La vuelta fue alrededor, a lo largo y adentro. La otra campaña recorrió en 2006 el país lo más completo que se pudo. Que fue bastante. Atravesó todos los estados por sus capitales y por sus cerros, costas, lagos, ríos, presas y lagunas, bosques, barrancas, selvas y desiertos, pueblos chicos, pueblos grandes, orillas de camino, fronteras, minas, comarcas devastadas, bolsas de exilio interior, burdeles, casas particulares, universidades y barrios más pobres y agraviados de lo que las buenas conciencias de las urbes se atreverían a imaginar.

Con escasas excepciones, y en su caso relativas, la Comisión Sexta del EZLN se encontró con prácticamente todos los pueblos indígenas que viven en México. Algunos, los más extendidos, aparecieron varias veces en distintas entidades y condiciones. Los nahuas acogieron a la otra campaña en Guerrero, Jalisco, la Huasteca, el Distrito Federal, Puebla, Michoacán. Los zapotecos, mixtecos y triquis en Oaxaca y más allá: Baja California, Sinaloa, Valle de Anáhuac, sur de Veracruz. En las "regiones de refugio" de pueblos olvidados o negados: pames, pimas, te'enek, huachichiles, caxcanes. En las tierras ancestrales del wixárika, rarámuri, maya, mixe, purhépecha, totonaca com'cac, amuzgo, chontal, popoluca, tzeltal, tzotzil, chol, ñahñú, mazahua, tepehuano, yoreme del Yaqui y del Mayo. Y con los más últimos cucapá, kumiai, kiliwa, kikapú. Salieron a sus paso mazatecos, guarijíos, mames, chinantecos, huaves, tohono od'ham, tojolabales, zoques.

Consejos de ancianos, gobernadores tradicionales, representantes ejidales o de bienes comunales, alcaldes por usos y costumbres, ayuntamientos populares, municipios autónomos, autoridades policiacas comunitarias, organizaciones indígenas de migrantes o productores. Bajo múltiples formalidades, la Comisión Sexta fue recibida en decenas de pueblos del sur, el norte, el centro, las costas y el resto. Y se entrevistó con ellos. Ocasionalmente, el delegado Zero recibió bastones de mando o alguna investidura de honor. Pero los encuentros no eran para eso, sino de trabajo y sí, encuentro. De hablarse y ver acuerdo.

El respeto y la autoridad moral del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se pusieron a prueba, como anunciaba la Sexta Declaración de la Selva Lacandona desde 2005. El enviado de los mayas chiapanecos zapatistas encontró hermanos por todas partes. La participación constante del Congreso Nacional Indígena en el recorrido nacional reveló que los pueblos tienen rato de haberse encontrado y estarse hablando. Y que la rebelión, la resistencia y la autonomía zapatista forman parte de las conciencias y los corazones de los pueblos originarios.

Los Acuerdos de San Andrés son bagaje de todos estos pueblos. Los reivindican, los respaldan y, cuando pueden, los aplican como ley. No hay que olvidar que muchos de ellos participaron directamente en los diálogos de San Andrés en 1995 y 1996. Y los que no llegaron entonces, se sumaron pronto o lo siguen haciendo, decididos a que nunca más haya un México sin ellos. Nunca lo ha habido, ni lo habrá mientras México exista.

La comunidad de todos los pueblos es muy amplia. En sus fortalezas y sus problemas. Comparten la permanente amenaza de perder tierras, aguas y territorios, paroxísticamente acelerada por los programas neoliberales de "titulación" de predios vía Procede y Procecom, y también invasiones toleradas por el gobierno, expropiaciones por motivos falsos (vgr: "ecología" es como llaman al turismo extensivo, la bioprospección, los desarrolllos residenciales y la explotación de recursos que son de todos). El vil despojo. También comparten la exigencia de una vida mejor, y la doble identidad: como el pueblo que son y como parte de la Nación.

Un fantasma recorre el México rural, en particular indígena: el del "nuevo" artículo 27 constitucional. Junto con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, significa una declaración de guerra de exterminio, presuntamente "benigna", contra los pueblos indios. Pues está la tenaza maligna: caciquismo casi indistinguible del narcotráfico, corrupción generalizada de todos los niveles de gobierno que tienen que ver con las comunidades, represión selectiva, militarización, paramilitarización, esterilización forzosa de mujeres con la zanahoria del programa Oportunidades.

El poder les combate sus lenguas y busca desfondar sus culturas. Destruye sus hábitos alimentarios, contamina sus aguas, milpas y cielos. Les quiere arrebatar sus maíces e imponerles a Monsanto. La protección de precios, cargas fiscales y mercados no es para ellos, sino para Wal Mart, Coca Cola, Aguas de Barcelona, Peñoles, Lala, Nestlé, Haliburton, Iberdrola, Telmex. Para los acaparadores de café, pesca, frutas y verduras, leche, carne de vaca y de chivo son todas las licencias y estímulos. Para las maquiladoras esclavizantes.

Los pueblos indios son el primer blanco del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Pentágono. Las políticas "sociales" de los gobiernos se pretenden paralizantes. Y la expansión de los negocios, de preferencia extranjeros, tiene prioridad.

