Confidencial, análisis federal sobre la normativa
El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) resolvió clasificar como confidencial, por el lapso de un año, las opiniones y observaciones que a la fecha realizan las dependencias del Ejecutivo federal en torno a la minuta aprobada por el Senado relativa a la iniciativa de la Ley para Combatir la Trata de Personas en México.
De esa forma validó la reserva que estableció la Secretaría de Gobernación -aunque modificó el término de "reservada por evento"-, la cual argumentó que dar a conocer el expediente respectivo implicaría revelar el proceso deliberativo que actualmente lleva a cabo el Ejecutivo Federal sobre ese tema, lo cual supuestamente afectaría el proyecto de ley referido, el cual, no obstante, es ventilado públicamente en el Congreso de la Unión.
Cabe destacar que el 26 de abril pasado la Cámara de Diputados aprobó por 396 votos a favor y una abstención la Ley para Prevenir y Sancionar la Tata de Personas que, entre otras sanciones, prevé penas de 27 años de cárcel máximo y multas hasta de 3 mil 300 días de salario mínimo a quienes incurran en ese delito.
Como resultado de la aprobación de esa legislación, se reformaron y adicionaron la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales, además que se derogó el Código Penal Federal.
Al respecto, el comisionado Alonso Gómez Robledo, ponente del recurso 1057/07 -mediante el cual un ciudadano pidió a Gobernación la entrega de las observaciones y opiniones del Ejecutivo sobre el tema-, comentó que tras la aprobación de la referida normativa, el Senado realiza observaciones a dicho proyecto, el cual fue devuelto a la Cámara de Diputados.
Y simultáneamente, el Poder Ejecutivo realiza sus propias deliberaciones sobre el tema, por lo cual los comisionados del IFAI -excepto Juan Pablo Guerrero, ausente en el pleno del instituto por comisión de trabajo- coincidieron en que dar a conocer las observaciones de las dependencias gubernamentales implicadas -Procuraduría General de la República, Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación, Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras que colaboran en el tema- podría convertirse en "un factor externo de presión en la discusión". No obstante, en su resolución Gómez Robledo precisa que cuando concluya ese proceso, dejará de tener vigencia la clasificación de esa información y procederá su publicación.