El ministro Aguirre resolvió ayer sobre acciones de PGR y CNDH
Admite Corte recursos contra aborto en el DF
El gobierno local y la Asamblea están en condiciones de impugnar
Ampliar la imagen
El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano admitió ayer las acciones de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto en la capital. Es conocido por haber sido representante popular con apoyo del PAN en su natal Jalisco
Foto: María Meléndrez Parada
El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano admitió ayer la acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la despenalización del aborto en el Distrito Federal.
De acuerdo con fuentes judiciales, la aceptación tuvo lugar en el transcurso de la tarde y era únicamente cuestión de horas la notificación a las partes.
Aguirre Anguiano, quien es conocido por haber sido representante popular con el apoyo del Partido Acción Nacional en su natal Jalisco, es de los ministros que sostuvieron en 2002 que la llamada ley Robles -que despenalizó el aborto en la capital de la República cuando el producto presenta malformaciones genéticas y que el ministerio público autorice la interrupción del embarazo en caso de violación- era inconstitucional.
Una vez admitidas las acciones de inconstitucionalidad, el Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa están en condiciones de impugnar la decisión ante la Corte, y de ser así, los ministros resolverían en sesión de sala si el acuerdo de admisión fue legal o no.
El pasado viernes, la PGR, con el argumento de que una norma no puede "permitir la privación de la vida del producto de la concepción, ni discriminar su protección por determinadas características, como sería la temporalidad de gestación", impugnó la decisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de no castigar el aborto si éste se realiza antes de las 12 semanas de embarazo.
La dependencia a cargo de Eduardo Medina Mora afirmó, mediante un comunicado de prensa, que sus "acciones se basan en la interpretación establecida a lo largo de los años por la propia Suprema Corte", y que los criterios que soportan dicha posición son "estrictamente técnico-jurídicos, sin atender factores de orden político, económico, social, ético, moral o de cualquier otra índole".
En tanto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que las modificaciones "rebasan el ámbito local, ya que el artículo 73 fracción 16 de la Constitución prevé que la legislación en materia de salud corresponde al Congreso de la Unión".
Asimismo, el ombudsman nacional argumenta en el recurso que interpuso que "existen contradicciones entre las leyes locales aprobadas y los instrumentos internacionales signados por el país"; por ello, la CNDH solicita "que la Corte resuelva sobre esas contradicciones".