Dan a la Cámara más pruebas de los delitos de lesa humanidad del Ejecutivo oaxaqueño

Exige la APPO reactivación inmediata del juicio político contra Ulises Ruiz

Advierten a Diódoro Carrasco que de no hacerlo violará la ley de servidores públicos

ROBERTO GARDUÑO

La fracción del PRD en la Cámara de Diputados y un grupo de dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) exigieron al presidente de la Comisión de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, que abandone su postura omisa y reactive de inmediato el proceso de juicio político contra el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.

A casi un año de iniciada la movilización social en aquella entidad, y la posterior represión de ésta por las fuerzas policiacas, la APPO exigió a Carrasco Altamirano -ex priísta y ahora integrante de la bancada del PAN en San Lázaro- que actué de inmediato y convoque a la Subcomisión de Examen Previo, encargada de los procesos de juicio político, para emprender los trabajos que conduzcan a elaborar un dictamen de procedencia, porque, de lo contrario, violará la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Durante dos horas, una veintena de integrantes de la APPO, acompañados por la legisladora perredista Aleida Alavez, se entrevistaron con el también ex gobernador de Oaxaca, a quien entregaron un legajo con mayor cantidad de pruebas que sustentan la responsabilidad de Ulises Ruiz en delitos de lesa humanidad.

La representante perredista refirió ante Carrasco Altamirano, quien también como priísta fue secretario de Gobernación, que entre un sector numeroso de la sociedad oaxaqueña persiste malestar porque la demanda de juicio político se mantiene congelada.

La respuesta del ahora panista redundó en que en el curso de la próxima semana se reactivará el procedimiento.

A decir de la diputada Alavez, al presidente de la Comisión de Gobernación se le recordó que sobre Ulises Ruiz pesan acusaciones tan serias como violación a las garantías individuales, entre ellas, "la más grave", aquellas concernientes a 26 muertes. "El gobernador de Oaxaca también es responsable de criminalizar la movilización social, porque intenta desactivarla con una estrategia de violencia que es inadmisible".

Fue Gilberto Hernández Santiago, integrante de la APPO, quien informó que se presentó a Carrasco Altamirano una relación histórica de los hechos de violencia contra el movimiento social en su estado.

"Ulises Ruiz aplicó una estrategia contrainsurgente, con escuadrones de la muerte y la siembra de droga entre los integrantes de la APPO al momento de ser detenidos por la policía. En Oaxaca siguen sin respetarse las libertades individuales. Por tal razón, exigimos a Diódoro Carrasco, quien ya está violando la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que resuelva el proceso de juicio político, porque el gobernador mantiene una estrategia mediática para acallar el movimiento social".

Su compañera María del Carmen López también demandó al gobierno federal que no asuma una posición omisa, porque de él depende, en gran parte, que Ulises Ruiz continúe en la impunidad.

"Decimos al gobierno federal que no se vuelva cómplice de lo que está pasando en Oaxaca, y a los diputados les demandamos que no asuman consignas contra el movimiento social, que cumplan el mandato del pueblo oaxaqueño, porque con su presencia, Ulises Ruiz, viola la paz en la entidad."