Pide a organismos de derechos humanos mantenerse cerca de las acciones militares
Aprueba la Iglesia católica que el Ejército participe en la lucha contra el crimen
Avala los relevos de 284 mandos de PFP y AFI
Cateos, intervenciones telefónicas y arraigos requieren ser aprobados por un juez, considera la Comisión de Justicia del Senado
La jerarquía católica avaló la participación del Ejército Mexicano en la lucha del gobierno federal en contra del crimen organizado y el narcotráfico, y se manifestó por que los efectivos militares permanezcan en las calles del país hasta que se restablezca el orden y se cuente con una fuerza civil preparada que sea capaz de sustituirlos.
Al presentar el documento México ante la misión continental, integrantes del Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lamentaron que el tema de la violencia se haya convertido para el presidente Felipe Calderón Hinojosa en un ''obstáculo y un elemento distractor'' para alcanzar objetivos ''muy necesarios en nuestro país'', como la lucha contra la pobreza.
Los prelados señalaron la necesidad de que los organismos defensores de derechos humanos se mantengan cerca de las acciones de los cuerpos militares, ''para evitar cualquier cosa que no vaya en sintonía con lo que se pretende: mantener el orden en el país'', y se pronunciaron por que el Ejército ''se mantenga en una tesitura correcta en el respeto a la integridad de las personas''.
El obispo de Tuxtla Gutiérrez, Rogelio Cabrera, avaló los relevos -anunciados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal- de 284 mandos de la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigación, al considerar que en México ''somos testigos que frecuentemente hay cambios en los mandos, expulsión de miembros de las fuerzas policiacas, lo cual refleja que el problema no es fácil de resolver''.
Revisión senatorial a iniciativa sobre procuración de justicia
Por otra parte, el Senado de la República informó que revisará ''a fondo'' la iniciativa de reformas en materia de procuración de justicia que envió al Congreso el presidente Felipe Calderón, pero en ningún caso se permitirá restar facultades al Poder Judicial, como pretende alguna de las partes de la propuesta del Ejecutivo, advirtió el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer.
Destacó además que se buscará encontrar coincidencias entre las diversas alternativas que sobre este tema presentaron los partidos políticos representados en el Congreso, a efecto de incluirlas en el paquete de reformas que envió Calderón Hinojosa.
En entrevista, el legislador destacó que el punto de mayor controversia en los documentos del Ejecutivo federal tiene que ver con ampliar las facultades del Ministerio Público en temas como cateos, escuchas telefónicas y arraigos, actos que para su ejecución requieren de la aprobación de un juez, y cuyo trámite retrasa el combate contra la delincuencia.
González Alcocer insistió en que hay alternativas que presentaron los partidos políticos para realizar diversas reformas al sistema de justicia del país, que pueden equilibrar el papel del Ministerio Público y agilizar los trámites que dependen de los jueces.
Destacó que una de las intenciones del paquete enviado al Congreso por Felipe Calderón es crear un juzgado especial de distrito para agilizar las peticiones del MP en los tres temas mencionados, que son, además, puntos muy delicados en la administración de justicia.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado insistió en que por tratarse de temas delicados debe buscarse, en primera instancia, el acuerdo de las fuerzas políticas representadas en el Congreso sobre sus propias iniciativas, para incorporarlas luego al debate sobre las propuestas del Ejecutivo federal.
Para los legisladores, aseveró, el punto medular de este último documento es que prácticamente dependería de la entidad persecutora del delito la decisión de intervenir llamadas telefónicas, determinar el momento de un cateo o aplicar arraigos, temas que, si bien resultan fundamentales para un mejor ataque al crimen organizado, no deben -a decir de las bancadas- ser facultad exclusiva del Ministerio Público.
En este sentido, dijo, debe encontrarse un equilibrio respecto del papel que desempeña el Poder Judicial, pues, insistió, no se trata de limitar facultades, sino de ser más efectivos en el combate a la delincuencia, aunque el propio presidente de la Comisión de Justicia reconoce las dificultades que enfrenta el MP por el retraso que representa tramitar una solicitud ante un juez para cualquiera de los tres escenarios.
Por ello, subrayó, se hace indispensable un análisis exhaustivo de las iniciativas sobre este tema, a efecto de agilizar los trámites sin dejar de lado la intervención de los jueces.
Ciro Pérez Silva