Traición en Pasta de Conchos
En los últimos años países tan diversos y con economías tan diferenciadas como China, Ucrania, Colombia, Rusia, Polonia, España, Estados Unidos y Argentina han vivido la pesadilla de explosiones, derrumbes o inundaciones en minas de carbón. En todos estos lamentables sucesos han fallecido entre cuatro y 115 mineros.
Sin embargo, sólo encontramos dos diferencias con lo ocurrido en México el año pasado en Pasta de Conchos. La primera, que en ninguno de los casos anteriores se deja a los trabajadores fallecidos en la mina. Y la segunda, que se castiga con severidad los casos de negligencia. En nuestro país, en cambio, ni se quiere rescatar a los mineros ni se castiga a los responsables.
La principal responsable de aquella tragedia, Industrial Minera México (IMMSA), cerró la mina desde hace más de dos meses, con base en dos peritajes sin ningún valor científico. Ante la queja de las familias, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) acordó con ellas el 12 de abril, entre otras cosas, hacer un dictamen para establecer estrategias que permitan el rescate de los restos de sus familiares, incorporar a los especialistas que designe la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (FITIM), a quienes las familias le habían pedido ayuda, así como a tres familiares como parte del equipo dictaminador, y darle mantenimiento a los galerones ya recuperados de la mina.
El acuerdo era importante, porque daba certeza a las familias de que el dictamen y las estrategias de recuperación serían el resultado honesto del esfuerzo de las partes para terminar con 16 meses de espera. Sin embargo, hace unos días las familias de los mineros comenzaron a deslindarse del dictamen. Y tienen razón. La STPS acordó con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC que elaborara el dictamen, y firmó una cláusula de confidencialidad, en la que ahora se escuda para negarle información a los representantes de las familias, quienes además dejaron de ser parte del equipo dictaminador.
Sólo serán requeridos para que den "su testimonio" y aportes técnicos en la primera de las tres etapas que durará el dictamen, y quizás uno de los tres propuestos sea llamado a una entrevista en la segunda etapa. Decidieron también que sólo participe uno de los tres especialistas propuestos por la FITIM, el señor Manuel Royo, de España, aunque en las mismas condiciones que los representantes de las familias, es decir, sencillamente como invitado.
De manera incomprensible, esta etapa del dictamen sobre una mina que se ubica en México será en inglés, a pesar de que todos los participantes hablan español, y a las familias y al señor Royo, que deberán de respetar el protocolo no interviniendo, se les ofrecerá gentilmente un traductor.
Evidentemente de lo que se trata es de excluir e ilegítimamente ocultar información a la FITIM y a los representantes de los familiares, que pueden tener una voz disonante con el equipo dictaminador. Para colmo de males, se ha notificado que esta primera etapa ya se inició el 15 de mayo, y terminó el día de ayer, 15 de junio. Aunque por otro lado el Equipo Nacional de Pastoral Laboral, de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, estableció ya contacto directo con el señor Manuel Royo, y hasta el día 14, un día antes de terminar esta primera etapa, el señor Royo seguía en Madrid, sin que la STPS se hubiera dirigido personalmente a él con anterioridad. Es probable que la STPS pretenda justificarse en los próximos días, argumentando que le había girado invitación a través de la FITIM, lo cual es igualmente sospechoso.
Pero lo más preocupante de todo, como lo señalan las familias, es que el dictamen será valorado y consensuado por la mesa directiva del foro, formada por personas de excelente trayectoria y nivel académico, pero que ninguno, absolutamente ninguno, ni es del ramo minero, y mucho menos especialista en minas de carbón. Es inadmisible que se pretenda que doctores especialistas en filosofía y letras, en física de radiaciones, en siquiatría, en ciencias sociales, con especialidad en antropología, en cisticercosis humana y porcina, y en alergias e inmunología, etcétera, sean quienes por consenso preparen el dictamen oficial sobre las condiciones de seguridad de la mina, y sobre todo presenten una estrategia para la recuperación de los cuerpos, como se acordó que es el objetivo del dictamen. ¿No será que los quieren usar para legitimar un proceso, cuyas implicaciones éticas, jurídicas, judiciales y sociales son un escándalo en México y el mundo? ¿Sabrán ellos a qué los están convocando?
Entre tanto la mina no ha recibido ningún mantenimiento, porque ahora la STPS argumenta que no puede obligar a Industrial Minera México para que lo haga, a pesar de que este era el segundo compromiso fundamental con los familiares de los mineros desde el pasado 12 de abril. A estas alturas todos podemos suponer que el dictamen será para cerrar la mina oficialmente, y dejar junto con los mineros las evidencias escondidas del cinismo del consejo de administración de IMMSA (que anuncia inversiones millonarias para su carboeléctrica), así como la corrupción de un régimen que protege al capital, a costa de los trabajadores, y la desfachatez de una justicia simulada.