Militantes de la otra campaña hallan a 10 de los detenidos en penal de alta seguridad
Crisis en la Huasteca veracruzana por la represión policiaca a campesinos
ONG señala que Fidel Herrera mantiene sitiada la zona
Reportan 12 desaparecidos
La acción policiaca contra indígenas de la Huasteca de Veracruz el jueves pasado ha generado una situación crítica en la región. Algunos campesinos, detenidos con lujo de violencia en el poblado Diez de Junio, fueron localizados este domingo por miembros de la otra campaña en el penal de alta seguridad de Villa Aldama. Las autoridades aceptaron "de mala gana" tener allí a Domingo Francisco Verónica, Pedro Gutiérrez Hernández, Basilio Villa Antonio, Severo Antonio Hernández, Enrique Flores Colarina, Daniel de la Cruz Antonio, Luis Francisco Martínez, Antonio Santiago Hernández, Audencio Santiago Hernández, Alicio Martínez Cruz.
La Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH) denunció: "El gobierno de Fidel Herrera Beltán mantiene la zona en estado de sitio. Rompiendo un acuerdo de diálogo, la Policía Estatal disparó, robó, destruyó vehículos y secuestró a por lo menos 12 personas que se encuentran desaparecidas". Los campesinos habrían sido trasladados a los municipios de Chicontepec y Benito Juárez, y posteriormente al penal de alta seguridad en Aldama. "El gobierno se niega a responder por estas acciones." La RUDH exige la presentación con vida de Javier Islas Cruz, secuestrado en su automóvil. También el dirigente Gabino Flores sigue desaparecido; de otros indígenas aún no hay información precisa, y existen órdenes de aprehensión contra Héctor Colío Galindo y Eliseo Macín Hernández.
El Equipo de Comunicación Alternativa Zapateando de Jalapa, la RUDH e integrantes de la otra campaña de la región Totonacapan-Huasteca se pronunciaron en apoyo a los campesinos de Los Dorados de Villa, quienes el pasado 10 de junio recuperaron tierras en el lindero de Lomas del Dorado y Tzocohuite, municipio de Ixhuatlán de Madero, quienes sostienen que las tierras les pertenecen por derecho desde hace décadas. En el predio San José el Dorado fundaron el poblado Diez de Junio, y exigen la devolución de 2 mil 472 hectáreas en poder de Josefina Faisal Domínguez, "ahora bajo la protección del gobernador Herrera Beltrán".
Los organismos civiles denuncian "la protección a los ricos terratenientes y caciques, a quienes se les permite la posesión ilegal de tierras y tener pistoleros a sueldo".
La otra campaña en la región había informado, horas antes de la represión, que los campesinos determinaron permanecer en el lugar. "Fueron conminados por el gobierno a desalojar. La asamblea no aceptó entregar la tierra". Agregaba que el gobierno de Veracruz, representado por Roberto Alvarez Salgado, subdirector de organización, funcionamiento y enlace regional de la Subsecretaría de Gobierno, había ofrecido detener las actuaciones judiciales y conminar a los particulares a no tomar acciones represivas. Se señalaba ya que Marcos y Josefina Faisal, falsos "dueños", pues los documentos agrarios no les acreditan la propiedad, "contrataron a policías de Alamo para que vestidos de civil realizaran una acción violenta, junto con pistoleros de la región".
Antes de ocupar el predio, los indígenas permitieron que el ganado de los finqueros saliera del lugar. "Los vaqueros sacaron bombas de aspersión, tuberías y todo lo de valor", informó Héctor Colío, integrante de la otra campaña en Totonacapan. El retiro fue "con plena libertad; entre trabajadores y campesinos hay buen trato. Fue la señora Faisal quien, en un acto desesperado, contrató policías de otros municipios". Las autoridades habían anunciado que el martes 19, en el predio San José el Dorado, habría una mesa de negociación. "Los enviados del gobierno vieron que los campesinos tienen derecho", agregó Colío, existe un expediente, pero las autoridades en Jalapa no lo quieren mostrar.
Abelardo Escamilla señaló: "Los compañeros respetaron los cauces legales. Juntaron los papeles, pidieron la dotación de tierras, pero el gobierno veracruzano apeló a la contrarreforma al artículo 27 y el fin del reparto agrario". Agregó que los particulares afectados "contrataron pistoleros y policías de otros municipios". También que campesinos e indígenas de la región "bajaron para apoyar la recuperación de tierras".
Hace unos años, estos campesinos sostuvieron un conflicto con los caciques y transportistas de Alamos, ahora involucrados en el desalojo; entonces, policías y pistoleros cometieron agresiones criminales contra los indígenas.