La titular de Derechos Humanos del estado "debe dimitir" por el caso Ascensión

Exigen ONG que renuncien Soberanes y el procurador de Justicia de Veracruz

Demandan que el Ejército salga ya de las zonas indígenas, pues "sólo genera tensión"

VICTOR BALLINAS

Al concluir el foro Zongolica, Ernestina, reclamo de justicia, derechos humanos, autonomía indígena y municipal, organizaciones civiles participantes acordaron demandar la renuncia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández; del procurador general de Justicia de Veracruz, Emeterio López Márquez, y de la titular del organismo que defiende esas garantías en dicha entidad, Noemí Quirasco. De igual forma, que el Ejército salga de la región.

Asimismo manifestaron que continuarán luchando hasta que se haga justicia en el caso de la "violación a Ernestina Ascensión Rosario" y sean solucionados los problemas de la sierra de Zongolica, Además, señalaron que insistirán en que sean reformadas varias leyes para que cuando los militares violen los derechos humanos "no sean juzgados por la justicia castrense, sino que sean entregados a la justicia civil".

También, entre gritos de "¡justicia!, ¡justicia!", organizaciones civiles de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y de la ciudad de México anunciaron que demandarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación "que modifique la jurisprudencia que considera que los militares pueden efectuar tareas de seguridad pública".

En el Museo de la Ciudad de México, donde se realizó dicho foro, el presidente municipal de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, denunció que además de la violación a la indígena nahua Ernestina Ascensión Rosario,"se nos ha informado que a escala nacional hay más de mil 495 casos de mujeres violadas, asesinadas y retenidas en zonas indígenas del país -en Guerrero, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua y Sinaloa, entre otros estados. Esos casos están impunes y esperamos retomar algunos para llevarlos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)".

Pérez Pascuala destacó: "insistiremos en que se haga justicia por la violación y muerte de Ernestina Ascensión Rosario, porque éste es un delito que se persigue de oficio. Aunque el procurador del estado ya cerró el caso, el pueblo de Soledad Atzompa no está conforme. No hubo justicia. Aunque la familia no haya impugnado la resolución, nosotros acudiremos ante las instancias internacionales que sea necesario".

-¿Ha tenido contacto con la familia de la señora Ascensión Rosario?

-No. Los he buscado, así como otra persona de la comunidad, pero se esconden. Ya no quieren platicar con nosotros.

-¿Ustedes pueden llevar el caso, si la familia no quiere?

-Sí. En este caso, es un ilícito que se persigue de oficio, y como no se hizo justicia acudiremos ante instancias internacionales.

-¿La familia ya está en su casa?

-Está en la comunidad. Los mantuvieron dos semanas fuera, como parte de una estrategia gubernamental para que venciera el plazo y no impugnaran la resolución del caso. Fue una artimaña de los gobiernos federal y estatal para manipular la situación.

Al dar cuenta de los resolutivos del foro, se destacó que "la familia fue secuestrada. Fue un plagio simulado, mediante ese tipo de mecanismos de cooptación. Primero los invitaron a la capital del estado y luego al Distrito Federal. Los mantuvieron alejados dos semanas para que no impugnaran el caso".

Otras propuestas del resolutivo, que en breve serán publicadas, son invitar y solicitar a organizaciones internacionales de derechos humanos que intervengan y den seguimiento al caso de Ascensión Rosario. Inclusive se pidió invitar al equipo de antropología forense de Argentina a la investigación. Solicitarán que el caso sea reabierto.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, demandó que el Ejército salga ya de las regiones indígenas, porque su presencia no aporta nada a las comunidades y sólo genera mucha tensión. De igual forma, exigió que "se derogue la tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite a militares realizar tareas de seguridad pública, porque ya está probado que cometen graves violaciones a los derechos humanos".

Como parte de los resolutivos, se determinó integrar una coordinación de organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos para convocar a más agrupaciones y dar seguimiento al caso, y que el gobierno del presidente Felipe Calderón explique su postura sobre dicho caso.

Entre las muchas propuestas que se plantearon y serán retomadas, las organizaciones manifestaron la necesidad de que en el Congreso de la Unión se realice un encuentro en el que se analice la situación de las comunidades indígenas, la militarización y la inconstitucionalidad de la participación castrense en las labores de seguridad pública. Se demanda además a la Suprema Corte que realice una investigación del caso de la mujer indígena nahua que fue "violada por militares, lo cual le provocó la muerte".

Pérez Pascuala destacó: "tenemos la seguridad y la valentía para denunciar esos hechos y todos los casos de violaciones que se han suscitado en las comunidades y municipios indígenas. Debemos poner un alto al Ejército mexicano, para que aprenda a respetar a sus semejantes. Hoy, la comunidad demanda justicia para Ernestina, justicia para todos los casos de violaciones".

En el foro se recolectaron firmas en demanda de que se aplique la ley en el caso de "la violación a la indígena Ascensión Rosario". Se distribuyó una hoja con las palabras que expresó la mujer antes de morir: "soldados vestidos de verde se me echaron encima". Eso, se explicó ante el auditorio, "fue lo que denunció Ernestina. Estamos repartiendo una frase, la más valiente que dijo una mujer en un caso muy difícil. Reprodúzcanla, distribúyanla, pónganla en calcomanías, por Internet. Denla a conocer".