Entre críticas, el IFE readscribe a 17 vocales estatales
En medio de críticas de todos los partidos, a excepción del PRI, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó la readscripción de vocales ejecutivos en 17 entidades del país. A los cuestionamientos sobre la falta de fundamentación y la discrecionalidad con que se realizó el proceso, los consejeros reivindicaron necesidades institucionales para mejorar el desempeño mediante las rotaciones.
Ante las descalificaciones, el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, defendió el proyecto de la Junta General Ejecutiva -que él encabeza-; señaló que en toda institución sustentada en el servicio civil de carrera se requiere de las rotaciones para fortalecerla, aprovechar la experiencia y equilibrar los desempeños. De lo contrario, ejemplificó, alguno de los importantes embajadores del país permanecerían más de 20 años en alguna misión diplomática, en detrimento del servicio.
A las críticas partidistas únicamente se sumó el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar, quien dejó entrever que la readscripción obedece a motivaciones "discrecionales y caprichosas", por lo que censuró los criterios aplicados en las modificaciones, al señalar que "el actual vocal de Campeche es evaluado con la calificación más baja de todos y, sin embargo, se considera idóneo para Chiapas".
En respuesta, la consejera Lourdes López señaló que en el procedimiento "no hay discrecionalidad, venganzas, revanchismos ni persecuciones; es un acto de responsabilidad colectiva". Sostuvo que está sustentado en el estatuto que antepone el interés institucional sobre el personal, y deslizó que las críticas obedecerían a la necesidad de expresar las inconformidades de algunos funcionarios involucrados en los movimientos.
Durante la sesión también se informó sobre la controversia constitucional del IFE contra la Cámara de Diputados, que según el perredista Rafael Hernández fue un fracaso. Para Ugalde el objetivo principal no fue la disputa por las facultades presupuestarias de ambas instituciones, sino esclarecer la viabilidad jurídica del IFE para promover dichos recursos.
Asimismo, sin debatir, se aprobaron los nuevos estatutos de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con una serie de condicionamientos para que el partido los modifique, toda vez que en algunos aspectos -selección de candidatos, derechos de los militantes o estructuras estatales- hay insuficiencias en las condiciones democráticas que deben tener de acuerdo con la legislación electoral.
Durante el debate de los cambios en las vocalías ejecutivas, Convergencia anticipó que impugnarían el acuerdo, en tanto que el PRD planteó que, en el fondo, parecería que los cambios obedecerían a la imposición de sanciones por mal desempeño.