Reforma fiscal y participación legislativa
Más allá del contenido específico de la reforma propuesta por el Ejecutivo federal, resulta urgente discutir lo que la izquierda electoral está haciendo en el Congreso de la Unión. El PRD y sus aliados tienen el mayor contingente de diputados y de senadores de su historia como resultado de una votación copiosa que expresó la inserción de esa opción entre los electores y el reconocimiento de la pertinencia de sus planteos programáticos. Los candidatos de esos partidos recibieron casi la tercera parte de los votos emitidos por los ciudadanos. Esos votos tenían una finalidad: impulsar en las respectivas cámaras las propuestas de la Coalición por el Bien de Todos, lo que implicaba una enorme responsabilidad.
Sabemos lo que ocurrió en la elección presidencial. Ello, sin embargo, no obliga a renunciar a cumplir con el objetivo que los electores encomendaron a sus legisladores. Ese objetivo incluía que el Estado mexicano propusiese una reforma fiscal que le permitiera recaudar recursos adicionales que, por supuesto, tendrían que dedicarse a financiar proyectos de inversión que aminorasen los cuantiosos déficit sociales. La situación nacional en materia recaudatoria es alarmante: en 2006 los ingresos tributarios como proporción del PIB fueron de 9.7 por ciento, de ellos 4.9 puntos provinieron del ISR, 4.1 puntos del IVA y 0.7 puntos de los otros impuestos federales (básicamente a la importación y el impuesto especial sobre productos y servicios).
La recaudación en otros países es mucho mayor: en España, la recaudación al ingreso y a las utilidades, equivalente al ISR, fue en 2005 de 10.6 puntos del PIB; en Corea, de 7.5 puntos; en Canadá y Estados Unidos de 16 y 12.5 puntos, respectivamente. El gobierno federal estaba obligado a proponer una reforma fiscal. Entregar la propuesta implica cumplir con un reclamo nacional. Ello no quiere decir que se acepte que esa propuesta sea adecuada. Sin embargo, puede y debe discutirse.
Los legisladores debieran partir, en primer lugar, no de valorar cuál es la reforma deseable, sino cuál es posible, dada las condiciones políticas. Después, defender la situación de los asalariados que pagan impuestos, y que lo hacen con un mecanismo cuya progresividad es muy rápida, provocando que niveles salariales modestos paguen tasas similares a las de los grandes contribuyentes.
Consecuentemente, el centro de la propuesta debiera estar en lo que pagan las empresas, buscando homologar la situación con la de los socios comerciales. Un buen ejemplo es la proporción de las utilidades que paga el BBV en México y en España, que explican el hecho de que la filial mexicana sea la más rentable.
Otro asunto relevante es la evasión y la elusión fiscal, que, según un estudio reciente (J. L. Calva [coord.], "Finanzas públicas para el desarrollo", Volumen 5 de la Agenda para el desarrollo), llega a 57 por ciento del ISR y a 50 por ciento del IVA. De modo que plantearse gravar a las empresas con un nuevo impuesto no parece inconveniente. De hecho, el equipo de López Obrador ha denunciado que grandes empresas pagan cantidades irrisorias, derivado de procedimientos de devolución de impuestos que el órgano recaudador les acepta. El impuesto de tasa única parece, en principio, orientarse en el sentido correcto. Lo mismo puede decirse del gravamen a los depósitos en efectivo. Evidentemente, haría falta más: suprimir los regímenes especiales, gravar las operaciones en la Bolsa. La propuesta entregada es claramente insuficiente. Pero generaría recursos adicionales que hacen falta.
El PRD debe pugnar por que los ingresos adicionales que se logren recaudar tengan un destino claramente establecido de modo que sirvan para recuperar una dinámica económica que el propio gobierno federal ha considerado conseguible hasta 2012. No lo logrará si persiste en la idea de que discutir las propuestas gubernamentales equivale a ser colaboracionista.
La construcción de una opción política que pueda constituirse de nueva cuenta en una alternativa electoral relevante pasa por ir construyendo desde ahora lo que se propone. Esto puede realizarse en las entidades que se gobiernan, legislando a favor de las mayorías en los congresos locales donde se cuente con un número significativo de legisladores y en el Congreso de la Unión. Así se estarían honrando los votos recibidos y se estaría en condiciones de plantearse la construcción de un país diferente.