La otra campaña constató tal tendencia a la desigualdad bruta también en ciudades, zonas industriales y regiones no indígenas. En algunos casos ya casi consumada (Cancún, Los Cabos, Huixquilucan). Muchas ciudades capitales ya son tipo americano, o eso creen sus dueños. Dos o tres, como San Luis Potosí, Nuevo Laredo o Torreón, ya empezaron a morir por plomo lento, arsénico y otros venenos industriales.

Pero el recorrido también constató que las resistencias se multiplican por abajo. Y que los pueblos indígenas son los primeros valladares contra el Procede. Tienen "más clara la película", y un apego sagrado al suelo que pisan. La migración los atraviesa como espada, pero ni así abandonan tan fácil la tierra. No es mercancia. No les pertenece, le pertenecen a ella. Como dice la parábola india, "no heredamos la tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos". Y debe ser común para hacerla vivir entre todos.

Cuando los "cerebros" salinistas/zedillistas (Arturo Warman, Luis Téllez Kuenzler, Gustavo Iruegas) "decidieron" que la demanda autonómica de los indígenas era una "amenaza de balcanización" del país y "ponía en riesgo la unidad nacional", ocultaban que su meta era, precisamente, facilitar la balcanización de México por el mercado libre y la globalización. No obstante la falacia, el argumento aún determina las políticas económicas y políticas, y ya permeó de manera acentuada las doctrinas militares y de seguridad nacional. Por eso ni Zedillo ni Fox cumplieron su compromiso de honrar los Acuerdos de San Andrés. Y Calderón, bueno, ¿qué cree el lector que hará?

La "amenaza" de la autodeterminación indígena es la opuesta: estorba para una verdadera balcanización, la entrega del país al mejor postor. Los pueblos exigen ante todo, como dijera la comandanta Esther en el Congreso de la Unión en 2001, su derecho a ser mexicanos. Que les pregunten hoy mismo a los huicholes de Tuapurie, los seris de la isla del Tiburón, los otomís de Querétaro y Guanajuato, los mayo de Sinaloa y Sonora, los rarámuri de la Tarahumara, los zapatistas de Chiapas, los totonacas de Veracruz y Puebla, los zapotecos y mixtecos de Oaxaca, Baja California Norte, Coatzacoalcos, Distrito Federal y Los Ángeles. Ellos son quienes más resisten. Insisten en seguir siendo mexicanos, ser reconocidos y respetados como tales.

Las leyes los han traicionado. Esto es, los legisladores de todos los partidos en el Congreso; las secretarías de Reforma Agraria, Agricultura, Medio Ambiente, Educación Pública, Gobernación; la Comisión de Pueblos Indios; las cortes de justicia. Exilio, pobreza o cárcel es la oferta. Los pueblos organizados esperan poco o nada de las instituciones.

Algún día la Nación reconocerá que la principal defensa de la soberanía nacional y el amor a México ha estado todo este tiempo en los pueblos indígenas. Que es falso considerarlos "atrasados" y "reacios al progreso". Su modernidad es original y realista. Saben, como T. S. Elliot, que sin tradición no hay modernidad.

Negar a los pueblos indios es hábito vergonzante de los poderes mexicanos y de una sociedad hegemónica que no se reconoce racista pero lo es, y mucho. Siempre ha representado una estupidez de efecto genocida. Hoy se materializa numéricamente en los censos, y prácticamente en los programas educativos y de salud, la obra pública --aeropuertos, autopistas, hidroeléctricas y proyectos eólicos, urbanizaciones--, la planeación turística. De prevalecer los intentos de exterminio de los pueblos indios, implicarán un suicidio nacional.

En su travesía por (y con) los cerca de 60 pueblos indígenas del país, la otra campaña encontró el núcleo duro de la resistencia nacional. El extraordinario movimiento popular oaxaqueño, y la brutal respuesta que ha recibido la APPO por parte del Estado confirman que el horno no está para bollos. Y que quienes más se oponen con eficacia y sentido a los procedes y las expropiaciones "a la malagüeña", como expresó un campesino mestizo de Linares, Nuevo León, son los pueblos indígenas.

Si uno busca evidencias, Oaxaca no es mal punto de partida. Los pueblos indios practican la democracia (aunque imperfecta: por ejemplo falta mucho en materia de igualdad para las mujeres); lo hacen con nitidez, autenticidad, solidaridad, tolerancia y sentido de la justicia.

Por supuesto que el bombardeo institucional para desmantelar las comunalidades es múltiple: división religiosa o por partidos políticos, malas resoluciones agrarias, clientelismo, paramilitarización, alcoholización, manipulación mediática, ruptura de tejidos agrarios y comunales. Si alguien duda que la desigualdad en México es de las mayores a escala planetaria, baste señalar que para estos pueblos resulta más costoso que para los ricos y las empresas pagar energía eléctrica, impuesto predial, transporte, gestión comercial o atención médica.

La otra campaña no sólo encontró estas evidencias. También las que apuntan a que nuestro país tiene esperanzas. Sin la participación directa y en primera persona de los pueblos originarios, sin su fuerza y sabiduría, no habrá resistencia civil pacífica que valga, ni una nueva Constitución que proteja a la Nación y los derechos humanos. Para decirlo pronto, sólo con ellos es posible un México nuevo, democrático, justo y soberano

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