Derechos humanos y libertad de expresión
A finales de los años 60, durante la 19 reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO), en Nairobi, los países en desarrollo comenzaron a denunciar una evidente desigualdad y desequilibrio en el flujo internacional de información. Debido al choque que se generó frente a las dos posturas que surgieron a raíz de estos reclamos, la UNESCO encomendó a Sean MacBride -en ese entonces presidente de la Comisión Internacional de Comunicación del organismo- un estudio sobre la situación de las comunicaciones en el mundo.
En 1980 MacBride presentó en la 21 Conferencia General de la UNESCO, en Belgrado, los resultados del trabajo que realizó junto con un calificado y plural equipo de investigadores. Si bien hace poco más de 26 años que se publicó, su vigencia es muy clara, pues las conclusiones y recomendaciones que formularon MacBride y sus colegas no han tenido aún incidencia real que permita una transformación positiva, entre otras cosas, en lo que se refiere a las libertades de expresión, de información y de prensa. Uno de los señalamientos centrales es que "los derechos humanos no pueden existir sin las libertades de palabra, de prensa, de información y de reunión", y que "la transformación de esas libertades en un derecho individual o colectivo más amplio es un principio evolutivo en el proceso de democratización".
Sin embargo, en el seminario internacional El derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión, que se llevó a cabo los pasados 30 y 31 de mayo en el Club de Periodistas de México, se puso una vez más en evidencia la grave situación que en nuestro país se está viviendo con respecto a las agresiones y los asesinatos perpetrados contra periodistas y defensores de los derechos humanos. Durante el mismo, la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación presentó un informe titulado Recuento de daños a las libertades de expresión e información 2006, en el cual también se destaca que el estado del periodismo mexicano fue especialmente crítico ese año, a tal grado que la misma Sociedad Interamericana de Prensa ha denunciado que en el país existe un grave retroceso en materia de libertades informativas.
Igualmente menciona que la Comisión Inte- ramericana de Derechos Humanos (CIDH) ha externado su preocupación por el evidente aumento de la violencia física contra informadores. A ello se suma lo declarado por el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, quien durante este seminario dijo que ve "con preocupación lo que ocurre en el país, sobre todo porque las autoridades responsables no han desarrollado una adecuada labor de prevención, y al no poder cumplir con su obligación de investigar, sancionar y reparar el daño, han generado un clima de impunidad que acaba por restringir de manera directa o indirecta la libertad de expresión".
A ello se debe que en la declaración final de dicho seminario, que concentró a analistas, expertos, comunicadores y defensores nacionales e internacionales de derechos humanos, con la participación de decenas de representantes de organizaciones civiles, se afirme que "la sociedad mexicana no goza del ejercicio pleno de los derechos humanos", y que en algunos casos se observan "signos preocupantes o alarmantes de retroceso o riesgo en su disfrute, entre otros aspectos en materia de seguridad, libertad de expresión y acceso a la información, derecho a la manifestación y movilización social".
En toda la reflexión que se generó durante el seminario, se pudo percibir que la violencia desatada contra los comunicadores y defensores de los derechos humanos está relacionada principalmente con quienes informan sobre el narcotráfico, y contra la oposición política, la disidencia gubernamental o la protesta social.
La ola de crímenes y ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos cierra además su círculo en el momento que la impunidad permite que esta violencia se reproduzca y crezca. Por ello la declaración demanda también de las instituciones del Estado "respuestas eficaces para identificar y sancionar a los responsables de las agresiones sufridas por los periodistas", y "adoptar medidas para que tales hechos no se vuelvan a producir en el país".
Exige igualmente del Estado mexicano el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH en su reciente Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas, así como de las reiteradas recomendaciones, llamamientos y medidas de protección que le ha solicitado la Relatoría de Libertad de Expresión de la propia CIDH, "a propósito de los asesinatos, ataques y amenazas contra periodistas, ocurridos en los últimos meses".
Recordemos que como en la música, el silencio también es elocuente, por lo que la censura que se materializa en discriminaciones, intimidaciones, agresiones y asesinatos contra periodistas y medios, como medidas de exclusión extremas, dice mucho con respecto a la situación en que se encuentra la democracia en México.