Mouriño utiliza los nombramientos para apuntalar su grupo político: diputado panista
Las delegaciones federales, arma del PAN para pagar facturas y premiar la "lealtad"
Los seguidores de Elba Esther Gordillo, entre los principales beneficiados por el calderonismo
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FOTO Marco Peláez
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Juan Camilo Mouriño, cuestionado por la designación que ha hecho de delegados federales, de la que se han beneficiado seguidores de Elba Esther Gordillo
Foto: Carlos Ramos
Definidas a partir de criterios políticos y de las cuotas a las facciones del Partido Acción Nacional, las delegaciones del gobierno federal en los estados constituyen una estructura que obedece más a la "lealtad" hacia Felipe Calderón que a los objetivos de los programas públicos y, como acusan PRI y PRD, sus fines son más bien electorales. En la asignación de los nombramientos, cotizados por los salarios y prerrogativas de los delegados, Juan Camilo Mouriño Terrazo se ha convertido en el factótum del calderonismo.
El reparto de las posiciones para amigos, empresarios, candidatos perdedores y aliados políticos se constituyó en una de las principales prácticas del PAN en el gobierno desde la presidencia de Vicente Fox, aun cuando ese tipo de manejos fueron criticados por el panismo a los gobiernos del PRI. En esa distribución, la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, ha ubicado a maestros incondicionales como delegados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e inclusive de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Según fuentes gubernamentales, en la actual administración sólo se han cambiado a 150 de los mil 390 delegados de todo el país y, ante los reclamos del PRI, desde Los Pinos se ofreció hablar con los gobernadores para revisar caso por caso y, eventualmente, remover a algunos.
Aunque uno de los principales reclamos del tricolor se centra en que Vicente Fox y ahora Calderón repartieron esas posiciones a distinguidos panistas y empresarios ligados a Acción Nacional, la versión oficial señala que los gobernadores priístas no impugnaron la militancia, sino que no se cubrieron cuestiones de forma y de fondo.
Por ejemplo, a algunos no se les avisó con anticipación de los cambios de delegados y se enteraron en los periódicos, mientras otros están inconformes porque se mantuvo a personajes que permanentemente los han confrontado.
No obstante, las negociaciones para ocupar alguna de las delegaciones son de tal magnitud que algunos titulares permanecen en sus cargos desde la administración de Ernesto Zedillo, como los delegados del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Baja California Sur, Jorge Luis Amao Manríquez, y de la SEP en Mexicali, Lamberto López López.
Los nuevos criterios
En el presente sexenio la aplicación de los nuevos criterios tiene su caso más emblemático en Campeche, de donde es originario Mouriño Terrazo, y revela lo contradictorio de la tarea que recientemente encomendó Felipe Calderón al jefe de la Oficina de la Presidencia de vigilar el uso de los fondos federales.
El diputado federal panista Jorge Rubén Nordhausen González asegura que todos los nombramientos de los delegados federales pasan por el despacho de Mouriño en Los Pinos, y éstos son designados aun cuando no cumplan los perfiles profesionales y técnicos que exige la Ley del Servicio Profesional de Carrera.
"De este modo, pretende apuntalar a su grupo político, con miras a las elecciones de 2009, cuando se elegirá gobernador. Para ser delegado en Campeche tienes que ser mouriñista, aunque hayas traicionado al PAN", asegura.
El panista se refería al caso de Iván González López, que fue designado delegado de la Sectretaría del Medio Ambiente y Recuros Naturales, aun cuando en las elecciones para la alcaldía de El Carmen se alió con la candidata de la coalición Por el Bien de Todos, decisión que le costó ser suspendido de sus derechos como militante del blanquiazul.
En medio de la pugna, Mouriño declaró que "en esta administración federal se ampliaron los criterios, y hoy un requisito indispensable es la lealtad al proyecto de Calderón. No es una cuestión de amistad, sino de lealtad, y en ese sentido deben cumplir técnica y políticamente con el perfil. Entendemos que haya gente afectada por no cumplir con lo segundo (la lealtad). Las delegaciones son puestos codiciados porque son bien pagados".
"Centros de activismo político"
Para los dirigentes estatales del PRD, Gumersindo Mier; de Convergencia, Aníbal Ostoa, y del PT, Ana María López, las delegaciones en Campeche fungen "como centros de activismo político del PAN".
Una práctica similar ocurre en Yucatán, donde el PRI ha denunciado el abierto proselitismo de Calderón y la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Beatriz Zavala Peniche, originaria de esa entidad, donde hubo elecciones para gobernador el pasado domingo 20.
La inconformidad priísta también surgió en Colima, donde fue impugnado el nombramiento -en 2006- de Fernando Garza Martínez como delegado de Sedeso, aun cuando el ex alcalde de Guadalajara encabezó a un grupo de panistas jaliscienses para apoyar al ex candidato blanquiazul a la gubernatura Antonio Morales de la Peña, actual procurador federal del Consumidor. El PRI aseguró entonces que el PAN preparó una estructura para usar los programas sociales en favor de los candidatos de su partido en la elección presidencial. Al inicio del sexenio, Liduvina Sandoval relevó a Morales de la Peña.
