Consideró inexistentes los cargos presentados por la procuraduría de Oaxaca
Confirma tribunal federal amparo contra formal prisión a 93 appistas
Comité de desaparecidos descarta que se atienda llamado de Ulises Ruiz a denunciar abusos
Oaxaca, Oax., 28 de junio. El tribunal colegiado del décimo tercer circuito del Poder Judicial Federal confirmó la sentencia de amparo otorgada contra el auto de formal prisión dictado por la justicia local a 93 simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), detenidos el 25 de noviembre pasado por el supuesto delito de asociación delictuosa, después de enfrentarse con la Policía Federal Preventiva (PFP) en el Centro Histórico de esta capital.
"Esta decisión evidencia el uso faccioso del sistema de procuración y administración de justicia, para criminalizar la protesta social", afirmó el abogado de la filial Oaxaca de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Isaac Torres Carmona.
El asesor jurídico dijo que el tribunal colegiado ratificó la sentencia de amparo en los juicios 38/2007 y 40/2007, desahogados por el juzgado tercero de distrito el 18 de abril pasado, por considerar inexistentes los cargos y las acusaciones que presentó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), así como el auto de formal prisión decretado por el juzgado mixto de primera instancia, en Tlacolula de Matamoros.
Añadió que se comprobó jurídicamente que "no existe el delito de asociación delictuosa imputado a los detenidos, pues la procuraduría no demostró que los inculpados se hayan organizado por medio de mandos jerárquicos y que tuvieran como objeto o fin delinquir".
Además, el juzgado mixto de primera instancia, de Tlacolula "no justificó legalmente ser competente para conocer del asunto", porque los hechos ocurrieron en el distrito judicial de Oaxaca de Juárez.
Torres Carmona dijo que con la resolución del tribunal colegiado, 93 simpatizantes del movimiento popular, quienes gozan de libertad bajo caución, "quedan exentos de las obligaciones procesales a que estaban sujetos, de manera ilegal y arbitraria".
Por su parte, el Comité de Familiares de Asesinados, Desaparecidos y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadappo) descartó que algunos de los excarcelados atiendan la convocatoria de la PGJE, y así "participen en la farsa" de presentar alguna denuncia por su detención ilegal, tortura y procesamiento injustificado.
"Esto no es más que una burla descarada y cínica del tirano (el gobernador Ulises Ruiz Ortiz), porque ahora resulta que nos invita a acusarlo, y seguramente en forma imparcial se va a juzgar a sí mismo y a condenar apegado a derecho", afirmó el coordinador del Cofadappo, Ernesto Méndez. "No tenemos que negociar nada con él ni con sus asesinos. Somos inocentes; los afectados somos nosotros y nuestras familias, y no podemos negociar con quien nos golpeó y nos privó de la libertad injustificadamente", insistió.
Méndez dijo que "en vez de estar tratando de lavarse la cara, Ruiz Ortiz mejor debería enfrentar el juicio popular y aceptar ser recluido en cualquiera de los penales federales de San José del Rincón, Nayarit, y del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México".