Editorial
¿Reforma o miscelánea?
En la iniciativa propuesta ayer por el Ejecutivo federal en materia de recaudación hay algunas ideas positivas, sobre todo en lo que se refiere a mecanismos para evitar la evasión fiscal, incorporar a la base de causantes a empresas informales, controlar el gasto gubernamental y aumentar los gravámenes a las empresas dedicadas a juegos y sorteos; iniciativas poco realistas en términos políticos, como otorgar a las entidades la potestad de cobrar impuestos adicionales a los combustibles, el tabaco y las bebidas alcohólicas; disposiciones francamente disparatadas, como el cobro de un impuesto de 50 por ciento a las pinturas en aerosol con el pretendido propósito de evitar las pintas callejeras, y maniobras abiertamente demagógicas, como la supresión, dentro de siete años, de la tenencia vehicular, concebida esta última con el evidente propósito de presentar como cumplida una de las promesas de campaña del entonces candidato presidencial Felipe Calderón Hinojosa.
Por lo demás, el documento enviado ayer al Congreso de la Unión padece de lagunas en asuntos de importancia capital para el país, como la necesidad de establecer, más allá de los buenos propósitos y las promesas gubernamentales de ya no saquear "tanto" a Pemex, un nuevo estatuto administrativo y fiscal para la paraestatal; faltan, también, una concepción redistributiva de los ingresos hacendarios y, salvo por lo que se refiere a la propuesta de establecer una contribución empresarial de tasa única (CETU) -más bien orientada a combatir la evasión-, planteamientos concretos para simplificar, así fuera para las personas físicas y los contribuyentes cautivos, el complicadísimo sistema recaudatorio.
Más allá de los aspectos meramente fiscales, el texto de la iniciativa deja en claro que su propósito central no es el de obtener recursos públicos adicionales para desarrollar una política social, sino conjurar el riesgo de incurrir en déficit fiscal durante el presente sexenio. Significativamente, la suma adicional que se pretende obtener con las medidas propuestas, equivalente a 3 por ciento del producto interno bruto, es prácticamente idéntica al déficit en las finanzas públicas proyectado para 2012 (2.9 por ciento del PIB) en razón de "la tendencia inercial de los compromisos ineludibles del gasto público", compromisos que derivan, en buena medida, de los pagarés del Fobaproa y del servicio de la deuda pública.
En suma, en términos económicos la pretendida reforma fiscal parece obedecer más bien al deseo de ostentar un comportamiento aceptable para la lógica neoliberal -disciplina fiscal y pago puntual e incondicional de las deudas contraídas para salvar a los banqueros ineficientes y corruptos- que a una sensibilidad social en el ejercicio gubernamental. En efecto, según las cifras manejadas por el propio secretario de Hacienda, Agustín Carstens, las disposiciones propuestas servirán únicamente para contrarrestar la "tendencia inercial" al déficit y no se ve de dónde podrían provenir los recursos adicionales para saldar la deuda social y combatir la pobreza, tareas a las que con tanta insistencia se ha referido el discurso oficial en días recientes. En el mejor de los casos, es decir, suponiendo que las reglas propuestas fueran aplicadas con ética y transparencia, y que rindieran los resultados deseados, una vez cubierto el déficit el gobierno contaría con recursos equivalentes a los de años anteriores -o menos, si hay reducciones significativas en el flujo de remesas o en las cotizaciones petroleras internacionales- y la atención a los más desfavorecidos quedaría sujeta a "compromisos" inverificables y a la discrecionalidad gubernamental. Estamos, pues, ante algo que es un poco más que miscelánea fiscal, pero que no llega a ser, ni por aproximación, una reforma con visión de Estado.
En el terreno político, la principal preocupación de la administración calderonista parece centrarse en evitar fiascos como los que hubo de sufrir el gobierno de Vicente Fox en su relación con el Congreso de la Unión; se ha buscado, así, enviarle algo que tenga perspectivas sólidas de aprobación por los legisladores priístas. Es claro que, en el supuesto de que así suceda, el grupo en el poder presentará ante la opinión pública este paquete tributario como la segunda gran reforma de la administración, después de la lamentable modificación a la Ley del ISSSTE. Pero más vale no adelantar vísperas, y esperar a las reacciones que generará la iniciativa comentada entre las distintas fuerzas parlamentarias.