Sin embargo, no sólo hay críticas desde la oposición. Las pugnas entre panistas se repiten estado por estado.
En Cancún, por ejemplo, las diputadas Yolanda Garmendia y Addy Joaquín Coldwell impugnaron el nombramiento del priísta Manuel Conde Canto como delegado de Fonatur, en una ciudad donde esa dependencia puede comercializar terrenos para proyectos turísticos.
Mientras, en Chihuahua los nombramientos pasan por Jorge Manzanera Quintana, asesor de Mouriño a quien los panistas recurren para buscar empleo. Fue él quien influyó de manera directa para el reciente nombramiento de Carlos Olson como delegado de Economía, a pesar de su escasa experiencia, así como el de Pedro González Russek, identificado con la organización Desarrollo Humano Integral AC (Dihac), como delegado del ISSSTE.
Entre los pagos de facturas a Elba Esther Gordillo y sus aliados resaltan los casos de Jalisco, donde dos personajes claramente ligados al SNTE ocupan las delegaciones de la SEP y del ISSSTE, y de Guanajuato, donde Juan Carlos Moreno Henestrosa, quien formó parte de la corriente que impulsó a Roberto Campa Cifrián como candidato presidencial de Nueva Alianza, es el delegado de Educación Pública.
Es el mismo caso de la maestra Guadalupe Elizondo Vega, delegada de la SEP en Jalisco, y de Miguel Angel Sánchez Obregón, delegado del ISSSTE, militante del PRI y ex coordinador de la diputación tricolor en Nuevo León. Ambos funcionarios se "reparten" a los 275 mil derechohabientes de la institución y a los más de 70 mil profesores que laboran en la entidad.
La misma práctica ocurrió en la delegación de la SEP en Nayarit, con Olga Margarita Uriarte, ex lideresa de la sección 12 del SNTE en Durango. En Puebla, la cuota para Gordillo fue la delegación del ISSSTE, que se asignó a Jorge Aguilar Chedraui, hombre cercano al ex diputado Rafael Moreno Valle, uno de los incondicionales de la maestra.
En Sinaloa, la delegación del ISSSTE continúa en manos de ex priístas que ahora son militantes de Nueva Alianza, el partido que formó Gordillo a partir de la base magisterial. Manuel Cárdenas Fonseca, diputado por ese partido, le "heredó" la plaza a Antonio Hayashi Ayala, también del grupo gordillista.
También en Tabasco se observa la influencia de la lideresa magisterial. León Felipe Morales Ayala, chiapaneco y sobrino de la profesora, es el flamante delegado del Instituto de Salud. A esa lista se agrega la designación del ex dirigente de la sección 32, Gustavo Moreno Ramos, como delegado en Veracruz, vinculado a Gordillo y a Miguel Angel Yunes, titular del ISSSTE.
En otros estados ocurre que el delegado de Sedeso está más ligado al sector empresarial y gubernamental. Como ejemplo está José Antonio Zepeda López, ex panista y amigo de Vicente Fox, y empleado del ex gobernador Antonio Echevarría en las empresas Grupo Empresarial Alica.
También hay delegaciones que se entregan como "premios de consolación" o a la militancia panista. Ejemplos muy notorios se dieron en Nuevo León, donde esas posiciones se entregaron a reconocidos militantes panistas que perdieron elecciones y no cumplen un perfil profesional, pero son amigos de Calderón.
Margarita Arellanes Cervantes, delegada de Sedeso, llegó al cargo en noviembre de 2006, tres años después de perder la alcaldía de Monterrey frente a Ricardo Canavati Tafich. Es hermana de Fany Arellanes, quien junto con Alejandra Fernández Garza fue la principal activista de la campaña de Calderón en el estado.
Otro de los enclaves del panismo se encuentra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde seis de las 30 delegaciones están en manos de militantes y dirigentes del blanquiazul. La representación de la Sedeso es manejada por el ex alcalde de Tuxtla y ex diputado federal Francisco Rojas Toledo, ginecólogo.
Dirigentes priístas aseguran que la delegación es el premio que recibió por declinar su candidatura al gobierno en favor del priísta José Antonio Aguilar Bodegas. La esposa del ex diputado, Mirna Camacho, es delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor desde el foxismo.
En Tabasco, la delegación de la Sedeso fue asignada a Dora María Scherrer Palomeque, ex diputada local panista e integrante del grupo político que encabezan el dirigente estatal, Francisco Macossay, y el diputado federal Juan José Rodríguez Prats.
No obstante, la distribución no está exenta de fricciones entre los propios panistas. En Tlaxcala, por ejemplo, la delegada de Sedeso, Adriana Dávila Fernández, mantiene un conflicto personal con Héctor Ortiz Ortiz sólo porque el gobernador respaldó a Santiago Creel en sus aspiraciones presidenciales y no a Calderón.