El gobernador podría salir beneficiado; señalar su responsabilidad es ya un logro: Cacho
La Corte analizará por separado a Marín y las omisiones en el combate a la pederastia
El análisis del proyecto de dictamen sobre el caso Lydia Cacho se estudiará "por cuerdas separadas", es decir, por un lado los ministros discutirán la presunta responsabilidad del gobernador de Puebla, Mario Marín, en la violación grave de las garantías individuales de la periodista y, por el otro, la actitud omisa de las autoridades federales, estatales y municipales, así como las de procuración y administración de justicia, por no combatir eficientemente las redes de pederastia y explotación sexual infantil.
Esta situación podría derivar en una votación diferenciada del proyecto elaborado por Juan N. Silva Meza, en la que, hasta el momento, el gobernador poblano resultaría beneficiado.
En tanto, funcionarios de la Corte confirmaron la constitucionalidad de la investigación realizada por el ministro Juan N. Silva Meza, quien señala a Marín como el responsable de la violación de garantías de Lydia Cacho, y precisaron que la intervención de los teléfonos del gobernador de Puebla se hizo conforme al artículo 21 constitucional y con la aprobación explícita de un juez federal.
Los funcionarios recordaron que la investigación del ministro se basó en la aplicación de los códigos de Procesos Penales y Civiles federales, lo que le permitió solicitar a un juzgado federal la autorización para interceptar las llamadas de Marín, en el periodo que va del 26 de abril al 11 de junio pasado.
Añadieron los entrevistados que el artículo 16 constitucional, párrafo noveno, establece: "las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.
"Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración".
Los entrevistados apuntaron que el citado artículo prohíbe la intervención telefónica cuando se trate de asuntos del tipo "electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo", y que en el caso de Mario Marín, la investigación del ministro Silva tiene que ver con el ámbito penal, porque se le acusa de estar involucrado en redes de pederastia y pornografía infantil.
Cabe señalar que en la discusión del pleno sobre el caso, que podría iniciar este mismo martes, trascendió que hay ministros que propondrán analizar el caso Marín y las redes de pederastia por separado. Y si bien el proyecto plantea que el gobernador encabezó una confabulación de autoridades judiciales y de procuración de justicia de Puebla y Quintana Roo en la violación grave de garantías a Lydia Cacho, lo cierto es que, hasta el momento, la mayoría del pleno no comparte esta opinión.
En cambio, en cuanto al asunto de la explotación infantil, hay mayor consenso en favor del planteamiento del proyecto que demanda a las autoridades de los tres niveles de gobierno adopten medidas concretas para enfrentar ese problema.
Por otra parte, la periodista Lydia Cacho estuvo ayer en la sesión del pleno con la esperanza de que la discusión del asunto iniciara; sin embargo, los ministros no terminaron de revisar una acción de inconstitucionalidad y se espera que sea este martes cuando la concluyan y se dé paso al asunto de la periodista.
Al ser entrevistada al término de la sesión, la autora del libro Los demonios del edén reconoció que, aun cuando la decisión del pleno pudiera favorecer a Marín, el hecho de que el proyecto de dictamen, basado en una seria investigación, denuncie la participación del gobernador de Puebla en la violación grave de sus garantías, es de por sí importante.
Asimismo criticó a la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, quien señaló que su partido defenderá a Marín hasta sus últimas consecuencias, aun cuando la Corte llegara a considerar que es responsable de la violación grave de garantías. "Beatriz Paredes dejó su feminismo en algún bote de la basura al llegar al alto poder del PRI", indicó.
Señaló que el hecho de que Kamel Nacif se haya amparado para no declarar ante la comisión investigadora de la Corte "nos muestra que hay miedo a la verdadera justicia del país", y añadió que es importante que los ministros reconozcan en su investigación que en Quintana Roo, mientras la Fiscalía de Delitos contra Menores dice que el año pasado hubo 800 casos de abuso de menores, en los que se puede implicar la pornografía y trata de menores, el procurador estatal, Bello Melchor Rodríguez, declara que solamente hay dos o tres casos. "Nos está diciendo que hay colusión de servidores públicos para proteger a los pederastas".
También acudieron a la sesión de ayer los abogados de Mario Marín, Fabián Aguinaco -hijo del ex presidente de la Suprema Corte José Vicente Aguinaco Alemán- y Alonso Aguilar Zinser, quienes son conocidos por pertenecer a despachos que cobran bastante bien por la prestación de sus servicios.
Por cierto, hace una semanas la defensa de Marín le aconsejó a éste que únicamente rindiera su declaración por escrito cuando se entrevistó con Juan N. Silva Meza en la sede de la Suprema Corte, y que se negara a responder al cuestionario que tenía preparado el ministro.