Fomenta la impunidad al no indagar, coincide con defensores de derechos humanos
El Estado, culpable por omisión, de crímenes contra periodistas: ONU
Militarizar la seguridad pública, retroceso en materia de garantías individuales: Raúl Vera
Diversas voces en defensa de los derechos humanos, incluida la Organización de Naciones Unidas (ONU), coincidieron ayer en que el gobierno mexicano fomenta la impunidad al no investigar los crímenes y amenazas contra periodistas y defensores de las garantías individuales, en momentos en que el crimen organizado "se ha desbordado".
Amerigo Incalcaterra, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, señaló al Estado como responsable por "acción y omisión" cuando se cometen y no investiga violaciones a las garantías fundamentales, "como ocurre ahora".
En tanto, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, sintetizó que en estos momentos en México se registran "retrocesos" en la materia, y citó como ejemplo que al utilizar las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado, se da una "violación terrible a los derechos humanos".
En sintonía, Santiago Corcuera, presidente relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias -de la ONU-, condenó la militarización de la seguridad pública. "Eso me parece fatal y provoca mucho deterioro en los demás sistemas". Yo estoy "completamente en contra" de esa decisión, pero "me parecería también ilusorio sacar ahorita a los soldados de las labores que están realizando".
Confió en que el presidente Felipe Calderón establezca un "plan creíble de aquí a tres o cuatro años, para conformar un verdadero cuerpo de policías integrado por civiles, especializado en el combate al narcotráfico, para no usar el Ejército en esas labores".
Fomento al deterioro de las garantías fundamentales: Alvarez Icaza
Durante un seminario internacional sobre el derecho a defender las garantías fundamentales y la libertad de expresión, al cual acudieron representantes de por lo menos una veintena de agrupaciones civiles, y donde destacó la ausencia de personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el funcionario de la ONU coincidió con el obispo Vera y con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, en que el uso de la milicia para combatir el crimen fomenta el "deterioro para la vivencia" de los derechos fundamentales.
Brisa Maya, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social, empezó con las protestas en torno a las violaciones que en México se cometen en materia de libertad de expresión. Citó que el Poder Legislativo tiene "un gran pendiente" para generar leyes que vayan en contra de los monopolios y en favor de la defensa de los periodistas.
Afirmó que desde el sexenio de Vicente Fox se habla de "resultados nulos para afrontar el problema", así como de la "incapacidad para aplicar justicia y hacer valer el estado de derecho" cuando ocurren asesinatos, amenazas y desapariciones de comunicadores, "lo cual nos deja con un alto nivel de impunidad. Nos queda claro que en el país el ejercicio periodístico se ha convertido en una actividad riesgosa".
Por su parte, Amerigo Incalcaterra afirmó que la ONU "mira con preocupación lo que ocurre en México, sobre todo porque las autoridades responsables no han desarrollado una adecuada labor de prevención, y al no poder cumplir con su obligación de investigar, sancionar y reparar el daño, han generado un clima de impunidad que acaba por restringir de manera directa o indirecta la libertad de expresión".
Precisó que en la oficina a su cargo han recibido 19 comunicaciones individuales de defensores de derechos humanos radicados en México, "alegando haber sufrido amenazas y ataques contra su derecho a defender los derechos de los demás". Resaltó que se destacan los casos de tres personas asesinadas.
Sobre este punto, Fabianne Vennet, directora de Sin Fronteras, se pronunció por que se exija al titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, una declaración política, contundente, de reconocimiento y legitimidad al trabajo de los defensores de las garantías individuales.
En entrevista por separado, el representante de la ONU insistió en que es necesario llamar la atención de las autoridades para garantizar la libre labor de los periodistas. Que el Estado dé el mensaje a los autores de estos crímenes de que "está investigando", demandó. "Caso contrario, los malos de la película siempre se van a sentir felices de poder hacer este tipo de acciones, porque saben que no va a haber el peso de la ley en su contra".
Las normas "hay que aplicarlas y llevarlas hasta las últimas consecuencias, especialmente en el ámbito de los derechos", para que situaciones que son "sumamente graves" no ataquen al "propio estado de derecho y la democracia del país", resaltó.
Manifestó que la Organización de Naciones Unidas trata de entender lo que está sucediendo en México, donde se busca mantener "control sobre una actividad criminal que, lamentablemente, ha llegado a niveles realmente preocupantes, al grado de que se ha desbordado, pero esto debe hacerse en pleno respeto a los derechos humanos".
Adelantó que para abordar este tema, esperan encontrarse próximamente con autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por su parte, el ombudsman capitalino manifestó que en la actualidad el trabajo de columnistas, periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos y corresponsales se ve "seriamente amenazado por la omisión institucional y la impunidad en que operan los poderes fácticos, particulamente la delincuencia organizada y los cárteles del narcotráfico".
La consolidación de nuestra democracia -indicó- "exige que los derechos de las personas se defiendan al margen de la coyuntura y la discrecionalidad en la aplicación de la ley".