Condena la ONU el asesinato de seis civiles colombianos perpetrado por soldados
Insisten las FARC en el retiro del ejército para negociar el canje de rehenes por presos
Santafe de Bogotá, 12 de junio. La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) insistió hoy en su exigencia de que el gobierno del presidente Alvaro Uribe retire sus fuerzas armadas de una zona montañosa del suroeste del país, como condición para negociar un canje de secuestrados por rebeldes presos.
Este primer pronunciamiento oficial de la mayor insurgencia tras la excarcelación del llamado "canciller" Rodrigo Granda por parte de Uribe, a solicitud de su par francés Nicolas Sarkozy, se produjo al tiempo que la Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó el homicidio de seis civiles perpetrado el pasado domingo por dos soldados supuestamente ebrios.
Raúl Reyes, número dos de las FARC, "agradeció" a Sarkozy por su gestión ante Uribe para lograr la liberación unilateral de Granda, pero afirmó que ese grupo nunca pactó con Francia su excarcelación. Además, dijo, el secretariado es el que nombra o autoriza a los voceros de la organización rebelde en todos los temas.
A su vez, Granda dijo no sentirse desautorizado por la cúpula guerrillera al descartar que él pueda ser su portavoz para realizar contactos que faciliten el intercambio humanitario de decenas de rehenes por cientos de rebeldes encarcelados.
En ese contexto, Cuba se declaró "dispuesta" a prestar su territorio para los acercamientos hacia un canje de secuestrados por rebeldes presos, y si así se determina recibiría a Granda para que adelante allí las gestiones pertinentes, por lo que sólo espera un pronunciamiento de Colombia.
"Siempre que las dos partes implicadas en el conflicto nos lo pidan, Cuba siempre estaría lista a cooperar. Si Cuba puede contribuir en algo a esta situación, Cuba lo consideraría", expresó el embajador cubano en Bogotá de Santafé, José Antonio Pérez, en declaraciones a la televisora privada colombiana TV RCN.
En entrevista con Lázaro Vivero, ex asesor de paz y periodista independiente, el jefe rebelde Reyes aseguró que la decisión del presidente Uribe de excarcelar a rebeldes presos, "más que un gesto unilateral son campañas mediáticas con fines políticos con las cuales se persiguen beneficios electorales". Aseveró: "lo único serio y destacable es la petición del presidente de Francia".
Añadió: "Sin la desmilitarización de Florida y Pradera, las FARC no pueden aceptar encuentros con representantes del actual gobierno colombiano. Voceros plenipotenciarios de las FARC se reunirán con los del gobierno en los municipios desmilitarizados; no existe ninguna opción de reuniones sin esta garantía".
Por otra parte, Raúl Reyes admitió que el hijo que tuvo en cautiverio Clara Rojas -secuestrada hace cinco años junto con la franco-colombiana Ingrid Betancourt- merece otra forma de vida, al igual que los de rebeldes nacidos en las cárceles.
El presidente Uribe le confirió a Granda la calidad de "representante" de las FARC "para realizar gestiones de paz", mediante un decreto expedido tras su excarcelación la semana pasada, con el que pretende forzar un canje de secuestrados por rebeldes presos, acorde con presiones de Francia que quiere se libere a Betancourt.
Mientras, cuatro guerrilleros y tres militares murieron en combates en una zona rural del departamento de Tolima.
En otro orden, la Procuraduría General de Colombia solicitó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Diputados que estudie si inicia una investigación contra el presidente Uribe, pues presuntamente intervino en la campaña política en el lanzamiento de varias candidaturas para alcaldes.
Por su parte, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló este martes aquí que "lamenta y condena el homicidio de seis personas, entre ellas un menor de edad, perpetrado por dos soldados en estado de embriaguez, en la inspección de Basillas, departamento de Caquetá".
El comunicado agregó: "La oficina toma nota de la actuación pertinente del general Gustavo Matamoros, comandante de la quinta división del ejército, quien informó que los soldados fueron capturados y que la Fiscalía General de la Nación se encargará de investigar, juzgar y sancionar estos graves hechos".
Por su parte, los dos miembros del ejército se declararon culpables del asesinato, al tiempo que pidieron el perdón de los familiares de las víctimas.
El pasado domingo los dos soldados, quienes fueron retirados de sus cargos, asesinaron presuntamente bajo los efectos del alcohol a seis personas en el selvático departamento de Caquetá (sur).
De su lado, el comandante en jefe del ejército colombiano, general Mario Montoya, condenó el accionar de los uniformados y explicó que la justicia civil se encargará de juzgarlos, además de que informó a la prensa que podrían ser condenados a 40 años de prisión por ese crimen.