La PGJDF determinó que no se acreditó daño patrimonial por 55 millones de dólares

Gómez Urrutia, exculpado de fraude contra el gremio minero

La sentencia "definitiva" da pie para que se retiren las querellas contra el líder y sus colaboradores

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGDF) exoneró de cualquier responsabilidad penal a Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, y a sus colaboradores José Angel Rocha Pérez, Juan Linares Montúfar, Carlos Pavón, Felipe Alberto López y Héctor Félix Estrella, este último ex secretario de Finanzas del comité ejecutivo nacional del gremio, en el presunto fraude de 55 millones de dólares a las arcas del sindicato.

Los penalistas Juan Rivero Legarreta y Marco Antonio del Toro Carazo, representantes legales del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMRM) informaron que fueron notificados de la resolución que emitió la Unidad de Delitos Financieros de la PGJDF, la cual determinó ayer el no ejercicio de la acción penal en favor de los inculpados.

Según los litigantes, el argumento de la autoridad ministerial es que "no se acreditó daño patrimonial al sindicato minero, además de que no hay víctimas ni querellas válidas, porque los representantes del gremio -que sería el único afectado- comparecieron en su momento para decir que no hubo daño a las arcas del SNTMMRM y que los 55 millones fueron repartidos para diversas necesidades del mismo, lo cual está legalmente comprobado".

Esta resolución servirá para que en los próximos días se cancelen las órdenes de aprehensión, causas penales y averiguaciones previas abiertas en otras entidades contra Gómez Urrutia y coacusados, ya que se basan en los mismos hechos, y la determinación de la PGJDF tiene el carácter de sentencia definitiva.

La resolución del Ministerio Público del DF se da unos días después de que todas las secciones del sindicato minero emplazaron a huelga -para el próximo 10 de junio- a Industrial Minera México por violaciones al contrato colectivo y al reglamento de seguridad en las minas, así como por revisión salarial.

En entrevista con La Jornada, el abogado Rivero Legarreta indicó que este viernes "estaremos en el juzgado 18 penal del Reclusorio Oriente para pedir el sobreseimiento de la causa penal, a fin de que se ponga en libertad a Gregorio Pérez Romo (mensajero del SNTMMSRM y único de los implicados en el supuesto fraude que ha sido detenido); después iremos a las entidades donde hay abiertas averiguaciones, entre ellas Zacatecas, Nuevo León, Sonora y Chihuahua, para pedir que se cancelen, apoyados en esta resolución que tiene carácter de sentencia definitiva".

Principio del fin de la persecución

La determinación de la procuraduría capitalina "es el principio del fin del supuesto fraude por 55 millones de dólares", indicó Rivero.

A su vez, Marco Antonio del Toro, otro integrante del equipo de abogados de Gómez Urrutia, recordó el caso que dio inicio a la "persecución" contra el líder minero.

"El caso jurídico comenzó en la Procuraduría General de la República (PGR), que ejercitó acción penal contra Napoleón, pero jueces federales le negaron las órdenes de aprehensión por lavado de dinero.

"El Ministerio Público Federal apeló y perdió el recurso, por lo que empezó otra averiguación previa por delito financiero, pero nada pudo hacer, porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le rindió un informe diciéndole que el fideicomiso se había manejado adecuadamente, y con eso ató las manos a PGR.

"Después vino una segunda etapa, en la que con las mismas pruebas y los mismos hechos, trabajadores del sindicato minero, auspiciados por el depuesto líder Elías Morales, presentaron denuncias en Sonora, San Luis y Nuevo León.

"En las primeras entidades se libraron órdenes de aprehensión por fraude, y luego Nuevo León se declaró incompetente y turnó (el caso) al DF.

"Aquí se libró una tercera orden de captura. Después, la PGR se declaró incompetente en el expediente 'madre del caso', y como no pudo lograr ninguna orden de captura por lavado de dinero o delincuencia organizada, turnó la averiguación previa a la PGJDF.

"Es en este punto donde las autoridades capitalinas decretaron ayer el no ejercicio de la acción penal, resolución que tiene el carácter de sentencia definitiva", señaló Del Toro.

Añadió que como todas las órdenes de aprehensión, causas penales y averiguaciones previas abiertas en diversas entidades parten de los mismos hechos, "es cosa nada más de comparecer ante las distintas autoridades con esta resolución firme para pedir el sobreseimiento de las causas y que se entierre el caso definitivamente", aseguró.

De su lado, el abogado Juan Rivero indicó que si bien la PGR aún mantiene abierta una averiguación previa contra Gómez Urrutia por delincuencia organizada, "lo que nos queda claro es que a partir de este no ejercicio de la acción penal, la autoridad federal se queda sin armas para continuar las pesquisas.

"Sería imposible que pudieran continuar investigando a un líder sindical por delitos de delincuencia organizada, o que buscaran acreditarle lavado de dinero, cuando ya quedó demostrado que la base de la acusación (fraude) nunca ocurrió, y que no se desvió ningún dinero.

"Entre hoy y la próxima semana pediremos a la PGR que también cancele la única averiguación previa que tiene abierta la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y de salir bien las cosas, estamos hablando de que en muy poco tiempo Napoleón estará regresando a México", puntualizó.

Durante el sexenio del presidente Vicente Fox, la PGR acusó al dirigente minero de lavado de dinero, con el argumento de que al menos 35 millones de los 55 millones de dólares que formaban parte de un fideicomiso abierto hace 20 años por el SNTMMSRM -dinero transferido del sistema financiero a cuentas bancarias de familiares y allegados de Gómez Urrutia, tanto en México como en el extranjero- eran de dudosa e ilícita procedencia.

Además, la autoridad investigadora lo responsabilizó de haber adquirido, con dinero presuntamente de procedencia ilícita, una casa ubicada en la ciudad de México, cuyo valor es superior a un millón de dólares. La vivienda fue comprada por el depuesto dirigente minero y la puso a nombre de uno de sus hijos.