Rechazan Madres de Plaza de Mayo críticas del arzobispo Jorge Bergoglio
Publica diario documento de la dictadura uruguaya que sirvió para fichar y desaparecer a opositores
Buenos Aires, 12 de junio. La Dirección de Inteligencia Policial de Uruguay (DNII) envió en 1981 un documento al Ministerio del Interior en que informaba haber interrogado y "fichado" a 300 mil uruguayos para controlar antecedentes y conocer posiciones político-ideológica de funcionarios públicos, lo que sirvió para detener y desaparecer a miles de ciudadanos durante la pasada dictadura (1973-1985).
El documento enviado por el entonces director de la DNII, Víctor Castiglione, fue publicado por el diario La República de Montevideo, en el contexto de una investigación sobre detenidos desaparecidos cuyos resultados fueron entregados hace unos días al presidente Tabaré Vázquez.
Destituciones, torturas, persecuciones en terceros países, desapariciones y exilio forzados, todo esto sucedió en Uruguay con aquellas listas enviadas a otros países en el esquema de la Operación Cóndor de las dictaduras del Cono Sur.
La información procedente de Montevideo causó revuelo en Argentina, donde los organismos humanitarios rechazan una ley antiterrorista, por la que presiona Estados Unidos, que ya obtuvo media sanción del Senado argentino, el pasado 7 de junio.
En Paraguay, la Cámara de Diputados también dio, en mayo pasado, su media sanción a esta legislación, que según opinión de expertos "abre las puertas a la persecución política y social".
Tanto en Paraguay como en Argentina la ley antiterrorista se votó apresuradamente bajo fuerte presión de Estados Unidos o instituciones dependientes de Washington.
Organismos humanitarios de Argentina coinciden con sus pares de Paraguay en que "la norma criminaliza la lucha por la tierra, las luchas sociales y será herramienta legal para perseguir a los luchadores antimperialistas acusándolos de terroristas".
Asimismo, diversos organismos humanitarios argentinos expresaron su preocupación ante la posibilidad de que sus logros, como la recuperación de varios centros clandestinos de detención utilizados por la dictadura militar argentina (1976-1983), se vean afectados si el próximo 24 de junio resulta triunfador el empresario y candidato derechista Mauricio Macri, en la segunda vuelta electoral para elegir al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Macri, candidato de Propuesta Republicana (PR), apoyado por la derecha e incluso personajes que reivindican la dictadura militar, nunca se ha referido a la política de derechos humanos que implementaría su gobierno en caso de triunfar.
Los centros recuperados como la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), El Atlético, El Olimpo y Automotores Orletti, así como el que ocupó la Aeronáutica en la calle Virrey Cevallos, constituyen símbolos temibles del terrorismo de Estado de la pasada dictadura castrense.
En este contexto, Estela Carlotto, de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, respondió a las declaraciones del arzobispo Jorge Bergoglio, quien en la misa de Corpus Christi, el pasado 9 de junio, criticó "la falta de diálogo institucional" y a los que "maldicen hacia atrás porque intentan sacar ventaja para el presente".
El religioso mencionó además la necesidad de "bendecir nuestro pasado" al advertir que "lo que fue pecado e injusticia también necesita ser bendecido con el perdón, el arrepentimiento y la reparación".
Carlotto respondió que "por mantener el silencio, en este país tuvimos 30 mil desaparecidos y 560 niños apropiados por los represores". Agregó que las críticas de Bergoglio no contribuyen al diálogo necesario entre la Iglesia y el Estado en un momento "muy delicado de esa relación".