Denuncian que las autoridades les han ofrecido soluciones, pero sólo ven represión
Temen campesinos nahuas ola de violencia luego de recuperar tierras en Veracruz
Los indígenas acudieron a las instituciones, pero la burocracia y el hostigamiento gubernamental los orillaron a ocupar el predio en disputa, según testimonios
Crecen la tensión y el descontento de los campesinos nahuas de Ixhuatlán de Madero (gobernado por el Partido de la Revolución Democrática, PRD) en el norte de Veracruz, tras las acciones violentas y desordenadas de la Policía Estatal contra el nuevo poblado Diez de Junio, en Lomas del Dorado. Así declararon a La Jornada miembros de la otra campaña en la región de Totonacapan que solicitaron permanecer en el anonimato, pues temen nuevas órdenes de aprehensión tras la ocupación del predio San José del Dorado (entre Lomas del Dorado y Tzocohuite, en la entrada de Zapalote) realizada por 70 familias nahuas el sábado 9 de junio.
Una decena de camionetas de la policía rodeó la zona desde el domingo 10, cuando los campesinos declararon la creación del poblado Diez de Junio, en recuerdo de la represión a estudiantes en 1971. Pistoleros a sueldo de la familia Faisal y agentes policiacos iniciaron recorridos amenazantes a bordo de vehículos particulares, pues ya preparaban el desalojo del día 14, cuando desaparecieron unas 40 personas, 11 de las cuales fueron ubicadas posteriormente en el penal de Villa Aldama, en las inmediaciones de Perote.
Ese día desaparecieron también el delegado de la organización Dorados de Villa, Gabino Flores, y el observador de derechos humanos Javier Islas Cruz. El segundo fue localizado hoy, luego de ser golpeado por la policía y arrojado de un vehículo en movimiento. De Gabino aún se desconoce el paradero, así como de un indígena de nombre Fernando. De los detenidos, todos indígenas y miembros de la otra campaña, dos son menores de edad: Antonio y Audencio Santiago Hernández.
Según Griselda Domínguez Lerio, reportera independiente de Coatepec, los campesinos, "cansados de gestiones burocráticas y del constante hostigamiento gubernamental, después de años de intentar por medio de las vías institucionales les fuera cumplida la resolución presidencial de 1938, que define estas tierras como comunales y ejidales, decidieron recuperarlas de manos de la familia Faisal, originaria del Medio Oriente".
A pesar de que los funcionarios Roberto Alvarez Salgado y Oscar Herrera Torres, de la Secretaría de Gobierno; Jaime Mejía, director Jurídico de Seguridad Pública de Veracruz y Andrés Santos Larios se reunieron con los campesinos y se comprometieron a resolver el caso, la única respuesta que obtuvieron los indígenas fue la represión. En aquel encuentro, los indígenas mostraron los documentos con los que reclaman las tierras en las comunidades Naranjal, La Roca, San José y el Lote 3.
Los funcionarios expresaron que el gobierno veracruzano tenía interés en privilegiar el diálogo; sin embargo, elementos de seguridad pública del estado desalojaron violentamente el predio. Domínguez Lerio señala: "Fidel Herrera, el mismo día 14, en una entrega de recursos al ingenio La Concha, dijo que su gobierno 'a seis meses de que se libere el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, muestra de que es posible una visión social y una administración eficiente de los recursos de la sociedad. El campo veracruzano vive una nueva etapa de aliento, productividad y arraigo, con seguridad jurídica, con visión integral social para aumentar el nivel de vida de las familias'. Herrera miente. Mientras va por el estado en su obsesiva campaña mediática y predica austeridad y justicia, reprime campesinos que sólo buscan tierra para trabajar y vivir con dignidad".
Curiosamente, este desalojo se da en vísperas de la visita del presidente Felipe Calderón a un municipio cercano a Ixhuatlán. El Ejército federal, que tiene una base de operaciones en La Jabonera, camino a Tlachichilco, ya sitió ese lugar. En la memoria de todos vive el hecho de que hace 23 años los campesinos de Tzocohuite y Lomas del Dorado ingresaron a estas tierras y los soldados de la 19 Zona Militar los desalojaron.
La semana pasada, Gabino Flores había dicho: "Durante años hemos insistido pacientemente por la vía institucional, pero no sólo cerraron los oídos a nuestras demandas, sino que fuimos discriminados y nos enfrentamos a una permanente vigilancia, como si fuéramos delincuentes".
De acuerdo con el colectivo Zapateando de Jalapa, "se supone que a los presos los tienen como indiciados, todavía no como procesados". Los policías fuera del penal divulgan rumores de que los presos políticos podrían ser acusados de "guerrilleros", y hasta "narcotraficantes", al llamarlos "gente nueva", que resulta ser el nombre de un grupo de sicarios de la región.