La maraña
La situación política en México, las relaciones entre los principales partidos y la conducta de los partidos cuyo propósito es que el gobierno no capitalice la aprobación de buenas decisiones legislativas permiten prever que no tendremos la reforma hacendaria que la economía y la sociedad requieren, sino "la mejor posible".
En poco tiempo tendremos reforma, y ya veremos cuán lejos queda de la que se necesita. En otras palabras, no esperemos que se apruebe la que el país requiere, sino la que surja del cálculo político de los partidos. Con estos bueyes hay que arar.
La situación hacendaria es un queso gruyere, y sólo nos queda esperar que puedan ser tapados buen número de sus miles de agujeros.
Es precisa, en primer lugar, una simplificación drástica. Existen las siguientes formas de contribución tributaria y no tributaria: los impuestos sobre la renta (ISR), especial sobre producción y servicios, al valor agregado (IVA), al activo, por uso o tenencia de vehículos, sobre automóviles nuevos y al comercio exterior, así como aportaciones de la seguridad social, contribuciones por mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos derivados de financiamientos y otros. El sistema de los ingresos fiscales es irreformable. Sencillamente sería necesario eliminar la maraña insospechable que en conjunto conforma el "sistema" fiscal y diseñar uno racional, inconmensurablemente más simple.
Los tres primeros impuestos (ISR, a la producción e IVA) representan alrededor de 85 por ciento de los ingresos fiscales y, por supuesto, ahí está la maraña mayor de problemas. La acumulación histórica de decisiones disparatadas y de parches que se han hecho a las leyes que rigen esos ingresos sirven al efecto de alcanzar una gigantesca evasión y una inmensa elusión fiscales.
El artículo quinto del Código Fiscal de la Federación prevé que las disposiciones de cargas a los particulares y las excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. El artículo determina también que son cargas a los particulares las normas que incluyen expresamente sujeto, objeto, base y tasa (elementos constitucionales de una contribución). Las demás disposiciones se interpretan aplicando al gusto algún método de interpretación jurídica. A falta de norma expresa, se aplican supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza del derecho fiscal.
En los hechos la elusión fiscal, por interpretaciones subjetivas de los contribuyentes basadas en leyes mal redactadas y con lagunas como mares, es una vergüenza. Especialmente por grandes empresas -aunque no sólo- la elusión se hace posible en montos superlativos. La práctica de eludir el pago de impuestos se lleva a cabo no sólo por la posibilidad de interpretar las leyes fiscales a conveniencia del contribuyente, sino porque el sistema y su administración permiten la declaración de domicilios falsos, de registro de compañías inexistentes -especialmente de las controladoras de los holding de empresas- y mil maniobras que aprovechan la extrema imperfección de las leyes. Debido a ello, según algunas estimaciones, se eludieron más de 500 mil millones de pesos durante la gestión de Vicente Fox.
Agregue ahora usted la evasión fiscal, que se estima es sustancialmente mayor que la elusión; sume usted el significativo tamaño de la economía informal que no paga un solo peso, y agregue la corrupción a que este sistema se presta. No es extraño que la carga fiscal de México sea una de las más bajas del mundo.
Hacia el inicio de la presente década Suecia tenía una carga fiscal de 50 por ciento del producto interno bruto (PIB), Italia de 42, Francia de 39, Estados Unidos de 20, Chile de 19, Bolivia de 15, Venezuela de 17.5 y México de 9 por ciento.
Hace muchos años que se sabe dónde están los problemas. No lo están en el monto de las tarifas. Francia e Italia o Suecia cuentan con tasas de ISR superiores a las de México, pero las de Estados Unidos son similares a las de aquí, y aun así el país vecino recauda una proporción respecto al PIB por concepto de ISR de más del doble.
Es evidente que en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se ubica una parte adicional significativa que contribuye a nuestra bajísima carga fiscal. Existen disposiciones mil de carácter fiscal, pero también hay exenciones al por mayor, y se convierte en asunto discrecional si estas últimas proceden o no.
Está claro que es necesario simplificar el sistema, redactar en español las leyes fiscales, hacer una reforma profunda del SAT, reconstruir el IVA y fijar mecanismos que impidan la alta corrupción en este rubro.
Tenemos un ISR progresivo en términos de las tarifas determinadas por la ley, pero la elusión y la evasión provocan una disminución drástica de la progresividad, por cuanto hay contribuyentes cautivos, pero también causantes -grandes peces- que evaden y eluden impuestos en cifras astronómicas. El IVA es un sistema evidentemente regresivo, pero los impuestos al consumo son así en todas partes. Además está tan mal hecho, con las interrupciones de la retención y el entero de este gravamen, que cada año Hacienda ha de devolver millones y más millones a poderosas empresas.
Insistamos, finalmente, que, corregido el sistema fiscal, las tareas de la justicia social no consisten principalmente en esa corrección, sino en qué hace el gobierno con el gasto público.
Ya veremos qué nos entrega el Congreso.