Presentan ONG casos de asesinatos en los que intervinieron efectivos castrenses
Exigen investigar denuncia de agentes de PFP e INM por abusos de militares
Solicitan al Ejecutivo que evalúe la participación del Ejército en tareas de seguridad
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Defensa de Derechos Humanos exigieron que se abra una investigación por la denuncia que hicieron agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y del Instituto Nacional de Migración (INM) contra militares, por "abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y golpes".
Esto, subrayaron los dos organismos no gubernamentales (ONG), "demuestra la enorme discrecionalidad con que actúan y es un ejemplo de que no tienen mecanismo de control", hechos que propician abusos y arbitrariedades.
Por su parte, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) denunció ayer que ante los casos de violación de derechos humanos cometidos por militares en distintos lugares del país, durante los operativos que puso en marcha el presidente Felipe Calderón, se comprueba que "el Ejército goza de impunidad ante los abusos del uso de la fuerza", y es una muestra de que el gobierno federal está dispuesto a encubrirlos en aras de mantener la iniciativa de seguridad nacional ante el incremento de la violencia del crimen organizado y la ineficacia de las policías para combatirlos.
El director de la CMDPDH, Fabián Sánchez, subrayó que las denuncias de policías contra militares y las agresiones de elementos castrenses contra civiles son ejemplos de que el Ejército "ni está facultado ni tiene la capacitación para realizar labores de seguridad pública. Este tipo de situaciones -abusos, arbitrariedades, violación de derechos- se van a seguir presentando no sólo por parte de las dependencias del gobierno, sino como en los casos recientes, como el de la familia que fue asesinada en Sinaloa por militares y lo ocurrido en Tamaulipas, donde en un retén los soldados dispararon sobre un vehículo y mataron a un civil".
A su vez, el secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez, destacó que la denuncia que presentaron agentes de la PFP y del INM contra militares debe ser investigada para determinar qué ocurrió. Consideró que esto es una muestra más de que "la participación de los miembros de las fuerzas castrenses en tareas de seguridad pública se realiza con enorme discrecionalidad, no cuentan con mecanismos de control y por eso se propician abusos".
Agregó que debido a que no cuentan con una delimitación precisa de sus funciones en el ámbito de seguridad pública, se deja abierto el campo para que los militares cometan arbitrariedades. Esa denuncia, por lo ocurrido en Baja California, no es aislada. Ahí está el caso de Sinaloa, donde militares dispararon contra un vehículo y mataron a cinco personas. También está el de Michoacán, donde se llegó a imponer "un estado de excepción de facto en los municipios donde se aplicó el operativo y no hubo mecanismos de control".
A su vez, el Cencos dio a conocer "un recuento de daños producto de abusos de militares como justificación de la guerra contra el narcotráfico". Da cuenta de lo ocurrido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde en un retén los militares le marcaron el alto a una camioneta, y como el chofer, Jesús Alonso Saucedo, no pudo detener su marcha, "fue atacado con una ráfaga de disparos, y el copiloto Adrián Salazar Hernández fue asesinado. Esto ocurrió el 3 de junio anterior. Otro caso similar ocurrió en Reynosa, donde soldados que estaban en un retén abrieron fuego contra un automóvil y mataron al copiloto".
Otro caso, también en Tamaulipas, ocurrió en el municipio de Miguel Alemán, donde en el festejo del Día de las Madres "un grupo de militares irrumpió y disparó en el interior del auditorio municipal, y en el tumulto dos mujeres resultaron heridas".
El Cencos refiere además lo ocurrido en Sinaloa el primero de junio de 2007, cuando los militares que estaban en un retén abrieron fuego sobre una camioneta y mataron a cinco de los ocupantes, entre ellos tres menores de edad.
Un caso más, refiere el Cencos, es el de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, quien fue violada por militares y horas después falleció.
La Red y la CMDPH destacaron que es necesario que ante esta cadena de hechos violatorios de derechos humanos, el Ejecutivo federal evalúe la participación de los militares en tareas de seguridad pública, además de que se revise el fuero castrense, porque hoy "la justicia militar, como está integrada, no garantiza imparcialidad en las investigaciones".