Gobernación contempla sólo la participación de la CNDH; expertos, también fuera

ONG denuncian que serán excluidas del mecanismo para prevenir la tortura

VICTOR BALLINAS

El próximo miércoles 20 el gobierno federal, mediante la Secretaría de Gobernación, dará a conocer el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) de la tortura, y "todo parece indicar que sólo se considera la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en ese mecanismo, y se excluye a los expertos y a las organizaciones civiles", aseveraron ayer la Red Nacional de organismos de derechos humanos Todos los Derechos para Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Colectivo Contra la Tortura y Sin Fronteras.

En conferencia de prensa, esas organizaciones defensoras de derechos humanos resaltaron que el 18 de noviembre de 2002 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el 11 de abril de 2005 México ratificó dicho instrumento, que entró en vigor el 23 de junio de 2006.

Manifestaron que una vez que México ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el país "contaba con un año para instaurar el MNP, esto es, a más tardar el 22 de junio de 2007".

Con la entrada en vigor de dicho protocolo se determina un sistema de visitas periódicas a los lugares de detención -cárceles municipales, estatales, federales, militares, agencias del Ministerio Público, centros para menores, hospitales siquiátricos, estaciones migratorias, y otros- a cargo de órganos independientes, con el fin de prevenir tortura y otras formas de malos tratos.

En el caso de México, señalaron las organizaciones civiles referidas, una vez ratificado el protocolo, dio inicio al proceso para establecer el diseño e puesta en práctica del MNP, para lo cual se efectuaron cuatro seminarios, dos en la ciudad de México, uno en Querétaro y otro en León, Guanajuato, convocados por la cancillería, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos y la Asociación para la Prevención de la Tortura.

Las conclusiones de los seminarios, en los que participaron funcionarios de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública federal y Salud; la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Migración, la CNDH, comisiones estatales de derechos humanos y organizaciones civiles, sostienen que debido a la amplitud del mandato del Protocolo Facultativo, el MNP "debe ser un sistema que integre instancias ya existentes, como la CNDH y las comisiones estatales, y por igual asegure la participación de organizaciones civiles y expertos".

Además resalta la demanda de que "el MNP deba estar sustentado en una ley especial mediante la cual se determine su identidad y se deje claro su papel especializado, y que el grupo de expertos debe ser integrado mediante un proceso de selección transparente y para ello se debe emitir una convocatoria pública y se les seleccione con base en perfiles adecuados".

Las organizaciones civiles señalaron que fueron notificadas con un oficio de la secretaría técnica de la Comisión de Política Gubernamental de la Secretaría de Gobernación que el día 20 se dará a conocer dicho MNP "sin que hayamos participado en forma alguna en el proceso para determinar su implementación".

Sostuvieron que en caso de que se confirme que "sólo se ha considerado la participación de la CNDH en el MNP, resultaría cuestionable ignorar dos años de trabajo en los que definimos las características fundamentales para dicho mecanismo; las ONG quedaríamos sin ninguna posibilidad de participar en el mecanismo y se nos mantendría enfrentando los numerosos obstáculos y la discrecionalidad de las autoridades para poder visitar y monitorear los centros de detención, como cárceles, estaciones migratorias, agencias ministeriales, hospitales siquiátricos, centros federales de máxima seguridad y cárceles militares".