Editorial

La reacción, contra el DF

Por si quedara alguna duda que los recursos de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal, presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la Procuraduría General de la República (PGR) y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, forman parte de una acción concertada, a la ofensiva de la reacción se sumaron el Partido Acción Nacional (PAN) capitalino y uno de los membretes al servicio de la jerarquía eclesiástica, el Colegio de Abogados Católicos, en tanto que el titular de la comisión capitalina de Derechos Humanos, Emilio Alvarez Icaza, dio a conocer las presiones de que ha sido objeto esa entidad por diputados locales panistas.

Los recursos de inconstitucionalidad van más allá de la intención de negar a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo: buscan, desde las posturas más antidemocráticas, autoritarias e intolerantes, suprimir el derecho de los capitalinos a dotarse de sus propias leyes, y desconocer a las instituciones legítimas del Distrito Federal.

Ha de considerarse, en efecto, que en la capital de la República existe una clara sintonía entre la voluntad mayoritaria -sostenidamente favorable en las encuestas y sondeos de opinión a la despenalización del aborto-, el Legislativo y el Ejecutivo locales. No es una voluntad totalitaria ni impositiva, toda vez que no pretende violentar las convicciones morales y religiosas de nadie, sino que ha dado acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a las mujeres que lo deseen, pero no impone el aborto a ninguna que no quiera practicárselo. Es una voluntad que fue plasmada en la legislación de manera impecablemente legal, representativa y democrática.

La ofensiva del bando de la reacción contra esa determinación soberana deja ver con claridad en qué facción está cada quien y exhibe el grado de distorsión institucional provocada por las derechas: la CNDH y la PGR son usadas para buscar la restauración de la influencia católica en la legislación y para socavar, por esa vía, el principio de separación entre la Iglesia y el Estado. Ante la catástrofe en materia de derechos humanos que padece el país por el acceso al poder de corrientes autoritarias, y ante el naufragio generalizado del estado de derecho, las dependencias que debieran velar por la defensa de los primeros y por la vigencia del segundo no tienen nada mejor que hacer, a lo que puede verse, que sumarse al acoso judicial y mediático contra la ciudad de México y sus instituciones.

El foxismo convirtió en práctica regular la utilización facciosa, discrecional y abusiva de la PGR, hasta el punto de que hoy puede parecer lógica la intervención de esa dependencia para defender la perspectiva moral hecha pública por el actual titular del Ejecutivo federal. Más novedosa es la vergonzosa sumisión de Soberanes Fernández a la Presidencia, evidenciada desde que, ante la muerte de Ernestina Ascensión Rosario, tomó partido no por los derechos humanos, sino por el encubrimiento y por la impunidad.

En su empecinamiento por treparse al poder y mantenerse en él, la reacción ha terminado por revivir la fractura entre liberales y conservadores, y por llevar a México a un panorama político que en muchos sentidos recuerda el que imperaba a mediados del siglo antepasado, cuando una minoría oligárquica y clerical ahogaba a la nación. Y no hay que olvidar, por cierto, que tras su derrota política y militar aquella reacción no tuvo reparos en regularizar la entrega del país a una potencia extranjera.

En lo inmediato, toca a la SCJN el turno de una doble definición: la llamada ley Televisa y los recursos de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto. Y está por verse si esa institución adoptará una postura republicana y democrática o si, por el contrario, se sumará a las que se encuentran ya bajo el control descarado de los intereses oligárquicos y reaccionarios.