Editorial

Un plan México, atentado contra la soberanía nacional

El combate contra el narcotráfico no puede ni debe basarse en decisiones que impliquen poner en entredicho la soberanía nacional, y mucho menos si provienen de Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo y el principal abastecedor de armas de alto poder de las mafias mexicanas: mecanismos como el plan Colombia, que podrían aplicarse en México, son clara muestra de los daños y perjuicios que provocan esta clase de propuestas diseñadas de acuerdo con los intereses de Washington.

A mediados de mayo, el diario The Dallas Morning News advirtió que la Casa Blanca y el gobierno del presidente Felipe Calderón estaban negociando un plan México. Ayer el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Silvestre Reyes, informó que el gobierno mexicano requirió mayor asistencia para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, lo que Washington está dispuesto a atender. Se trataría de un esquema similar al plan Colombia -sin la participación en el terreno de militares estadunidenses-, que implicaría brindar adiestramiento a fuerzas del orden mexicanas, intercambiar información y aportar otros recursos. Sobre armamento, Reyes precisó que esa cuestión se analizaría posteriormente y que la decisión final de su gobierno sobre un plan México, que entraría en vigor posiblemente en dos meses, se daría a conocer en un par de semanas.

El establecimiento de una estrategia de este tipo sólo puede ser perjudicial para el país, ya que no reducirá los elevados niveles de violencia producidos por el crimen organizado ni disminuirá el volumen del narcotráfico. En Colombia, su plan ha convalidado la participación de las fuerzas armadas en labores policiacas, con los consiguientes incidentes en donde civiles han sido atacados por efectivos castrenses, intencionalmente o por confusión. En este contexto, el reciente incidente en La Joya, Sinaloa, donde dos mujeres y tres niños fueron ultimados en un retén militar, es sólo una muestra de lo que podría ocurrir.

Por otra parte, el plan Colombia, fraguado en 1999, ha sido un fracaso rotundo ya que no ha logrado reducir los niveles de narcotráfico: actualmente en esa nación existen unas 144 mil hectáreas de cultivos ilícitos, según el Departamento de Estado. Al respecto, cabe señalar que las fumigaciones de narcocultivos -uno de los ejes centrales del plan Colombia- han sido completamente ineficaces, afectaron tierras aptas para la agricultura, y la salud de los campesinos que las ocupan, como han denunciado defensores de los derechos humanos.

Adicionalmente, el plan Colombia ha abierto la puerta a la intervención de los soldados estadunidenses bajo la figura de consultores militares en la lucha contra el narcotráfico, quienes realizan labores de inteligencia, de vigilancia y de entrenamiento de efectivos del ejército y la fuerza aérea colombianos. Aunado a esto, Washington ha proporcionado miles de millones de dólares en pertrechos militares (aviones, helicópteros, radares y bombas, entre otros). Pero esta ayuda y este material han sido empleados también en la lucha del gobierno colombiano contra los movimientos insurgentes, generando aún más violaciones a los derechos humanos.

Estas características del plan Colombia dejan en claro que este no es el camino adecuado para combatir el narcotráfico, por lo que urge que el gobierno mexicano privilegie estrategias con un enfoque integral, con medidas estrictamente policiales e iniciativas de prevención de los delitos y del consumo de estupefacientes sin poner en juego la soberanía nacional.