Uruguay: triunfo del movimiento popular
El presidente uruguayo Tabaré Vázquez el lunes pasado debió dar marcha atrás en su intento de transformar el "Nunca más", expresión acuñada por el movimiento popular y los organismos de derechos humanos contra el terrorismo de Estado, en una reconciliación con los que desaparecieron y torturaron durante la dictadura (1973-1985). A fines de diciembre, Vázquez había propuesto que el 19 de junio -día del nacimiento del héroe patrio José Artigas- se realizara un gran desfile cívico-militar con la participación de niños y estudiantes como muestra de que "Nunca más" habrá enfrentamientos entre uruguayos. También remitió al parlamento una ley para indemnizar a los familiares de militares muertos por la guerrilla, a los que se equiparaba con los desaparecidos.
Ambas propuestas fueron rechazadas por los movimientos sociales, y en el seno del Frente Amplio se registró una dura polémica que mostró al oficialismo partido en dos, aunque una mayoría parecía oponerse a las propuestas de Vázquez, quien se convirtió en defensor de la "teoría de los dos demonios", que sostiene que hubo una guerra entre dos bandos que violaron por igual los derechos humanos. Esta concepción, defendida por las derechas del continente, busca minimizar el terrorismo de Estado al colocarlo en pie de igualdad con las guerrillas y los movimientos populares.
La propuesta de Vázquez forma parte de un proceso de abandono de las anteriores tesis de la izquierda uruguaya que ha virado hacia un pragmatismo elemental. Ese viraje se registra en todos los frentes y abarca todos los aspectos de la política oficial. Uruguay mantiene un sólido alineamiento con Estados Unidos y tiene hondas diferencias con sus vecinos, en particular con Argentina, pero también con el resto del Mercosur. Es el único país de la alianza regional que no integra el Banco del Sur que será lanzado este mes.
Días atrás, el equipo económico comandado por el ministro Danilo Astori participó en un seminario junto a delegados del FMI para evaluar la crisis económico-financiera de 2002. Según el análisis esgrimido, la forma como el gobierno conservador de Jorge Batlle encaró la crisis fue la correcta, cuando en ese momento la izquierda en la oposición criticaba con dureza las medidas que se estaban tomando. Revelando una forma de pensamiento similar a la que se emplea respecto a la violación de los derechos humanos, se sostiene que la crisis vino del exterior, en concreto de Argentina, que es la mejor forma de decir que la apertura económica y la desregulación financiera no jugaron un papel determinante en la mayor crisis que sufrió el país.
Lo anterior indica que el alineamiento con Washington y el intento de firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la superpotencia no son hechos aislados, sino opciones de larga duración que se irán implementando en la medida que se vayan eludiendo los obstáculos internos que lo impiden. La firma del TLC fue pospuesta por los mismos motivos que ahora llevan al presidente a dar marcha atrás en su desfile cívico-militar de reconciliación nacional: el movimiento social y una parte de la izquierda no han claudicado. Fue el sindicato de maestros el que jugó un papel relevante. Una amplia consulta democrática a las bases tuvo un resultado contundente: 90 por ciento del magisterio se opuso a participar en el desfile.
La contundencia del sindicato magisterial rindió frutos. El 29 de mayo la central sindical PIT-CNT acompañó un paro nacional de 24 horas de todas las ramas de la enseñanza en reclamo de que se cumplan las promesas electorales de aumentar el presupuesto educativo. Ese mismo día miles de trabajadores reclamaron por salarios y por "Nunca más" terrorismo de Estado. El 20 de mayo, fecha en que se conmemora el asesinato de cuatro uruguayos en Buenos Aires en 1976 (el senador Zelmar Michelini, el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz y dos militantes tupamaros), asesinados por militares uruguayos con apoyo de la dictadura de Videla, más de 50 mil personas expresaron su rechazo a la reconciliación anunciada por Vázquez. El presidente no tenía otra salida que dar marcha atrás o arriesgarse a una crisis en su fuerza política.
En un momento clave para el país y la región, el movimiento social mostró que es posible contener el viraje hacia la derecha. Algo similar había ocurrido a comienzos de marzo con la visita de George W. Bush. La firme posición de los movimientos horadó la disciplina de la fuerza política y mostró que los límites reales vienen de abajo, de una cultura política que aún debilitada y golpeada por dos décadas de neoliberalismo sigue siendo capaz de ganar batallas. Ahora vienen tiempos más difíciles, porque la oleada popular que barrió el continente en los últimos años parece estar tocando techo, por lo menos en el Cono Sur.
En el mismo acto en que Tabaré Vázquez dio marcha atrás con el polémico desfile por la reconciliación, adelantó que no aspira a la relección en 2009. Faltan dos años y en unos meses empezarán a acomodarse las fichas de las próximas elecciones. El ministro de Economía es el mejor posicionado para suceder a Vázquez, pero representa el ala proestadunidense y antiMercosur del gabinete. Se adivina una dura batalla.
El problema de fondo es que en estos momentos se está consolidando una segunda oleada neoliberal en el continente, que profundiza la de los 90, centrada en las privatizaciones, con tres ejes: minería a cielo abierto, agronegocio con base en la soya y caña de azúcar para etanol, y el complejo forestación-papeleras. Los tres se benefician de cuantiosas inversiones y apuntan a la apropiación de los recursos naturales por las multinacionales. Uno de los problemas más graves es que este nuevo empuje neoliberal está siendo pilotado por una parte de los gobiernos progresistas. Por eso los equilibrios y pugnas internas, como las que se dirimen en Uruguay, van a marcar el rumbo de la región durante un buen tiempo.