El jefe de Gobierno del DF niega que se busque diálogo con el gabinete federal

Ebrard, dispuesto a debatir con Calderón sobre manifestaciones

Advierte que no permitirá que ningún funcionario le imponga una línea política al respecto

Insiste en que su administración está trabajando y actuando con prudencia y firmeza

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, dijo que no se busca el diálogo con el gabinete federal y se está dispuesto a debatir única y exclusivamente sobre el tema de las marchas y manifestaciones públicas con el Presidente de la República.

Tras el intercambio epistolar que sostuvo el pasado jueves con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, el mandatario capitalino señaló ayer que no permitirá que ningún funcionario federal pretenda imponer al gobierno de la ciudad una línea política sobre la manera de actuar con las manifestaciones públicas; se diga que las autoridades de la ciudad no están haciendo su trabajo o, menos aun, que se quiera impedir la posibilidad de la gente para hacer valer su derecho de libre manifestación.

"Yo fui electo en la ciudad, no trabajo para ellos; mi obligación es con los electores de la ciudad y por supuesto que estamos trabajando, actuando con prudencia y con firmeza", apuntó.

Por la noche, en breve entrevista al asistir a la inauguración de una exposición en el Museo de la Ciudad de México, Ebrard aclaró que no tiene la intención de dialogar con Felipe Calderón sobre el tema.

-¿Va a dialogar con Calderón? -se le preguntó.

-No, los que tienen interés en plantear distintas posiciones son ellos, que lo planteen abiertamente. Lo que estamos haciendo es debatir y cada quien fija su postura, yo ya fijé la mía y el gobierno federal, si la va a fijar, que sea el Ejecutivo -señaló.

Por la mañana, en entrevista tras encabezar un acto en el Zócalo, Ebrard dijo que Lozano Alarcón, más que una argumentación jurídica fijó en su carta una posición política al pretender hacer una evaluación sobre el trabajo del Gobierno de la ciudad y decir qué es lo que debe hacer y lo que no, en función de su propia interpretación de la ley.

El Gobierno de la ciudad no puede prohibir o permitir nada interpretando la Constitución como le convenga, "no podemos actuar a gusto de nadie". Aquí, agregó, "la cosa es muy sencilla: nosotros somos un gobierno que ha sido electo en la ciudad, lo que estoy diciendo es que la Constitución es muy clara y no estamos de acuerdo en que se prohíba la posibilidad de manifestarse, por supuesto que hemos hecho nuestro trabajo cumpliendo con las disposiciones legales, y lo seguiremos haciendo, para que no se afecte a terceros ni se violente la ley".

Esta postura, se sustenta en el mismo artículo 9 constitucional, invocado en su carta por el titular de la STPS, donde se señala que "no se considera ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad".

Además de que el funcionario federal, al invocar el artículo 25 de la Ley de Cultura Cívica, donde se señala que es una infracción administrativa impedir o estorbar el uso de la vía pública, omitió la parte del artículo que dice: "se entenderá que existe causa justificada siempre que la obstrucción del uso de la vía pública, de la libertad de tránsito o de acción de las personas sea inevitable y necesaria y no constituya en sí misma un fin, sino un medio razonable de manifestación de las ideas, de asociación o de reunión pacífica".

Y para reforzar la posición del GDF, la Dirección de Comunicación Social distribuyó segmentos de una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el derecho de reunión y manifestación, donde se señala que "no toda noción de orden público puede justificar restricciones del derecho de manifestación, especialmente mediante sanciones penales, sino tan sólo aquellos que tengan tal entidad que atentan contra los principios básicos de convivencia en una sociedad democrática, como pueden serlo aquellas manifestaciones tendientes a alterar la seguridad del Estado o de los demás ciudadanos o que ponga en peligro sus vidas o sus bienes. Por tanto, no sería suficiente con que se altere el orden público (que siempre se altera), sino que además es necesario que dicha alteración suponga un peligro cierto para las personas o los bienes".