Injusticia hacia los migrantes
Paradójicamente, la oposición combinada de conservadores antimigrantes y liberales proinmigrantes bloqueó el pasado jueves la posibilidad próxima de contar en Estados Unidos con una nueva ley de migración. Pareciera que la estrategia radical republicana consistió en oponer y propiciar enmiendas, hasta el punto de que en poco más de dos semanas ya se contabilizaban 284, en una inusual iniciativa de más de 400 páginas. Ahora la esperanza se deposita en la Cámara de Representantes, y en su habilidad para desempantanar y consensuar con el Senado y el Ejecutivo una nueva iniciativa antes del receso de verano, en agosto de este año.
Sin embargo, los principales elementos de la legislación que todavía no han sido dilucidados y aprobados en esa cámara, y que tendrían que favorecer y hacer justicia a los migrantes, son otra vez el proceso para otorgarles ciudadanía, el programa de trabajadores huéspedes, y la intención de condicionar la aplicación de la ley al "reforzamiento de las fronteras".
Por lo que se refiere al primero, que implica la legalización de más de 12 millones de personas que ya viven en Estados Unidos, quienes se oponen lo denominan alevosamente "amnistía". Probablemente se apliquen también algunas restricciones, como el pago de cuotas para solicitarla, el pago retroactivo de impuestos, que no se tengan antecedentes penales, y que se posea un suficiente dominio del inglés y de los derechos y deberes ciudadanos.
Los migrantes y sus organizaciones, así como las instituciones que se solidarizan con ellos, apoyan en cambio una ruta más expedita hacia la ciudadanía, porque consideran que es impráctico tratar de borrar de un plumazo a 12 millones de personas, y enviarlas de regreso a sus países. La mayoría de ellas ha estado además en Estados Unidos durante muchos años, y ha contribuido con su trabajo e impuestos. Llevarlo a cabo dividiría también injustamente a sus familias. Por ello, a los obispos católicos y a muchas otras organizaciones religiosas les gustaría que cambiaran algunas cosas que les preocupan. Es exorbitante, por ejemplo, la penalización de 5 mil dólares por haber permanecido ilegalmente en el país. Esto a muchos de los migrantes les resultaría imposible de pagar, luego de añadir el costo de la solicitud por la nueva visa, lo que los obligaría a seguir siendo indocumentados.
De acuerdo con las iniciativas que allí se discuten, para poder adquirir la residencia legal por lo menos uno o más de los integrantes de las familias deben salir temporalmente de Estados Unidos, a excepción de las madres solteras, los discapacitados, los ancianos y los niños. Algunos incluso desean que todos los indocumentados salgan, para poder formalizar su solicitud y ser aceptados, lo que sería una carga imposible para muchos y provocaría aglomeraciones en los consulados y fronteras.
Para determinar cuál de las solicitudes debe ser procesada primero, se propone desarrollar un complicado sistema de puntos (fomentado por el presidente Bush), que se basa en educación, tiempo de permanencia en Estados Unidos y otras habilidades, en lugar de tomar en cuenta el orden en que se presenten las peticiones. Esto complicaría las cosas y discriminaría a los trabajadores con menos educación, además de que favorecería las aptitudes por encima de las familias. Por lo demás, este sistema limitaría también en el futuro las posibilidades de personas que vivan fuera de Estados Unidos y que quieran entrar por medio del apoyo de miembros legalizados de su familia.
Las instituciones y organizaciones solidarias consideran igualmente que el límite de visas de residencia legal que serán distribuidas por país cada año debe ampliarse, porque si no los postulantes tendrán que esperar mucho tiempo, el cual podría extenderse por más de 20 años. Para ellas, los indocumentados con familiares legalizados deben tener preferencia, con el fin de promover la unidad familiar, y no deberían ser incluidos en el límite de visas por país.
Esperar además a que se consolide la seguridad en la frontera, antes de llevar a cabo el proceso de legalización, pospondría la solución que en principio busca esta ley: legalizar a millones de personas. Establecer, igualmente, un sistema de verificación laboral electrónico, convertiría a los patrones en policías, con lo que se anularía la justificación de dicho sistema. Desafortunadamente existen también quienes quieren aumentar las restricciones por antecedentes penales, para que se incluyan los delitos menores; y de conformidad con otra propuesta se crearía una visa "Z" para indocumentados, que los autorizaría a solicitar la residencia permanente después de ocho años. Desafortunadamente esto no permitiría que los miembros inmediatos de su familia se unieran al trabajador solicitante hasta que fuera aprobada la petición de permiso laboral (green card) por un mínimo de ocho años. También sería requisito que el trabajador con esta visa regresara a su país, para solicitar entonces el permiso laboral.
En general los migrantes y sus organizaciones luchan por un generoso camino hacia la ciudadanía, no quieren un programa acortado de trabajadores huéspedes o temporales, y apoyan las provisiones que fortalezcan su unidad familiar y limiten la militarización de la frontera. Todos los consulados mexicanos tendrían que estar en estos momentos de su lado.