El fallo será acatado, señala el consejero presidente
El máximo tribunal no entró al fondo del asunto, critica Ugalde
El Instituto Federal Electoral (IFE) acatará el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le impide promover recursos de controversia constitucional como el interpuesto contra la presunta injerencia de la Cámara de Diputados, al recortarle 720 millones de pesos en su gasto operativo. Al no entrar al fondo del asunto ''el fallo no aclara si la Cámara puede restringir al instituto para determinar las prerrogativas de los partidos'', dijo el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde.
A su vez, el consejero electoral Arturo Sánchez señaló que el IFE buscó una definición jurídica sobre la controversia y su contenido, pero sólo obtuvo una respuesta parcial sobre la inviabilidad del recurso. Sin embargo, ''¿puede un órgano como la Cámara de Diputados definir las características del presupuesto de un órgano autónomo? Esa pregunta sigue en el aire, ese debate sigue abierto''.
Al ofrecer una conferencia de prensa, la mayoría de los consejeros consideraron que el impacto real de la resolución no sólo está dirigida al instituto, sino al conjunto de los órganos autónomos. Por ello, llamaron a incorporar el tema en las discusiones de la próxima reforma del Estado, establecer una definición clara de los legisladores para fortalecer la autonomía de los diferentes órganos facultándolos para promover estos recursos y evitando su indefensión jurídica.
Duda razonable
Ugalde justificó que el IFE haya acudido a la controversia constitucional para tratar de dirimir sus diferencias en materia presupuestal con la Cámara de Diputados. Hasta antes del día de hoy, dijo, ''no era claro si el IFE y otros órganos autónomos podían o no acudir a la controversia. Era nuestra obligación ir ante el tribunal constitucional para aclarar esta importante duda''.
La resolución se centró exclusivamente -subrayó Ugalde- en la definición sobre las posibilidades del instituto de interponer el recurso, ''es decir, definió la forma, no el fondo''. Esta consideración, agregó, sienta bases para una reflexión muy importante a futuro para determinar si el IFE y los órganos autónomos ''requieren de un medio de defensa constitucional cuando sus facultades exclusivas puedan ser invadidas por otros órganos de Estado''. Recordó que el IFE había absorbido el recorte de 720 millones de pesos en los términos ordenados por la Cámara de Diputados, que había dispuesto que esta reducción al presupuesto del organismo debería circunscribirse al gasto operativo, dejando intactas las prerrogativas de los partidos políticos.
Con esta resolución, dijo, lo que queda es mantener el ejercicio presupuestal del instituto en sus términos; no habrá ninguna modificación a lo dispuesto por los legisladores, a quienes de nueva cuenta instó a reflexionar sobre las necesarias modificaciones legales en este ramo.
Al cerrar las discusiones sobre el recurso interpuesto por el IFE mediante esta vía, los ministros dejaron en el aire todos los cuestionamientos que expuso el organismo en su recurso relacionado con la acusación contra la Cámara sobre la invasión de facultades. En el escrito, el instituto subrayaba que el decreto del presupuesto no podía ''legalmente arrebatar esta garantía tendente al cumplimiento de sus funciones''.