Transparencia sindical, avances y limitaciones
La transparencia sindical se ha convertido en un tema fundamental de la agenda por la democratización del sindicalismo, en la medida que crea condiciones para la participación de los trabajadores en el rescate de sus instituciones, también para identificar vicios y complicidades.
Ocultar datos relativos a los sindicatos, su liderazgo formal o al contenido de la contratación colectiva, inhibe el ejercicio de los derechos y la organización de los trabajadores. Romper los obstáculos supone muchos cambios, algunos básicos, como el derecho ciudadano de acceder a la información que guardan las autoridades laborales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y las juntas de Conciliación y Arbitraje. Conviene identificar las etapas de este proceso de apertura.
La primera iniciativa de acceso público a la información sobre los sindicatos registrados en la STPS, la promovió hace 10 años Javier Moctezuma Barragán en su carácter de subsecretario del Trabajo. El uso de Internet fue un buen principio; sin embargo, la información era limitada, al no relacionar sindicatos con los centros de trabajo. El segundo paso lo dio el Gobierno del Distrito Federal en la época del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas: el tribunal laboral local colocó en Internet información de los sindicatos que operaban en esta ciudad, si bien datos limitados a la identificación de los contratos colectivos, sin incluir su contenido. Se inició así el proceso de transparencia sobre un instrumento laboral clave en las relaciones laborales, en el que se concretan los mecanismos de manipulación sindical.
Un tercer avance se concretó durante la jefatura de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) del Distrito Federal amplió la información ya existente en Internet, abarcando la totalidad de los contratos colectivos y clasificando datos fundamentales sobre su contenido, distinguiendo los que se mantenían en los mínimos de ley de aquellos producto de la negociación que incluían prestaciones laborales superiores. Esta identificación fue primordial para diferenciar los contratos colectivos falsos de los auténticos; se empezaron a dar a los trabajadores copias de estos contratos. Los reflectores sobre la cueva siniestra del contratismo de protección se habían encendido.
Un cuarto impulso partió del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), al resolver recursos de ciudadanos a quienes se negaba información sobre el contenido de contratos colectivos depositados en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), e información sindical en poder de la STPS. Destaca la ponencia de la entonces comisionada presidenta María Marván Laborde a favor del reclamo de un grupo de trabajadores de la empresa Uniroyal, que exigían información sobre la toma de nota, el padrón de socios y los estatutos de su sindicato. El pleno del IFAI formuló un alegato teórico y jurídico de gran valía, que ha venido enriqueciendo, dejando en claro que cualquier ciudadano tiene derecho a acceder, sin condiciones previas, a los documentos que obran en sus archivos oficiales, tanto en el ámbito de registro de asociaciones como de contratos colectivos.
A partir de 2006, la STPS y la JFCA asumieron la decisión de abrir sus archivos y permitir el acceso público a la información que ordenaba el IFAI. En algunos capítulos, la página de Internet indica que aún está en construcción. Por su lado, la JLCA del DF también amplió su espectro informativo al ámbito del registro de asociaciones.
Las etapas de apertura informativa parecen un proceso frío y técnico; sin embargo, tienen un profundo valor social y jurídico, por lo que es importante se consoliden y amplíen, a fin de facilitar su aprovechamiento práctico. La apertura debe superar muchos temores infundados de agoreros del desastre, siempre reticentes a que la ciudadanía ejerza sus derechos más elementales. Todavía recordamos las pláticas con motivo de la reforma laboral de 2001 a 2003: la gran resistencia de líderes sindicales, empresarios y autoridades laborales a esta apertura informativa. Se argumentaba que existían secretos industriales en los contratos colectivos y que su publicidad ocasionaría un incremento gigantesco de los juicios de titularidad contractual; su verdadera preocupación era mantener los mecanismos de control gremial existentes, y también por ello se negaron a admitir la propuesta de crear un registro público de sindicatos y contratos colectivos, como organismo público autónomo. El tema sigue pendiente.
Si bien es importante reconocer avances, es lamentable que el proceso de apertura informativa esté limitado al centro del país. En las juntas de Conciliación y Arbitraje estatales no identificamos progreso alguno, subsiste la añeja resistencia a brindar información, como expresión de una cultura de complicidad con los beneficiarios del control gremial y del sindicalismo de protección. Este atraso lesiona a millones de trabajadores impedidos de esta elemental información. Atendiendo a una investigación inicial en los estados de México, Nuevo León, Jalisco, Michoacán y Querétaro, gobernados por distintos partidos políticos, confirmamos que la opacidad en esta materia se mantiene intacta: se rechaza cualquier solicitud informativa considerándola secreto de Estado, y en sus juntas de Conciliación y Arbitraje no existe portal de Internet.
Estos y otros temas serán tratados en la Semana Nacional de la Transparencia, organizada por el IFAI, que se llevará a cabo del 11 al 13 de junio. El primer día se presentará a las 19 horas en Casa Lamm el libro Derecho a saber, un esfuerzo colectivo más en favor de la claridad que tanto necesitamos.