Se disputan la mina de hierro más importante del país

Crece riesgo de choque armado Jalisco-Colima

Refuerzan presencia policiaca en zona limítrofe

Más de 20 asesinatos vinculados a la expansión de la empresa

JUAN CARLOS G. PARTIDA

Cuautitlán, Jal., 21 de junio. La posesión de Peña Colorada, la mina de hierro más rica del país, tiene a Colima y a Jalisco al borde de un enfrentamiento de fuerzas policiacas.

En Paticajo, Colima, y Plan de Méndez, Jalisco, agentes de Colima instalaron un retén para salvaguardar lo que, dicen, es territorio de su entidad. Los uniformados están al menos 15 kilómetros más allá del río Marabasco, supuesto límite.

Ya detuvieron a nueve trabajadores de una empresa contratada para remozar el puente que comunica los dos poblados y hasta hoy mantenían a uno en prisión.

El alcalde de Cuautitlán, Jalisco, informó que solicitó al gobernador que envíe policías estatales para reforzar la vigilancia en la zona limítrofe.

El gobernador de Colima, Silverio Cavazos, señaló que no tiene temor.

Con 200 millones de toneladas de hierro en depósitos, cuyas concentraciones de metal son hasta de 60 por ciento, Peña Colorada es la mayor mina del país. Oficialmente está en el municipio de Minatitlán, en Colima. Pero según el título de concesión de explotación minera 211011, que renovó la empresa ante la Secretaría de Economía el 15 de marzo de 2000 y tiene vigencia hasta el 14 de marzo del 2050, las casi 5 mil hectáreas que abarca el enorme complejo a cielo abierto están registradas en el municipio de Cuautitlán, Jalisco, en las colindancias con el cada vez más disminuido ejido de Ayotitlán, la capital nahua jalisciense, donde dos miembros del consejo de mayores han sido asesinados en hechos que los indígenas relacionan con la ampliación de la explotación minera hacia su territorio.

La delegación de la Procuraduría de Justicia de Jalisco reconoce que no existe avance alguno en las investigaciones de ambos crímenes, los más recientes de una larga lista que coincide con la apertura de actividades de la mina, a principios de la década de los 70, y que ameritaron una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1995 para esclarecer los asesinatos de al menos 20 indígenas a partir de 1970.

Peña Colorada, del consorcio italo-argentino Ternium y en cuyo consejo de administración en México figura el ex director de Pemex Adrián Lajous Vargas, es la empresa más importante de Colima.

Desde 1998, cuando instaló un molino autógeno para moler unas mil 200 toneladas de mineral por hora, la mina controla 40 por ciento de la producción de hierro molido (pelet) en el país y es la principal abastecedora de las siderúrgicas nacionales.

En la controversia constitucional que analiza el Senado para dirimir el conflicto de límites, tanto Jalisco como Colima incluyen en sus respectivos territorios las 5 mil hectáreas del rico yacimiento.

Sin embargo, y a pesar de que el gobernador jalisciense, Emilio González Márquez, y su homólogo Silverio Cavazos dicen estar dispuestos a dialogar, ambos usan sus cuerpos policiacos para marcar territorios.

El 13 de junio, tres días después de que una empresa subcontratada por el gobierno jalisciense para remodelar el puente de Plan de Méndez inició trabajos y echó abajo una estructura colgante de madera, policías colimenses detuvieron a ocho empleados y a un chofer, a quienes llevaron a Minatitlán, Colima, donde se les tomó declaración y se les registró ante el Ministerio Público Federal. Hasta este jueves uno seguía detenido, por lo que el alcalde de Cuautitlán, Jalisco, Gerardo Palacios Campos, pidió la presencia de policías estatales para protegerse de lo que llamó provocaciones.

''El detenido es una persona inocente a la que tienen como preso político para resolver los problemas como ellos quieren'', dijo Palacios Campos. Anunció que se buscará dialogar, pero si no hay resultados, a más tardar la próxima semana ''se va a actuar con toda la presencia (policiaca) que sea necesaria''.

El edil detalló que las incursiones de agentes de Colima no se han limitado a Plan de Méndez, sino que han llegado a El Platanar y Pesadas, poblados que forman parte de una zona en disputa con Jalisco.

El gobernador de Colima, Silverio Cavazos, declaró a diarios colimenses el miércoles que no estaba preocupado.

''No le tenemos temor a que se triplique la presencia policiaca por parte de Jalisco. Nosotros fuimos muy enfáticos en que queremos las cosas con diálogo, pero si hay actos que vulneren nuestra armonía, no esperen que nos crucemos de brazos. Vamos a actuar con total energía'', dijo.

En Ayotlán, capital nahua, el consejo de mayores, en reunión con autoridades estatales, exigió el miércoles una solución inmediata al problema limítrofe, que se ha agudizado no sólo por la posesión de tierras, sino por el avance de la minera hacia la comunidad, que, aseguran, es el trasfondo de la pugna entre las dos entidades.

En la asamblea indígena se recordaron los asesinatos de Aristeo Flores Rolón, perpetrado el 20 de abril de este año, y el de Nazario Aldama Villa, el 31 de diciembre del 2004, ambos miembros del consejo de mayores y opositores a otorgar más territorio a la minera, y el del ex edil de Cuautitlán Raúl Delgado Benavides. El consejo demandó al delegado de la Procuraduría de Justicia explicar por qué esta dependencia ha sido incapaz de avanzar en las investigaciones.

A estos asesinatos impunes se suman los de Odilón de Jesús, muerto el 27 de julio de 1970 en el poblado de Lagunillas, Jalisco; Félix González, el 5 de marzo de 1988 en la población de Cañadas; Juan Velázquez, en mayo de 1980 en Ayotitlán; Margarito Flores, en abril de 1982 en Lagunillas; Guadalupe Elías, el 4 de abril de 1983 en Ayotitlán; Adán y Andrés Ciprián, el 20 de octubre de 1985 y el 3 de abril de 1989, respectivamente, en Lagunillas; Crescencio Chávez, el 6 de enero de 1988 en Cañadas; Cirilo Villa, el 15 de junio de 1988 en ''R. Viejo''; Abel y José Roblada, el 22 de febrero de 1989 en Ayotitlán; Rubén Fermín, el 24 de febrero de 1990 en Maderitas; Refugio, Melesio, Bartolo, Lucio y Ramiro Fermín, el 20 de enero de 1991 en Tierra Blanca; Felipe y Cleto Hermenegildo, el 28 de julio de 1991 en Maderas; Santos Prudencio Villa, el 3 de noviembre de 1991 en Champulga; Cleofas Aldama, el 18 de marzo de 1992 en Chancol; Apolinar Flores, el 21 de mayo de 1992 en Maderas; Espiridión y Gabino Jacobo, el 9 de mayo y 26 de julio de 1992 en Mojoneras. Muertes que también continúan impunes.