Editorial

Un instrumento de civismo

La inminente entrada en vigor del nuevo Reglamento de Tránsito Metropolitano, que regirá en la ciudad de México y en las zonas conurbadas del estado de México, que fue elaborado de manera conjunta por los gobiernos de ambas entidades, es, por diversas razones, una buena noticia para los habitantes de la gran mancha urbana del centro del país, en la cual habita uno de cada cinco mexicanos.

El caótico movimiento vehicular es uno de los problemas centrales de la megalópolis, no sólo por las horas que agrega a las jornadas laborales de millones de personas, sino también por los peligros a la vida y a la integridad física que genera, tanto a los automovilistas como a los usuarios del transporte colectivo, y por las situaciones de tensión y agresividad a que dan lugar los hábitos irresponsables y las malas actitudes de conducción automovilística; estos hábitos y actitudes provocan la mayor parte de los accidentes graves e incluso mortales que se registran en la urbe, son los causantes de una buena parte de los atascos vehiculares en una zona de por sí afectada por la saturación de automotores, y representan una amenaza para los conductores, los ciclistas y los peatones. En la medida en que las nuevas normas de tránsito sean aplicadas de manera transparente y justa, serán un instrumento para promover la cultura cívica en el ámbito de forzada convivencia que es el movimiento vehicular en esta zona.

A lo anterior ha de agregarse que el nuevo reglamento regula el uso de artículos de aparición relativamente reciente, como los teléfonos celulares, los geoposicionadores y los detectores de radar, en torno de los cuales ha habido, hasta ahora, un vacío legal.

El hecho es positivo también porque unifica disposiciones legales distintas -las mexiquenses y las capitalinas- y cuya diferencia no tenía ningún sentido en la continuidad del espacio urbano que se observa entre el Distrito Federal y los municipios conurbados del estado de México; la existencia de reglamentos ha dado margen para la corrupción y para la indefensión de los automovilistas, a quienes resulta prácticamente imposible tener en mente reglamentos diversos vigentes en tramos sucesivos de un mismo trayecto. La unificación de normas y criterios para la conducción de vehículos automotores es, pues, un hecho saludable.

En otro sentido, resulta esperanzador que dos gobiernos como el del Distrito Federal y el del estado de México, de orígenes partidarios diferentes, hayan sido capaces de ponerse de acuerdo para elaborar y promulgar la normatividad comentada. Cabe esperar, ahora, que logren aplicarla de manera coordinada y coherente.

Ha de señalarse, a este respecto, que no existe un reglamento perfecto y que su eficacia no sólo depende de su concepción y redacción, sino también de su aplicación. Es claro que las corporaciones policiales de tránsito de una y otra entidad deben ser capacitadas y moralizadas para que sean las primeras en obedecer las nuevas disposiciones y para que a sus efectivos les resulte imposible, o al menos muy difícil, usarlas como mecanismo de extorsión contra los automovilistas. Asimismo, resulta indispensable que las autoridades capitalinas y mexiquenses, en colaboración con las de las delegaciones y los municipios del área conurbada, sean capaces de combatir la irregularidad flagrante en que operan las mafias que controlan porciones sustanciales del transporte público -microbuses y taxis, principalmente- y que son, en buena medida, responsables de la degradación y la inseguridad en que se desenvuelve el tránsito urbano. Si se trabaja en estos objetivos, es posible que se consiga un cambio cultural de gran significación entre los conductores del valle de México y que se logre, con ello, un apreciable avance en materia de civilidad.