Editorial

Sordera oficial ante la oposición a la Ley del ISSSTE

La jornada de ayer viernes, marcada por masivas protestas en todo el país contra las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es un claro indicio de que la oposición a dichas modificaciones al régimen de pensiones y jubilaciones de los afiliados a ese organismo ha crecido en fuerza e intensidad. No obstante, algunos líderes sindicales, legisladores y altos funcionarios del gobierno federal insisten en mantener una actitud de cerrazón ante este reclamo popular, negándose a negociar con los inconformes y descalificando las manifestaciones de repudio.

Las diversas marchas y mítines realizados en el contexto del tercer paro cívico nacional, convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), paralizaron la ciudad de México y tuvieron réplicas en varios estados de la República, como Oaxaca, Michoacán, Morelos, Jalisco, Guerrero, Zacatecas, Chiapas, Aguascalientes, Tlaxcala, Veracruz y Baja California, donde también hubo suspensión de labores, bloqueos de carreteras y toma de oficinas públicas y de casetas de peaje. Estas movilizaciones demuestran lo equivocado de las declaraciones del director del ISSSTE, Miguel Angel Yunes, quien aseguró que las protestas en contra de la reformas a la ley del instituto se limitan a la capital del país.

Pero este clima de tensión no es nuevo, ya que surgió en marzo pasado, cuando el Senado aprobó las nuevas reglas en materia de pensiones y jubilaciones. Desde entonces la CNTE y otras organizaciones sindicales han incrementado la frecuencia y la intensidad de sus manifestaciones de rechazo, las cuales están acompañadas por al menos cien mil amparos contra las reformas.

Sin embargo, el gobierno federal y el Partido Acción Nacional han optado por hacer caso omiso de las voces opositoras. Por el contrario, han dicho claramente que no habrá marcha atrás a las modificaciones avaladas por el Congreso, como advirtió el propio Yunes, y que "no se le cambiará ni una coma" al texto de las reformas, como afirmó el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el panista Gustavo Madero.

Peor aún, las diversas instancias oficiales que podrían contribuir a la solución de este conflicto se han desmarcado de él, como la Secretaría de Gobernación, que en vez de atender a los descontentos ofreció canalizar las demandas al Poder Legislativo. Esta negativa a enfrentar a la oposición a la Ley del ISSSTE se complementa con los llamados para limitar el ejercicio de las libertades públicas, como el derecho a la manifestación: cabe recordar que Madero consideró que las protestas "no proceden, porque (los inconformes) ya están utilizando el recurso legal-jurídico (los amparos) al que tienen derecho".

En este contexto, llaman la atención las dos mantas alusivas al grupo de sicarios de Los Zetas aparecidas ayer en la ciudad de México, acciones que son inusuales en la forma de operar del crimen organizado. De hecho, plantean seriamente la sospecha de que se trata de instrumentos para crear miedo y atentar también contra las libertades públicas.

No hay nada que permita suponer que este descontento terminará a corto plazo. Su solución requiere poner sobre la mesa de discusión la posibilidad real de modificar las reformas y así evitar que este problema crezca aún más.