La hoy titular del INBA también dio luz verde, en 1994, al parque Xcaret
Teresa Franco autorizó ampliación de un hotel dentro de Chichén Itzá
Durante su gestión como directora del INAH avaló la construcción de 43 palapas en favor de la familia Barbachano
Los detalles y las especificaciones son ''confidenciales'', determina el IFAI
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Teresa Franco, actual directora del Instituto Nacional de Bellas Artes
Foto: Archivo La Jornada
La problemática en las zonas arqueológicas del país, en particular en Chichén Itzá y en la Riviera Maya, crece en complejidad debido a polémicas por la tenencia de la tierra, comercio sin control, voracidad de desarrolladores turísticos, exceso de visitantes e infraestructura federal obsoleta.
La falta de planeación se remonta, al menos, a dos sexenios, cuando durante su gestión al frente del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), María Teresa Franco y González Salas, actual titular del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), autorizó a los dueños del hotel Mayaland, enclavado en el corazón de la zona arqueológica de Chichén Itzá, la ampliación de ese complejo turístico.
El empresario Fernando Eugenio Barbachano Herrero, propietario de gran parte de los terrenos que comprenden esa área -declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)- convenció a la funcionaria de que era necesario ''satisfacer la demanda de hospedaje", no obstante saber que los nuevos inmuebles prácticamente se erigirían sobre terrenos plagados de vestigios prehispánicos, muchos sin explorar.
Edificación aledaña a El Castillo
Franco autorizó la construcción de 43 palapas, algunas destinadas a habitaciones para los huéspedes y otra para una tienda de artesanías, a unos pasos de la pirámide de El Castillo, principal atracción de la zona.
De acuerdo con el convenio de ''colaboración" que la entonces directora del INAH firmó con Barbachano Herrero, por conducto del apoderado de éste, Víctor Manuel Campos Agüero, éstos le ''concedieron" al INAH el ''usufructo" de una fracción del predio.
El documento, que fue obtenido por La Jornada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), fue firmado el 22 de noviembre de 1994 y detalla la localización, características y especificaciones de las construcciones autorizadas, pero esta información fue clasificada como ''confidencial".
Como se ha documentado en estas páginas, los hoteles Mayaland y Hacienda Chichén Resort, propiedad de los Barbachano, se ubican a tiro de piedra, no sólo del área abierta al público que administran el INAH y el gobierno de Yucatán, sino de zonas como Chichén Viejo, aún bajo investigación. (La Jornada, 22 y 24 de mayo.)
También en 1994, el 30 de mayo, Franco signó otra ''colaboración" con empresarios turísticos: a la Promotora Xcaret, SA de CV, cuyo presidente del consejo de administración es Miguel Quintana Pali, le otorgó por 25 años el permiso para ''la operación, mantenimiento y administración del desarrollo turístico localizado en terrenos de su propiedad ubicados dentro de la poligonal de la zona arqueológica de Xcaret", en Quintana Roo.
Como acto de ''buena voluntad", los dueños de los terrenos donde se asienta ese centro de diversiones privado donaron al INAH ''a título gratuito, en forma pura, irrevocable y sin carga alguna al instituto, el área de terreno que aloja los monumentos arqueológicos" de Xcaret, ''así como el área de acceso directo a los límites colindantes con la vía pública hasta el grupo principal de monumentos".
Inclusive, el parque se comprometió a pagar al INAH por concepto de entradas una cantidad que, a la fecha, ronda los 2 millones de pesos anuales. Cifra ínfima en comparación con los ingresos que genera Xcaret, con alrededor de un millón de visitantes al año, que pagan no menos de 50 dólares por adulto.
Pero eso sí, el convenio señala que el dinero debía ser destinado ''directamente" al ''área cultural de Xcaret", cosa que no sucede, pues debido a la ''grave escasez financiera del INAH" (reconocida por el actual presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Sergio Vela), el instituto debe destinar esos recursos a su gasto corriente, como declara el propio INAH a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Si bien los empresarios se comprometieron a ''no obstaculizar la entrada de todas aquellas personas cuyo fin sea visitar únicamente los monumentos arqueológicos ubicados dentro del desarrollo turístico", en realidad son pocos los visitantes que acuden exclusivamente al Xcaret del INAH. Es más llamativo realizar el viaje hasta esa zona y hacer uso de las atracciones del parque.
La cláusula decimosexta del mencionado convenio indica que al término de la vigencia (25 años), ''las partes se reunirán y se informarán de los resultados existentes en la aplicación de este convenio"; si los resultados son ''satisfactorios" -continúa el documento-, la colaboración se prorrogará.
Teotihuacán, otro caso polémico
La proclividad de Teresa Franco a permitir la incursión de empresarios para ''comercializar" las zonas arqueológicas también causó polémica en Teotihuacán, cuando se construyó la Plaza Jaguares para vendedores de artesanías, lo cual destruyó vestigios prehispánicos en la zona denominada La Ventilla.
En ese entonces la UNESCO, por conducto de Icomos, lamentó ''la falta de estudios y madurez del proyecto urbano, así como del proyecto arquitectónico", y se pronunció en su dictamen por ''instrumentar una normatividad para la ordenación territorial del área", para que las actividades turísticas y comerciales ''no sigan constituyendo una causa de deterioro del valor cultural de la zona arqueológica".
Tareas que, más de una década después, siguen pendientes, principalmente en el sureste mexicano.