A punto de entrar en vigor, reformas que criminalizan posesión de predios irregulares

Crean frente pro vivienda en Guanajuato

MARTIN DIEGO RODRIGUEZ

Guanajuato, Gto., 12 de junio. A tres días de que entren en vigor las reformas al Código Penal de Guanajuato que castigan con cárcel la venta, promoción y posesión de lotes irregulares, organizaciones sociales que dicen representar a más de un millón de personas que poseen bienes inmuebles en esa condición formaron el Frente Guanajuatense para la Defensa de la Vivienda Popular y propusieron al Congreso local una modificación integral en materia de vivienda, según Juan José Sánchez Rivera, vocero de esa agrupación.

El jueves pasado se aprobó la enmienda al Código Penal que tipifica como delito grave vender, promover y poseer asentamientos humanos irregulares, concepto ''que no tiene una definición específica y jurídica en lnuestra Constitución, por lo que ahí caben desde nuestros fraccionamientos en vías de urbanización progresiva hasta los grandes empresarios inmobiliarios que inician la preventa de lotes cuando apenas tienen el permiso de lotificación'', expuso.

Pero ''quienes resultarán más perjudicados, por lo ambiguo de la redacción de la ley, serán los adquirientes de esos lotes en vías de urbanización progresiva que, según datos oficiales, son más de un millón 200 mil guanajuatenses pobres, ante la falta de reconocimiento de las autoridades municipales'', precisó Roberto Fernández, representante del grupo Colonos en Urbanización Progresiva de León.

Aseguró: ''No es por nosotros que estamos en la irregularidad, sino por las mismas autoridades, pues mientras en la Ley de Fomento a la Vivienda para Guanajuato se reconoce la existencia de promotores de fraccionamientos en urbanización progresiva, en los municipios los llaman fraccionamientos irregulares, y ante los diputados panistas ahora resultamos delincuentes y tenemos que pagar con cárcel el no pretender lucrar con la necesidad de quienes no cuentan con un techo ni con dinero para comprarlo'', advirtió.

Diputados del PRI y el PVEM se manifestaron por vetar las reformas, lo que es facultad del gobernador, y por que ''en lugar de criminalizar a los pobres se haga un marco jurídico para regularizar lo que hay para después hacer cumplir la ley'', dijo Daniel Gómez, del Verde.

Durante la integración del Frente Guanajuatense para la Defensa de la Vivienda Popular se expuso ''la necesidad de una reforma integral que promueva el ordenamiento urbano de los municipios y comience a reconocer a quienes llevamos más de una década pidiendo entrar en la legalidad, antes de comenzar con penalizar actividades en las que participan promotores, adquirientes, secretarias, cobradores, notarios y abogados'', según Roberto Cáceres Serrano, representante de la agrupación Organizaciones Civiles para la Vivienda Popular.

Hoy se confirmó que la tarde del lunes varios empresarios, entre ellos Raúl Espinosa González y Alejandro Sierra Villafaña, presidentes de la Cámara de Desarrolladores de Vivienda y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, respectivamente, se reunieron en secreto con el secretario de Gobierno, Gerardo Mosqueda Martínez, y con los diputados panistas José Guadalupe Vera Hernández y Ruth Esperanza Lugo, a fin de ''charlar sobre las iniciativas''.

Vera Hernández, impulsor de la iniciativa, quien busca ser candidato a la presidencia municipal de León, en cuyas avenidas ha colocado espectaculares con el lema ''Di no a los fraccionamientos irregulares'', es vinculado con empresarios de la construcción.

De hecho, fue presidente del Instituto Municipal de la Vivienda (2003-2006) y se le acusó de favorecer al empresario Oscar Flores Pérez, presidente de la empresa Casas Flopper, quien enfrentó un proceso penal por despojo.