Temen que se hayan cometido irregularidades al conceder los permisos de construcción

Exige el Congreso parar megaproyecto inmobiliario en la laguna de Nichupté

Las obras de las residencias de gran lujo podrían dañar remanentes de manglar original y especies de fauna en peligro

Los legisladores consideran que existe un conflicto ecológico

ANGELICA ENCISO L.

Frente a la autorización de impacto ambiental que dio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la construcción, con presuntas irregularidades, de un gran desarrollo inmobiliario con centenas de departamentos en el lecho de la laguna de Nichupté, en Cancún, donde se encuentran remanentes de manglar original y especies de fauna bajo algún tipo de protección ambiental, el Congreso de la Unión pidió a la dependencia cancelar el permiso e iniciar procedimientos jurídicos en contra de la empresa.

La comisión permanente aprobó un punto de acuerdo en el que exhorta a la Semarnat, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional Agua para que investiguen el proyecto inmobiliario desarrollo residencial lote 56, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Este megaproyecto se desarrolla a un costado de la laguna de Nichupté, en Cancún, está a cargo de la empresa denominada Administración BVG y comprende la construcción de 95 town houses, residencias, villas mediterráneas con 189 departamentos en 21 edificios de 5 niveles cada uno. También albercas, asoleaderos, áreas recreativas y palapas de servicios, además de mil 184 departamentos en 16 edificios de 20 niveles cada uno y áreas comunes del conjunto.

Los legisladores consideraron que se trata de un "conflicto ecológico" y que en él pueden estar involucrados bienes de naturaleza pública que benefician a la comunidad, por lo que pidieron a la Semarnat y a la PGR inicien indagatorias para determinar la probable existencia de delitos ecológicos.

El texto argumenta que Quintana Roo se caracteriza por la gran riqueza y diversidad de sus ecosistemas, los cuales constituyen el principal factor del desarrollo del turismo y el boom inmobiliario. Advierte que uno de los impactos más importantes de la industria turística mal entendida es el ambiental.

Refiere que en esta entidad los principales problemas generados por el desarrollo turístico desordenado son la modificación y reducción de ecosistemas costeros y acuáticos por cambios de morfología litoral; la deforestación de amplias zonas de la franja costera para complejos turísticos y ciudades de apoyo, especialmente en los humedales y manglares; la introducción de especies exóticas de flora y fauna, así como la extinción de especies nativas.

Entre otros daños menciona degradación de los recursos naturales, destrucción de los arrecifes, lagunas y dunas; disminución de la calidad del agua y reducción de su disponibilidad; y contaminación de los mantos freáticos y ecosistemas lagunares.

Agrega que los impactos ambientales del desarrollo costero inadecuado, así como del turismo no sustentable en Quintana Roo, representan las principales amenazas para el sistema arrecifal mesoamericano.

Indica que las construcciones se pretenden hacer sobre lo que actualmente es el lecho de la laguna de Nichupté, que cuenta con importantes remanentes del bosque de manglar original y representa un humedal costero de gran relevancia para la zona, pese a que la mayor parte de su extensión ha sido modificada o se encuentra severamente fragmentada y también tiene ejemplares de flora y fauna que se encuentran en alguna categoría de riesgo, como el cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii).

Señala que el propio gobierno de la entidad, por medio de oficios, expresó su opinión técnica a la Semarnat en contra de la autorización de este proyecto, por lo que el Congreso de la Unión pidió el desarrollo de indagatorias suficientes por parte de las autoridades administrativas federales competentes y que en el caso de la probable existencia de delitos ecológicos establezcan los procedimientos que se requieran. También pidió revocar la autorización de cambio de uso de suelo y que se inicie un procedimiento en contra de la empresa Administración BVG, por el uso, aprovechamiento y destrucción de ecosistemas ubicados dentro de la zona federal marítimo terrestre, para la construcción del proyecto, sin contar presuntamente con las autorizaciones.