año las denuncias por este tipo de ilícitos ha aumentado en 200 por ciento con respecto al anterior, informó el fiscal especial para la Atención de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Samuel Ibarra Vargas.

En entrevista, agregó que hasta el momento están en trámite 248 averiguaciones previas, de las cuales 42 por ciento son por tala de árboles; 20 por ciento, por cambio de uso de suelo, y 11 por ciento, por invasiones.

El incremento en las denuncias se debe ver como algo positivo, pues no necesariamente significa que aumentaron este tipo de delitos, ya que el estándar siempre ha sido muy alto, señaló el funcionario, "lo que pasa es que antes la gente no sabía que existía este tipo de ilícitos y no los denunciaba; es decir, ahora se tiene más conciencia sobre esta situación".

La comisión de estos ilícitos pueden alcanzar penas de tres a nueve años de cárcel, en el caso de ocupación de suelo de conservación, que además es considerado como delito grave, y a quien la incita, entre cuatro a 13 años de prisión; respecto de la tala clandestina el castigo puede ser de hasta cinco años de reclusión, el cual se puede duplicar si se realiza en área natural protegida o de valor ambiental.

Ibarra Vargas indicó que la protección al ambiente debe ser visto como problema de seguridad nacional, tener una visión global de que el daño acumulativo que provoca la tala ilícita de cientos de miles de árboles, por lo que consideró que la delincuencia en agravio del medio ambiente es un problema grave en la ciudad de México.

En este contexto, el pasado martes se realizó la primera consignación por un delito ambiental, en lo que va de la presente administración de la PGJDF. Se trata de Alejandro García Sandoval, acusado de incitar a la ocupación de un terreno de conservación ecológica en la zona conocida como La Faja, en el Ajusco, y resistencia a la autoridad, por lo que fue remitido al Reclusorio Sur.

En un operativo conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, las secretarías de Seguridad Pública y Medio Ambiente capitalinas, así como la delegación Tlalpan, en el que participaron 437 servidores públicos, fueron retiradas 44 construcciones en proceso y se clausuraron 32 viviendas.

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Ambientales, los predios que se mantenían ocupados fueron vendidos por vecinos del mismo cerro del Ajusco, por lo que ya empezó una nueva investigación para deslindar responsabilidades.

El principal objetivo en este tipo de delitos son aquellos en que se incita a las invasiones y los que venden terrenos de manera ilegal, porque "sería una estupidez pretender que a todos los pobladores de asentamientos irregulares tenemos que llevarlos a la cárcel", explicó.

Por otra parte, el funcionario alertó que los estados de México, Michoacán, además del DF, se han convertido en "corredor de tráfico de recursos forestales", por lo que se trabaja en conjunto con las autoridades estatales y federales para atacar la tala clandestina.

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, 56 por ciento del territorio de la ciudad de México es de conservación, distribuido principalmente en las delegaciones Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta; además de que existen 18 áreas naturales protegidas, la mitad de ellas de carácter federal.

Asimismo, hay 99 sistemas de barrancas distribuidos en 15 microcuencas del DF. El principal problema que enfrentan estos ecosistemas son los asentamientos irregulares, los cuales, según las cifras, son más de 600 con una población estimada de 200 mil habitantes.

Ibarra Vargas explicó que la fiscalía a su cargo fue creada desde 2001, pero "no se le dio el empuje correcto", por lo que durante prácticamente cinco años estuvo "desvanecida" y fue considerada como "el patito feo" de la procuraduría, inclusive algunas fiscalías desconcentradas de investigación no sabían de la existencia de ésta área.