Podrán gravar los estados gasolina, diesel, tabaco y cerveza
Impuesto de 2% a depósitos mayores a los 20 mil pesos
El gobierno federal pidió al Congreso aprobar reformas legales para combatir la economía informal a partir del cobro de un impuesto de 2 por ciento a los depósitos bancarios mayores a 20 mil pesos al mes, realizados en efectivo a cuentas de personas que no estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes.
Los informales
Como parte del paquete de reformas para incrementar los ingresos del gobierno federal y de las entidades federativas, el Ejecutivo propuso: aplicar un impuesto de 20 por ciento a los ingresos de los centros de apuesta; un gravamen de 50 por ciento a la compra de pintura en aerosol, y conceder a los estados la potestad para cobrar tributo al consumo final de gasolina, diesel, cerveza y tabaco.
Por el lado de la gestión del gasto público, el conjunto de iniciativas obliga al gobierno federal a ejercer de manera más eficiente los recursos, sujetarse al cumplimiento de metas y fortalecer la función de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Una de las iniciativas entregada ayer por el Ejecutivo federal a la Comisión Permanente del Congreso propone una ley del impuesto contra la economía informal. Argumenta que en los últimos años ha crecido la evasión fiscal en un nivel superior a 15 por ciento a través de diversas formas, entre las que menciona: un amplio mercado informal, la prestación de servicios y la venta de bienes sin expedición de facturas, así como la creación de esquemas sofisticados para evadir al fisco.
Afirma que la ley del impuesto contra la informalidad tiene por objeto incorporar una nueva contribución federal, complementaria al impuesto sobre la renta (ISR) y auxiliar en el control de la evasión fiscal. Propone que el impuesto grave a una tasa de 2 por ciento los depósitos en efectivo, en moneda nacional o extranjera, que reciban las personas físicas y morales, cuyo monto acumulado exceda de 20 mil pesos mensuales en una o varias de sus cuentas abiertas en instituciones financieras.
Excluye los depósitos efectuados a través de medios distintos al efectivo, como son cheques o transferencias electrónicas (por ejemplo, los pagos de nómina). Tampoco pagarán este impuesto aquellos ingresos sustentados en una actividad inscrita ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). En este caso, la iniciativa prevé que los bancos serán los responsables de recaudar este impuesto y deberán enterarlo de manera íntegra al fisco.
Estados
En otra iniciativa, el Ejecutivo federal propone al Congreso modificar el artículo 73 de la Constitución para que las entidades federativas graven con impuestos locales únicamente la venta final de gasolina y diesel, así como el consumo final de tabacos labrados y cerveza. Señala que el establecimiento de este tipo de impuestos contribuiría a la disminución en el consumo de productos que generan daños a la salud y permite incrementar la recaudación ''minimizando las distorsiones que otros impuestos generarían''.
Tras las apuestas
El gobierno federal espera recaudar 600 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2008 con la aplicación de un impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a la organización o celebración de juegos con apuestas o sorteos.
La iniciativa al respecto señala que en México la industria del juego con apuestas y de sorteos implica inversiones sustanciales y es una importante creadora de empleos, pero los ingresos tributarios que genera son muy bajos en comparación con los de otros países. En 2005 y 2006, las 17 empresas que contaban con autorización para operar 261 establecimientos aportaron apenas 319.2 y 371.5 millones de pesos, respectivamente.
Señala que un factor que ha favorecido el crecimiento de esta industria es que los ganadores de premios en apuestas y sorteos son sujetos de una retención de uno por ciento sobre el ingreso obtenido por concepto de ISR, cuando para las personas físicas es de 28 por ciento. Por tanto, propone la organización o celebración de juegos con apuestas y sorteos con una tasa de 20 por ciento por concepto de IEPS, ''sin perjuicio de las obligaciones fiscales establecidas en las demás leyes y disposiciones federales y con independencia de las contribuciones locales que, en su caso correspondan''.
Señala que es una contribución requerida, porque esa industria produce efectos nocivos en la sociedad que otros sectores económicos no generan. El costo para la sociedad es elevado e incluye pérdidas por la reducción de la productividad en el trabajo, disminución del ahorro y gasto por tratamiento de adicciones. De acuerdo con la iniciativa, el impuesto especial sobre productos y servicios cobrado a los juegos y sorteos formará parte de la recaudación federal participable, por lo que implicará recursos adicionales a las entidades federativas, sin menoscabo de la recaudación que actualmente obtienen por este concepto.
El grafiti
Un impuesto especial a la compra e importación de pintura en aerosol también fue propuesto en el paquete de iniciativas presentado ayer por el gobierno federal. Se argumenta que recientemente se ha incrementado la ''pinta sin autorización'' de los espacios públicos y privados, monumentos históricos y fachadas de casas habitación, fábricas y oficinas, además de medios de transporte público y privado. Para ello se utiliza sobre todo pintura en aerosol, por su manejo práctico y porque no requiere preparación ni aditamentos.
La legislación actual sanciona este tipo de prácticas por atentar contra los bienes que son de toda la sociedad, pero no ha logrado inhibirlas del todo, debido fundamentalmente a la forma transgresora y anónima con que se realizan. En este sentido se considera conveniente desalentar la pinta sin autorización de espacios públicos, para lo cual se propone una tasa de 50 por ciento a la enajenación e importación de pintura en aerosol dentro del IEPS.
Gasto público
Calificada por el gobierno federal de propuesta de ''reforma integral de la hacienda pública'', se incorporan medidas para promover la austeridad en el gasto público, asegurar un empleo eficiente de los recursos, reforzar la transparencia y rendición de cuentas y que la ejecución del presupuesto sea sujeta del cumplimiento de resultados. Para promover la austeridad propone reformar el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para convertirlo en un consejo nacional de evaluación de las políticas públicas, con atribuciones para evaluar todos los programas de la administración pública federal.
También plantea evaluar, de acuerdo con los resultados alcanzados, el gasto que se entrega a las entidades federativas. De tal forma, las aportaciones a los estados estarían sujetas al cumplimiento de metas específicas.
Para reducir el costo de los programas de inversión pública propone que el presupuesto de las obras se asigne en su totalidad al inicio de las mismas y no, como ocurre ahora, cada año. Esto permitiría ahorros de hasta 30 por ciento en el costo de los proyectos por una mayor certidumbre a la disponibilidad de recursos para terminarlos. Según la Secretaría de Hacienda, el manejo más eficiente del gasto permitiría ahorros de medio punto del producto interno bruto (PIB), unos 50 mil millones de pesos.
También plantea acciones para una mejor rendición de cuentas, entre las que menciona adelantar la presentación de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados del 10 de junio al 30 de abril del año siguiente del ejercicio, y el informe de resultados que elabora la Auditoría Superior de la Federación, del 31 de marzo del año siguiente a la presentación de la Cuenta Pública, al 30 de diciembre del mismo año. Propone fortalecer a la ASF, al permitirle realizar directamente auditorías en las entidades federativas sobre el uso de recursos federales y también homologar la contabilidad gubernamental en los tres órdenes de gobierno.
Tenencia transexenal
La eliminación en el cobro del impuesto a la tenencia y uso de automóviles, que fue una de las propuestas de campaña del actual Presidente, también se encuentra en el paquete presentado ayer por el Ejecutivo. Sólo que, según la propuesta, la eliminación entraría en vigor, si es aprobada por los legisladores, el primero de enero de 2014.