Solicitan que intervenga Gobernación
Pobladores de San Isidro, pidieron a la Secretaría de Gobernación que intervenga en la solución de la discusión que por los bosques y reconocimiento de sus derechos como comuneros sostienen con San Miguel Aloápam, en Ixtlán de Juárez, Oaxaca.
Una comisión integrada por seis hombres aseguró que horas después del enfrentamiento que el pasado 18 de junio tuvieron con los habitantes de San Miguel, fue bloqueado el único camino de terracería de acceso a San Isidro, y por ello tuvieron que caminar 36 kilómetros desde su comunidad hasta entroncar con la carretera.
La situación es tensa, "desconocemos cuántas órdenes de aprehensión ha girado la procuraduría del estado de Oaxaca y contra quienes, aunque sabemos que además de los seis detenidos, el presidente municipal de San Miguel, Fidel Alejandro Cruz, también responsabiliza a Joaquín López Cruz, Pablo López Alavez y Marcelino Méndez Méndez de asesinato.
Aclararon que el enfrentamiento del pasado día 18 fue en el paraje boscoso Iyu Ziuni y no en el conocido como Cerro Nariz, como lo informaron las autoridades del gobierno de Oaxaca, y quienes agredieron con armas de fuego fueron los habitantes de San Miguel Aloápam. "El primero que sacó una pistola y disparó fue Fidel Alejandro Cruz; nosotros no fuimos armados al bosque, sólo nos defendimos", acotaron.
En enero de este año, la autoridad judicial reconoció derechos comunales para 111 personas de San Isidro Aloápam y resguardó para una decena más, lo que garantizó que ya pudieran acceder a la toma de decisiones en torno a la explotación forestal de la comunidad que tiene 13 mil 518 hectáreas, de las cuales la agencia municipal de San Isidro ha conservado -asentaron los campesinos- 5 mil 500 hectáreas.
Los comisionados de San Isidro aseguraron que no son paracaidistas ni se han apropiado ilegalmente de las tierras "como se ha difundido en el estado; hemos estado en la región desde antes de que se entregaran legalmente las tierras, pero por ineptitud de las autoridades agrarias quedamos fuera del reparto. Ahora ya ganamos el juicio para que nos reconocieran como comuneros pero el presidente municipal de San Miguel ni sus habitantes quieren aceptar la resolución judicial".
Los comisionados, entre ellos el padre de Juana Morales Pérez, esperaban que la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca ya tuviera una respuesta a su petición de investigar lo ocurrido el pasado 18 de junio, y comentaron que acudirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para pedir su intervención, ya que los seis detenidos fueron torturados y golpeados durante su detención y hasta tres días después el Ministerio Público, en el penal de Etla, les tomó la declaración.