La reforma de Calderón ataca el empleo, opina Guerra
Ingresos por $100 mil millones si se abate la evasión: Werner
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados inició la discusión pública del paquete fiscal enviado por el Ejecutivo federal, y en el encuentro el subsecretario del ramo, Alejandro Werner, sostuvo que de abatirse la evasión y la elusión fiscales se obtendrían ingresos adicionales por cien mil millones de pesos.
No obstante, tras la exposición del funcionario, Juan Guerra Ochoa, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), adujo que parte de las propuestas gubernamentales constituyen ''un ataque al empleo, en el caso de la pequeña y la mediana empresas, porque éstas son las que generan el mayor volumen de fuentes de trabajo en el país. No son las grandes corporaciones las que aportan el grueso del empleo. Y desgraciadamente los salarios están por debajo del mínimo que se requeriría para que fueran gravados''.
Para el legislador, la tasa de 13 por ciento obligará a las pequeñas y medianas empresas a pagar más CETU y en cambio a una corporación que puede estar reteniendo hasta 28 por ciento se le dará, como deducible, un subsidio que dejará aún baja su contribución. ''De por sí ya obliga a una doble contabilidad y todavía hacer los cálculos de todo este asunto. Se golpea a quienes tienen salario que no alcanzan a tributar y se les aplicará una carga adicional, lo cual no hace la contribución equitativa. Si el propósito es que sea mínimo o de control, tampoco se pueden abrir agujeros por donde la elusión pueda seguir teniendo lugar.''
Guerra Ochoa insistió en sustentar la tesis del PRD para que, en busca de la equidad fiscal, quien más gana más pague. Y dio el ejemplo de la impunidad fiscal que benefició a las empresas que cambian de propietario y que se validan en la banca con operaciones cruzadas; la más reconocida es la venta de Banamex, que no fue gravada.
La postura de Guerra fue secundada por su compañero Tonatiuh Bravo, quien insistió en advertir que las autoridades no han manifestado que sí se afectará el empleo, porque no previenen la doble tributación por CETU e IVA, y ''no se prevén medidas en aduanas, si el problema de la piratería es uno de los principales problemas de la economía''.
Por su parte, Antonio Soto, también diputado del PRD, exigió que la propuesta del Frente Amplio Progresista (FAP) sea discutida, que ''no sea una receta que se apruebe en automático. Es una iniciativa que debe revisarse. Tienen que contribuir los de mayores ingresos y ganancias para que esta reforma sea efectivamente equitativa, justa y progresiva. Hay ánimo del FAP de que entremos a un acuerdo donde todos cedamos y caminemos, para que haya más recursos y aporte quien obtenga más ingresos''.
Por su parte el subsecretario de Ingresos de Hacienda, Fernando Sánchez Ugarte, manifestó que el gobierno federal propone tres líneas de acreditamiento: crédito al salario, al empleo y el del impuesto sobre la renta (ISR) por retención de salarios. Están calibrados para que no haya ninguna afectación a la carga fiscal de los asalariados. ''Están calculados de tal forma que el fisco no recibirá ni un peso más por gravamen a los trabajadores''. Dijo que se busca proteger a los niveles de ingreso más bajo; para las pequeñas y medianas empresas el efecto será menor, porque son mayores generadoras de empleo. Lo que se busca es que el cumplimiento sea parejo para todos.
También el subsecretario de Egresos, Ernesto Cordero, señaló que sí habrá medidas de austeridad mediante un programa con indicadores y metas de la calidad de los servicios públicos y el gasto administrativo. ''El hecho de que se establezcan objetivos y metas y se reporte al Congreso, implica que no es un programa como cualquier otro. Un esquema parecido se establecerá con las paraestatales, mediante un convenio que permitirá dar seguimiento trimestral a las metas''.