ISSSTE: tres estampas sobre una "reforma" que nació muerta
Primera. Prototípico integrante de la actual clase política y de la cúpula decadente de un partido que -pese a su oposición interna- pisotea de consuno sus propios estatutos, el senador (plurinominal) priísta Manlio Fabio Beltrones se atrevió a escribir, después de que su instituto político pusiera a subasta la "reforma" calderonista del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que "los legisladores nos propusimos reforzar la certidumbre económica y financiera del país, atendiendo un problema severo del sistema de pensiones. Hicimos modificaciones que no se pensaban posibles, para consolidar el ahorro interno y dar a los trabajadores del Estado nuevas reglas para que ellos puedan realmente vigilar y controlar sus cuentas para el retiro, así como resolver un hoyo negro de las finanzas públicas. Hicimos lo que no se hizo en 1997".
Días antes, el 7 de marzo en Los Pinos, esa misma cúpula decadente priísta, encabezada en la ocasión por Beatriz Paredes, ofreció -vía Emilio Gamboa- en charola de plata la "reforma" a Calderón.
Pasados ocho días, el 15 de marzo, en su calidad de voz de una menguante tercera fuerza política nacional en la "oposición", el diputado priísta Samuel Aguilar subió a la tribuna del Congreso para leer -entre sonoros abucheos- una iniciativa (previamente pactada entre Agustín Carstens y Elba Esther Gordillo) que le había redactado -con puntos y comas- desde la SHCP el tecnócrata José Antonio González Anaya (director general de Seguros y Valores con Fox, hoy responsable de la Unidad de Coordinación de las Entidades Federativas). González Anaya forma parte de los "expertos" que "estimaron" alegremente que el costo de la "reforma" equivaldría a 24 por ciento del PIB. La iniciativa se "aprobó" en 13 días y se promulgó en el Diario Oficial de la Federación ¡un sábado!, el 31 de marzo.
Pero las andanzas de Beltrones ostentan otros "serviciales" antecedentes. Como diputado federal (plurinominal) de la 59 Legislatura, presentó (en agosto de 2004) ante el Congreso la iniciativa que reformó el régimen de jubilaciones y pensiones (RJP) de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Minutos después recibió una llamada celular: era el tecnócrata Santiago Levy, autor del texto que -igual que Samuel Aguilar- acababa de leer Beltrones. "El paso más difícil está dado, mi amigo", le comunicó el flamante diputado que, hoy como senador (plurinominal) de la República, preside la mesa directiva de esa cámara. Prototípico integrante de una clase política que no rinde cuentas a nadie y sólo se autoperpetúa, a pesar de abatir contratos colectivos y "reformar" leyes de seguridad social vitales para la cohesión social, sólo leyendo las iniciativas que les preparan los tecnócratas hacendarios.
Segunda. Francisco Javier Aguirre, del despacho Valuaciones Actuariales, triste autor de la propuesta "de los trabajadores" con que un segmento del CEN del SNTSS madrugó a sus representados y les modificó su RJP en octubre de 2005, después de lo cual recibió alborozado la entusiasta felicitación de Fox, descalificó muy pronto el "futuro" de la "reforma" calderonista del ISSSTE.
Y es que, en su muy actuarial opinión, la ley impuesta "podría" afectar severamente las finanzas de los estados, toda vez que "podría" recaer sobre ellas "el costo fiscal de la transición regional", según sus estimaciones, cercana al 13 por ciento del PIB (un billón 200 mil millones de pesos). La amenaza de caer en un esquema "sin" solidaridad intergeneracional, debido a la concentración de las aportaciones en un solo fondo de pensiones, se traduciría en que ese costo de transición pesara sobre las finanzas estatales, universitarias y de los gobiernos municipales.
Tercera. Mientras Moisés Schwartz, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, reconocía que en los dos recientes años la comisión sobre saldo de 10 de las 21 Afore se había incrementado más de ¡200! por ciento -aunque la nueva Ley del SAR "no asegura que las comisiones no aumenten en los próximos años"- el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Sergio Ruiz Olloqui, estimaba que "dar marcha atrás" a la nueva Ley del ISSSTE generaría una señal de "incertidumbre" y provocaría "inhibición" en las inversiones. Por su parte, Ricardo González Sada, presidente de Coparmex, aseguró que las finanzas del ISSSTE "no soportarían" dar marcha atrás a la reforma.
Agréguese que para Guillermo Prieto Treviño, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, las manifestaciones de rechazo a la ley calderonista del ISSSTE tienen "muchas complicaciones políticas" y, dado que los mercados reaccionaron "positivamente" a las modificaciones, si de da marcha atrás habrá "consecuencias negativas".
También para Alberto Núñez Esteva, de la Sociedad en Movimiento, la "reforma" fue "adecuada" porque el pasivo de pensiones "representa" ¡150! por ciento del PIB y "únicamente" el déficit pensionario del ISSSTE "equivale" a ¡51.6! por ciento de ese PIB. En su opinión, la "reforma" del ISSSTE puede ser el "principio" para "avanzar" en las reformas fiscal, energética y laboral.
Sólo falta considerar que para la casa de bolsa Acciones y Valores Banamex el bono de reconocimiento costará ¡894 mil millones de pesos!, casi un billón de pesos, ¡9.5! por ciento del PIB.
¿Dónde estará la misteriosa "mejora" para las finanzas públicas que tanto presume Calderón? ¿Dónde la "salvación" de una "crisis" para México a que -entre crecientes protestas- aludió el 28 de mayo? Mientras tanto las fantásticas 10 acciones a cumplirse en ¡90 días! se le escurren dramáticamente a Yunes entre las manos.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco