Insuficiente, la recomendación de la CNDH, afirman
Pide APPO a la Corte indagar la violación de garantías en Oaxaca
Oaxaca, Oax., 15 de junio. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) ejercer su facultad de atracción e investigar las violaciones a los derechos humanos en el estado, porque "no basta solamente" la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para castigar a los culpables de la represión.
"Una recomendación no es obligatoria y, por tanto, los asesinos (el ex presidente Vicente) Fox, el tirano (el gobernador Ulises Ruiz Ortiz), Carlos Abascal (ex secretario de Gobernación) y demás cómplices seguirán en la impunidad", afirmó Florentino López Martínez, uno de los voceros del movimiento popular.
Además, dijo, la recomendación "fue débil, a destiempo y no establece los mecanismos para castigar a los autores de la represión".
El vocero cuestionó "el titubeo" de algunos ministros de la SCJN para resolver el caso, porque "existen muchas pruebas y evidencias de las atrocidades cometidas" por los gobiernos federal y estatal para reprimir al pueblo oaxaqueño. "Hay más de 20 asesinatos, cientos de encarcelados injustamente, torturados y desaparecidos", señaló.
Así se refirió a la sesión en la cual cinco ministros de la SCJN se pronunciaron porque se investiguen las presuntas violaciones de derechos humanos y cuatro no, por lo que el próximo lunes, cuando se reanuden las discusiones, se conocerá la postura del ministro presidente Ortiz Mayagoitia y de Margarita Luna Ramos.
La víspera, en el contexto de la discusión de ministros de la SCJN para determinar si ese poder investiga los hechos del año pasado en la entidad, el ministro Genaro Góngora Pimentel afirmó que "si bien Oaxaca no continúa en llamas, está ardiendo internamente; la sociedad oaxaqueña está esperando justicia".
El gobernador Ulises Ruiz calificó hoy de subjetivas esas afirmaciones e invitó al ministro a que visite la entidad para constatar que todo está en calma, "no sé si conozca Oaxaca, pero que venga y vea que su apreciación es totalmente subjetiva".
El mandatario priísta informó que ya se reunió con el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, para mostrar la disposición de brindar todas las facilidades para que se investiguen los hechos relacionados con las presuntas violaciones de garantías individuales en la entidad.
Hoy mismo, el secretario general de Gobierno, Manuel García Corpus, pidió, a nombre del gobernador, "una disculpa pública por los acontecimientos que se derivaron después del día 14 (de junio del año pasado, cuando la policía intentó desalojar el plantón magisterial)". La población no tenía por qué padecer la incertidumbre y la violencia que se generó en esos meses, agregó.
Es la primera vez que el gobierno de Ulises Ruiz pide disculpas tras los sucesos del año pasado que, según cifras oficiales, dejó pérdidas económicas por más de 5 mil millones de pesos, y al menos 12 muertos, de acuerdo con la Procuraduría de Justicia del estado.
A un año de ese fallido desalojo, el secretario de Gobierno de Oaxaca confió en que en su asamblea de este sábado, los docentes determinen no boicotear la Guelaguetza, en julio próximo, y sobre el plantón que iniciarán en fecha próxima en el zócalo de la capital del estado, aseguró que se atenderán sus demandas para que regresen a las aulas.
El magisterio oaxaqueño realizó este viernes una ronda de asambleas delegacionales de información y consulta para determinar si aceptan o rechazan la propuesta de la Secretaría de Gobernación federal, aunque de momento no se pudieron conocer los resultados.
Ezequiel Rosales Carreño, secretario de Organización del movimiento magisterial, explicó que el ofrecimiento de Gobernación estriba principalmente en la oferta de 208 millones, como la primera de seis anualidades para la rezonificación de los 70 mil trabajadores de la educación, la cancelación de ocho de 20 órdenes de aprehensión, sin especificar identidad de maestros y activistas de la APPO acusados de diferentes delitos, y la entrega de 20 de 188 escuelas ocupadas por priístas y miembros de la recién creada sección 59 del SNTE.
Con información de Notimex