Editorial
Migración e inacción gubernamental
En momentos en que nuevas disposiciones migratorias son objeto de una polémica minuciosa y candente en el Congreso estadunidense, cuando cada detalle de las propuestas puede traducirse en bienestar o en tragedia para millones de mexicanos radicados en el país vecino y sigue sin estar claro si el resultado final del debate en torno de la llamada reforma migratoria será positivo o negativo para esos connacionales, el gobierno de México brilla por su ausencia. En ese, como en otros tantos asuntos cruciales para el país, el foxismo nunca pretendió ir más allá de su propia retórica, pero durante el sexenio pasado se emitía al menos un discurso presidencial -con frecuencia pintoresco, casi siempre fuera de lugar y en ocasiones hasta grotesco- que expresaba la necesidad de un trato digno a nuestros connacionales en Estados Unidos. Hoy, a juzgar por la total inacción del gobierno, da la impresión de que el tema migratorio y la dramática situación de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, y de quienes aspiran a serlo, no revisten interés para las autoridades.
Como lo señaló el pasado 31 de mayo en estas páginas el diplomático Jorge Eduardo Navarrete, ex representante permanente de nuestro país ante la ONU, la Secretaría de Relaciones Exteriores se conforma con llevar un "'seguimiento cuidadoso' de las iniciativas y enmiendas que se discuten en el Senado estadunidense", como si se tratara de un proceso legislativo en una nación remota y ajena a la esfera de los intereses nacionales.
Ocurre, sin embargo, que el flujo laboral y migratorio, las circunstancias de acoso, persecución, explotación y peligros mortales en que se desarrolla, así como los sistemáticos atropellos que sufren los mexicanos que logran internarse en territorio del país vecino -y que provienen tanto de empleadores como de autoridades y de ciudadanos particulares-, y las vastas implicaciones humanas, familiares, sociales, económicas, culturales y políticas del fenómeno, constituyen un problema central del México contemporáneo, el cual no podrá ser resuelto haciendo como que no existe.
El Ejecutivo federal podría tener a su disposición -si tuviera la voluntad de usarlos- una amplia lista de recursos diplomáticos, políticos y mediáticos para defender los intereses, la dignidad y la vida de esos millones de mexicanos: desde acciones puntuales de cabildeo con legisladores estadunidenses hasta la presión política abierta y decidida, pasando por la realización de campañas de información orientadas a despejar los prejuicios y conceptos adversos que florecen en la opinión pública de la nación del norte en torno del tema de la migración. No sería el propósito intervenir en los asuntos internos de un tercer país, sino dar protección a ciudadanos mexicanos que se encuentran en situaciones de extremada vulnerabilidad e indefensión. Se habla de una tarea que el gobierno -cualquier gobierno- debe realizar de oficio, por principio y por obligación, incluso si los beneficiados no realizaran un aporte fundamental y decisivo a la economía nacional como el que llevan a cabo nuestros connacionales con sus envíos de dinero.
Da la impresión incluso de que el actual gobierno se preocupa más de la cuenta por hacer respetar la soberanía nacional de Estados Unidos, y que en su empeño de tintes mediáticos de perseguir narcotraficantes se olvida que la seguridad de una porción significativa de la ciudadanía no está amenazada por las mafias de la droga sino por los traficantes de personas, por los peligros de la naturaleza, por los atropellos de la Patrulla Fronteriza, de grupos privados racistas y xenófobos y de patrones explotadores y, en última instancia, por la vergonzosa abulia de las autoridades mexicanas.